China como nuevo mercado: los costos ocultos de una expansión piñera descontrolada en Costa Ric

Por Mauricio Álvarez Mora 

La expansión del monocultivo de piña en Costa Rica ha sido presentada durante años como un motor de crecimiento económico y generación de empleo. Sin embargo, nuevos datos provenientes del estudio “Monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos” (MOCUPP) obligan a replantear esta narrativa. Lo que emerge no es solo un problema ambiental, sino también un modelo económico profundamente desequilibrado, cuyos costos reales están siendo asumidos por el país, sus ecosistemas y sus comunidades.

Uno de los hallazgos más reveladores del MOCUPP es la magnitud de la expansión piñera. Mientras el Censo Agrícola de 2015 reportaba 37.659,9 hectáreas sembradas, el monitoreo basado en sistemas de información geográfica identificó un total de 58.442 hectáreas. La diferencia, cercana a 20.000 hectáreas, evidencia una falta de control institucional alarmante sobre el uso del territorio. En términos simples, el Estado no sabe con precisión cuánta piña se produce, dónde ni bajo qué condiciones.

Este descontrol no es inocuo. La expansión piñera ha estado directamente asociada a procesos de deforestación que debilitan los compromisos climáticos del país. Según estimaciones basadas en datos de fijación de carbono de bosques secundarios reportados por la EARTH, Costa Rica ha perdido la capacidad de capturar aproximadamente 83.000 toneladas de CO₂ al año debido a la eliminación de cobertura forestal para dar paso a estos cultivos. Esto equivale al 8,5% de las emisiones industriales reportadas, lo que convierte a la piña en un factor que retrasa activamente las metas de carbono neutralidad.

A este impacto climático se suma un costo económico considerable. El propio Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), citado por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, estima que la pérdida de bosque tiene un valor de 20 millones de colones por hectárea. Si se distribuye en un periodo de recuperación de 20 años, esto representa un millón anual por hectárea perdida. Aplicado a las más de 5.500 hectáreas deforestadas, el país pierde más de 5.500 millones de colones al año solo en cobertura boscosa.

El daño no termina ahí. Si se consideran los pagos por servicios ambientales que deja de percibir el país según datos de FONAFIFO, la erosión del suelo estimada por el PNUD y los costos asociados a la contaminación del agua, como el caso documentado en comunidades de Siquirres donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados invirtió más de 2.226 millones de colones en infraestructura y cerca de 7 millones de dólares en abastecimiento por cisternas durante más de una década, el costo total anual de la industria piñera asciende a aproximadamente 7.668 millones de colones.

Este dato es especialmente crítico cuando se contrasta con los beneficios económicos directos que genera el sector, estimados en apenas 1.000 millones de colones anuales. En otras palabras, el país está asumiendo costos mucho mayores que los beneficios que recibe de esta actividad.

A pesar de este panorama, la industria no se contrae. Por el contrario, busca expandirse hacia nuevos mercados, como China, donde las exigencias ambientales y sociales son menores o inexistentes. Esta estrategia plantea un riesgo adicional, ya que puede consolidar un modelo productivo basado en la reducción de estándares, profundizando impactos como la contaminación por agroquímicos, la precarización laboral y el acaparamiento de tierras.

Más allá de los números, lo que está en juego es el tipo de desarrollo que Costa Rica está dispuesta a sostener. La expansión piñera no solo desplaza cultivos tradicionales vinculados a la soberanía alimentaria, sino que también redefine territorios completos en función de intereses agroexportadores. Comunidades campesinas e indígenas enfrentan pérdida de tierras, acceso limitado al agua y un deterioro progresivo de su calidad de vida.

El país se encuentra ante una encrucijada. Continuar por esta ruta implica aceptar un modelo que sacrifica bienes comunes y derechos colectivos en nombre de una rentabilidad cuestionable. Alternativamente, podría abrirse un debate serio sobre los límites del monocultivo, la necesidad de una regulación efectiva y la urgencia de transitar hacia sistemas productivos más sostenibles y equitativos.

Los datos están sobre la mesa. La discusión ya no es técnica, sino política.