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Por Mauricio Álvarez Mora , docente de la Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR, IDELA-UNA
Resumen
Costa Rica enfrenta un incremento en los actos de criminalización, hostigamiento y violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, a pesar de su reputación internacional como país pacífico y respetuoso de estos derechos. Este artículo analiza el proyecto de ley expediente N.° 23.588, que busca establecer un marco legal para su reconocimiento y protección. Mediante un enfoque crítico, se revisan antecedentes relevantes, conceptualizaciones clave sobre la criminalización, estadísticas de agresiones y propuestas legislativas complementarias. Se plantean recomendaciones para el fortalecimiento del proyecto, incluyendo el reconocimiento del rol histórico de acogida del país, la creación de una comisión investigadora y la implementación de políticas públicas más integrales.
Palabras clave:
Criminalización, derechos humanos, defensores ambientales, Costa Rica, violencia estructural, pueblos indígenas, legislación.
Introducción
Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente como un país comprometido con los derechos humanos y el ambiente. Sin embargo, esta imagen convive con una realidad compleja de hostigamiento y violencia contra quienes defienden estos derechos. El proyecto de ley “Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente” (Expediente N.° 23.588) representa una iniciativa legislativa que busca enfrentar esta problemática. Este artículo analiza críticamente su contenido y alcance, en diálogo con otras propuestas legales, estudios recientes y testimonios de organizaciones defensoras.
Una ley necesaria, pero perfectible.
La exposición de motivos del proyecto de ley se inspira en la “Ley Modelo para el Reconocimiento y la Protección de las personas defensoras de Derechos Humanos” elaborada en 2016. Sin embargo, resulta imprescindible que se incluya una referencia clara a esta fuente, así como información sobre su proceso de elaboración. ¿Participaron personas defensoras o pueblos indígenas? En caso afirmativo, se debe evidenciar cómo se garantizó la consulta, conforme al Convenio 169 de la OIT. En Costa Rica, donde muchas luchas en defensa del ambiente y los derechos culturales son lideradas por comunidades indígenas, es necesario incorporar mecanismos formales de consulta y validación con estas organizaciones.
Para contextualizar el análisis de la criminalización, es fundamental conocer el trabajo investigativo realizado sobre el tema, así como las principales definiciones y alcances del fenómeno, que a continuación se puntualizan.
De acuerdo con Alvarado (2019), el concepto de criminalización de la protesta ha sido adoptado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como por organizaciones sociales y movimientos, para referirse a un conjunto de estrategias utilizadas por actores estatales y no estatales con el fin de intimidar, inhibir y deslegitimar luchas sociales.
Según este autor, la criminalización constituye un fenómeno multidimensional que articula estrategias políticas, jurídicas y mediáticas dentro de los denominados conflictos socioambientales. En el caso de América Latina, una de las expresiones más graves de este fenómeno es el asesinato de personas defensoras, haciendo de la región la más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Esta trágica realidad ha sido documentada por organizaciones como Global Witness y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta perspectiva es ampliada por Álvarez et al. (2020):
"La criminalización se puede definir como un proceso de acciones y estrategias ejecutadas por instancias estatales y privadas que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales. Estas pueden manifestarse desde prejuicios sutiles hasta complejos dispositivos mediáticos y jurídico-políticos."
El estudio "Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica" documenta 94 hechos de violencia, distribuidos en 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 activistas judicializados por defender el ambiente y los derechos comunitarios. Asimismo, se registran al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a viviendas o locales, y 21 amenazas de muerte. Estos hechos han resultado en el asesinato de 13 defensores ambientales entre 1975 y 2020, la mayoría de los cuales aún permanecen en la impunidad.
Criminalización como un ciclo de violencia
La investigación plantea que existe un "ciclo de violencia contra activistas" que inicia con la estigmatización, donde las personas defensoras son descalificadas como opositoras al desarrollo o etiquetadas de manera peyorativa. Esta deslegitimación puede derivar en judicialización, amenazas o acoso, y cuando estas medidas no detienen la lucha, se recurre a ataques físicos o incluso al asesinato.
Nota: La figura representa el ciclo de la violencia socioambiental. Tomado de Álvarez et al. (2020, p. 10).
Aunque este ciclo no es necesariamente lineal, ha sido conceptualizado y documentado por múltiples activistas.
Frente a esta realidad, diversas organizaciones ecologistas y de derechos humanos impulsaron la creación de una comisión investigadora. El experto independiente de la ONU en derechos humanos y ambiente, John Knox, acogió esta propuesta, y en sus recomendaciones de 2014 expresó:
"En lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica intensificar sus esfuerzos no solo para responder a las amenazas y actos de violencia, sino también para prevenir las condiciones que las generan. Sugiere considerar seriamente la creación de una comisión con representación amplia, que analice la historia y situación actual de los defensores ambientales y formule recomendaciones para mejorar su protección" (Knox, 2014).
Knox también señaló que:
"Costa Rica, como país con liderazgo ambiental y en derechos humanos, y con una institucionalidad sólida y tradición democrática, debería ver en esta propuesta una oportunidad para esclarecer los hechos de violencia contra ambientalistas." (Knox, 2014).
Criminalización y conflicto socioambiental
La criminalización de defensoras y defensores del ambiente está íntimamente ligada al aumento de los conflictos socioambientales, que surgen de la desigual distribución del acceso a los bienes naturales, su agotamiento y la expansión de las fronteras extractivas que dominan la ecolonomía. Estas disputas suelen expresarse en acciones colectivas impulsadas por comunidades y organizaciones que buscan visibilizar sus problemáticas, demandas y propuestas.
No obstante, muchas de estas acciones son ignoradas por los medios de comunicación tradicionales, lo que genera un importante subregistro. Según el Informe del Estado de la Nación 2017 y la Base de Datos de Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica, entre 2012 y 2021 las acciones colectivas sobre temas ambientales alcanzaron niveles históricamente altos. En 2016, representaron el 15,8% del total de protestas, y en 2021 se registraron 123 acciones.
El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del IIS (OCAC-IIS) registra acciones directamente desde las organizaciones de base y medios alternativos. Según este observatorio, se documentaron 431 y 406 acciones colectivas en 2020 y 2021 respectivamente, y 291 en 2022. Destacan las luchas territoriales de los pueblos originarios, particularmente por la recuperación de sus territorios. De las acciones registradas en 2022, 127 estuvieron relacionadas con demandas indígenas, de las cuales 45 denunciaron amenazas directas, ataques armados, incendios y tentativas de homicidio (Surcos, 2023).
Los Informes sobre agresiones a los pueblos originarios en la zona sur de Costa Rica de 2020 y 2021 documentan 86 y 63 incidentes de seguridad, respectivamente. En estos casos, 17 líderes y lideresas han sido amenazados de muerte, evidenciando una violencia estructural que continúa mayoritariamente impune —con la excepción del caso juzgado de Jehry Rivera— lo que fomenta la continuidad de estas agresiones.
Propuestas legislativas complementarias
Además de la propuesta de crear una comisión de investigación y esclarecimiento de la violencia contra personas defensoras del ambiente, las organizaciones socioambientales han solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley expediente N.° 21.528. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica de quienes se dedican a la protección de la naturaleza, mediante una reforma a la Ley N.° 1594, “Ley a favor de la protección de activistas de los derechos humanos”.
La reforma contempla penas de prisión de entre 20 y 35 años para quien asesine a una persona defensora de derechos humanos y ambientales, así como penas de 4 a 10 años para quien prive de libertad a estas personas. Esta propuesta se sustenta en los principios y obligaciones internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado costarricense mediante la ratificación de instrumentos del Derecho Internacional Público.
Por otra parte, otro proyecto de ley, presentado en legislaturas anteriores por la fracción del Frente Amplio, propone una reforma al Código Penal para que los delitos contra el honor pasen a ser tratados como faltas civiles. Esta modificación permitiría que dichos casos se resuelvan en la jurisdicción civil, en lugar de la penal, reduciendo así el uso indebido de denuncias penales como instrumento de intimidación y silenciamiento hacia defensores ambientales y territoriales.
Este tipo de demandas ha sido utilizado reiteradamente por empresas o particulares contra personas y colectivos que alzan la voz frente a proyectos extractivos o conflictos ambientales. Como se expone en el cuadro 4 del libro de Álvarez et al. (2020, p. 63), esta práctica ha afectado a comunidades enteras, así como a regidores, docentes, periodistas y activistas, quienes enfrentan procesos judiciales sin sustento real, pero con consecuencias graves para su labor.
La penalización del discurso y la protesta, a través del uso de figuras como “difamación” o “calumnias”, sigue siendo una forma efectiva de desmovilizar y obstaculizar la defensa de los territorios. El proceso penal representa un camino altamente especializado y costoso, que muchas veces resulta inaccesible para quienes ejercen su derecho a la participación y la denuncia pública.
Costa Rica como refugio para defensoras y defensores
Costa Rica ha realizado un aporte significativo en materia de asilo político en América Latina, especialmente durante las décadas marcadas por dictaduras y guerras civiles. Este compromiso histórico, respaldado tanto por el Estado como por la sociedad civil, ha sido uno de los pilares del prestigio y liderazgo del país en el ámbito de los derechos humanos.
Hoy, aunque han disminuido los conflictos armados abiertos, el aumento de conflictos socioambientales y territoriales ha reactivado mecanismos de protección y refugio, posicionando nuevamente a Costa Rica como un país receptor para personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
Entre las iniciativas actuales destaca Shelter City – Costa Rica, un programa impulsado por la Fundación Acceso, que ofrece refugio temporal a personas defensoras provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Estas personas, en situación de riesgo por su labor, reciben acompañamiento en una casa de acogida, donde permanecen durante un período de hasta tres meses. Durante su estancia, se desarrollan procesos de formación, autocuidado, intercambio y fortalecimiento de capacidades.
Esta iniciativa cuenta con un convenio con el Gobierno de la República de Costa Rica y ha sido declarada de interés público nacional. Además, dispone de un protocolo con la Dirección General de Migración y Extranjería, que otorga un permiso especial denominado “Mecanismo de Protección Temporal”, único en el ámbito internacional, para quienes participan en Shelter City Costa Rica.
Otra propuesta relevante es el proyecto Casa DEI, del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), que desde 2020 brinda acompañamiento psicosocial a personas defensoras de derechos humanos de América Latina. Este espacio seguro ha sido fundamental para quienes, debido a su labor, enfrentan situaciones de alto riesgo y requieren una pausa temporal para proteger su integridad física y emocional.
Recomendaciones para fortalecer el proyecto de ley:
- Ampliar la exposición de motivos, incorporando referencias a la Ley Modelo y antecedentes documentados sobre criminalización.
- Reconocer el rol histórico de acogida de Costa Rica, incluyendo a iniciativas como Shelter City y Casa DEI en los mecanismos estatales de protección.
- Crear una comisión de la verdad que documente casos históricos de violencia contra personas defensoras y proponga reparaciones.
- Establecer un reconocimiento público periódico, como premios o distinciones, para visibilizar y valorar el trabajo de personas defensoras.
- Garantizar la participación de pueblos indígenas en la implementación y evaluación de la ley, conforme al Convenio 169.
Conclusiones
El expediente N.° 23.588 representa un paso significativo hacia la protección de las personas defensoras en Costa Rica. No obstante, para que este proyecto sea efectivo, debe incorporar un enfoque más integral, participativo y contextualizado. La protección legal no debe limitarse al reconocimiento simbólico, sino que debe traducirse en mecanismos reales de seguridad, reparación y prevención. En un país que se precia de su compromiso con la paz, los derechos humanos y el ambiente, es momento de garantizar que sus defensoras y defensores no vivan en riesgo.
La historia reciente muestra que no basta con reconocer formalmente a las personas defensoras: es urgente garantizar su seguridad, su labor y su dignidad mediante instrumentos legales eficaces y políticas públicas coherentes.
Referencias
Alvara do Alcázar, Alejandro. (2020). "La criminalización de la protesta social: Un estado de lacuestión." Revista Rupturas, 10 (1) 25-43. Consultado en: https://www.scielo.sa.cr/pdf/rup/v10n1/2215-2989-rup-10-01-25.pdf
Álvarez Mora, Mauricio, Casa Mora, Alicia & Pomareda García, Fabiola (compiladora). (2020). Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del m movimiento ecologista en Costa Rica/San José, Costa Rica: Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON).
Decimoséptimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. CONARE. Consultado en: https://estadonacion.or.cr/
Global Witness. (2023). Standing firm: The Land and Environmental Defenders on the frontlines of the climate crisis. https://www.globalwitness.org
Knox, J. (2014) Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment,. A/ HRC/25/53/Add.1.General Assembly. Human Rights Council, 25 session.Consultado en : https://www.ohchr.org/
OCAC-IIS. (2023). Boletines de monitoreo de acciones colectivas 2012–2022. Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR.
Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). OIT.
Surcos. (2023). En 2022 registró 291 acciones colectivas en protección del ambiente y Derechos Humanos. Recuperado de https://surcosdigital.com/2022-registro-291-acciones-colectivas-en-proteccion-del-ambiente
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