Mientras Costa Rica proyecta internacionalmente una imagen de democracia respetuosa de los derechos humanos, miles de personas indígenas transfronterizas viven en condiciones de exclusión que revelan profundas formas de racismo estructural. La situación que enfrentan los Ngäbe Buglé no es un problema aislado ni accidental: es el resultado de décadas de invisibilización institucional y de políticas estatales incapaces de reconocer plenamente la diversidad cultural y territorial de los pueblos indígenas.
Aunque en 2019 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), el reconocimiento formal no ha significado necesariamente el acceso efectivo a derechos. Muchas personas Ngäbe continúan sin cédula y, por tanto, sin acceso pleno a servicios de salud, becas educativas, programas sociales, vivienda o empleo digno.
La situación golpea especialmente a las mujeres y a la niñez. En la práctica, la falta de documentación sigue funcionando como un mecanismo de exclusión cotidiana que limita oportunidades y profundiza ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
Sin embargo, el problema va mucho más allá del reconocimiento jurídico. Lo que las comunidades Ngäbe están reclamando no es únicamente un documento de identidad, sino el derecho a existir con dignidad, conservar su cultura y vivir en un territorio donde puedan desarrollar sus formas tradicionales de convivencia sin miedo al desplazamiento o al despojo.
Las palabras de líderes comunitarios evidencian una realidad alarmante. Don Eusebio Julián, de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), resume el problema con claridad: las comunidades no pueden cultivar, sembrar ni realizar plenamente sus actividades culturales debido a las condiciones de vulnerabilidad territorial que enfrentan. Su exigencia de que Costa Rica cumpla el Convenio 169 de la OIT no es una petición extraordinaria; es simplemente la demanda de que el Estado respete compromisos internacionales ya ratificados.
La situación laboral tampoco puede desvincularse de esta problemática. Miles de personas Ngäbe viven en tierras controladas por empresas bananeras y enfrentan desde hace años conflictos relacionados con condiciones laborales, vivienda y prestaciones incumplidas. Los testimonios sobre desalojos de familias y niños muestran cómo la precariedad laboral se mezcla con la inseguridad habitacional y la ausencia de protección estatal.
Las palabras de Eulalia Thomas, integrante de la organización de mujeres Meri Dirikä, reflejan con crudeza esta situación: familias enteras son expulsadas cuando las fincas cambian de dueño, mientras las instituciones públicas permanecen ausentes. Lo más grave es que estas dinámicas de exclusión terminan normalizándose socialmente, como si la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas fuera parte inevitable del paisaje bananero del Caribe Sur.
Costa Rica suele celebrar su multiculturalidad, pero continúa tratando a muchos pueblos indígenas como poblaciones periféricas, toleradas únicamente mientras no cuestionen las estructuras económicas y territoriales dominantes. La discriminación que denuncian los Ngäbe Buglé no siempre adopta formas abiertas o explícitas; muchas veces se manifiesta en la indiferencia institucional, en la lentitud burocrática, en la falta de acceso a derechos o en la ausencia de políticas públicas culturalmente adecuadas.
La reciente reunión entre representantes Ngäbe y autoridades del gobierno, incluido el viceministro de Paz, abre una posibilidad de diálogo. Sin embargo, las comunidades indígenas han escuchado promesas durante décadas. El verdadero desafío no es visitar territorios o recibir cartas en Casa Presidencial, sino transformar las condiciones estructurales que producen exclusión y desigualdad.
Reconocer plenamente los derechos del pueblo Ngäbe Buglé implica entender que no se trata únicamente de asistencia social o de resolver trámites administrativos. Se trata de cuestionar un modelo histórico que ha relegado a los pueblos indígenas a condiciones de vulnerabilidad mientras otros sectores se benefician económicamente de sus territorios y de su fuerza de trabajo.
La deuda con los pueblos indígenas no se salda con discursos conmemorativos una vez al año. Se salda garantizando derechos, respetando territorios, combatiendo el racismo estructural y construyendo un país donde ninguna persona tenga que luchar durante décadas para que se reconozca su humanidad y su dignidad.
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