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Por Mauricio Álvarez Mora.
En Costa Rica se suele justificar la extracción de materiales de ríos y quebradas bajo el discurso del desarrollo y la “conveniencia nacional”. Arena y piedra para carreteras, puentes o infraestructura pública aparecen como necesidades inevitables para el crecimiento económico del país. Sin embargo, pocas veces se pregunta quién asume realmente los costos ambientales y sociales de esta actividad.
Las comunidades de Puntarenas y Guatuso llevan años denunciando que la minería de cauces está deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida local. Mientras las empresas obtienen concesiones por décadas para extraer materiales, las poblaciones vecinas enfrentan disminución de caudales, pérdida de biodiversidad, afectaciones a la pesca artesanal, daños en manglares y deterioro de espacios comunitarios históricamente vinculados a los ríos.
El problema no es únicamente la extracción en sí, sino el modelo bajo el cual se realiza. Las concesiones mineras sobre cauces públicos pueden extenderse durante décadas y los mecanismos de control ambiental suelen funcionar más como trámites administrativos que como verdaderas herramientas de protección ecológica. En muchos casos ni siquiera existen evaluaciones integrales sobre el estado de los ríos antes y después de las concesiones.
La situación denunciada en los ríos Guacimal, Lagarto y Río Frío revela una institucionalidad incapaz o poco dispuesta a fiscalizar adecuadamente la actividad extractiva. Las comunidades describen ríos cada vez más sedimentados, con menos agua y con impactos directos sobre economías locales que dependen de la pesca, el turismo o la agricultura.
En Guatuso, además, la contradicción es evidente. Costa Rica promueve internacionalmente el valor ecológico del Humedal de Caño Negro, reconocido como sitio RAMSAR, mientras permite actividades extractivas que amenazan uno de sus principales afluentes. Resulta difícil sostener un discurso de conservación cuando los ecosistemas continúan siendo sacrificados en nombre del negocio y la infraestructura.
Las denuncias comunitarias también cuestionan algo más profundo: la concentración de beneficios y la distribución desigual de los impactos. Mientras grandes empresas constructoras obtienen ganancias millonarias, las comunidades locales cargan con la degradación ambiental y la pérdida de bienes comunes esenciales como el agua y los ríos.
Por eso las propuestas impulsadas por organizaciones comunitarias son relevantes. Exigir consultas directas a comunidades, participación de ASADAS, auditorías ambientales y criterios científicos para evaluar la capacidad ecológica de los ríos no parece una medida radical; parece apenas sentido común.
También resulta legítimo cuestionar por qué empresas investigadas por corrupción o violaciones de derechos continúan recibiendo concesiones sobre bienes públicos estratégicos. La discusión sobre minería de cauces no puede reducirse únicamente a permisos técnicos o necesidades constructivas; es también una discusión ética y política sobre el modelo de desarrollo que el país está dispuesto a sostener.
Costa Rica enfrenta una contradicción cada vez más evidente: se presenta al mundo como líder ambiental mientras muchos de sus ríos son tratados únicamente como fuentes de materiales para alimentar proyectos de infraestructura y expansión económica.
La verdadera pregunta no es si la minería de ríos genera desarrollo. La pregunta es desarrollo para quién, a costa de qué territorios y bajo cuáles límites ecológicos.
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