La electricidad privada: un negocio que termina pagando todo el país

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Durante años se ha insistido en presentar la generación privada de electricidad como una solución eficiente, moderna y necesaria. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento su funcionamiento en Costa Rica, la realidad es otra. Más que una alternativa que beneficie al conjunto de la población, lo que se ha consolidado es un modelo que favorece a un grupo reducido de grandes empresarios, muchos de ellos vinculados a las élites políticas tradicionales.

Las leyes 7200 y 7508, que dieron origen a la generación y cogeneración privada, establecieron dos mecanismos claros. Por un lado, permitieron la construcción de plantas hidroeléctricas completamente privadas de menor escala. Por otro, abrieron la posibilidad de que empresas construyeran centrales, las operaran durante dos décadas o más y luego las transfirieran al Instituto Costarricense de Electricidad. En el papel, esto podía parecer un esquema razonable. En la práctica, ha resultado costoso, desigual y profundamente cuestionable.

Uno de los aspectos más problemáticos es la obligación que se le impuso al ICE de comprar toda la energía producida por estos generadores privados. Esta condición ha llevado incluso a situaciones absurdas, como subutilizar la capacidad instalada del propio instituto y desperdiciar agua de sus embalses, mientras se continúa pagando por electricidad privada más cara.

Ese costo lo asume directamente la ciudadanía. De cada mil colones que paga una familia por su consumo eléctrico, una parte significativa se destina a cubrir pagos a empresas privadas que, en conjunto, producen apenas una fracción de la electricidad nacional. A pesar de su menor aporte, el costo de esa energía resulta considerablemente más alto. Esto se debe, entre otras razones, a que el cálculo de las tarifas se ha vinculado al precio de la generación térmica, una de las formas más caras de producir electricidad. El resultado es evidente: el país paga más por menos.

Tampoco es menor el riesgo a futuro. Bajo el esquema de cogeneración, las plantas eventualmente pasan a manos del ICE después de haber sido explotadas durante 20 o 25 años. La pregunta que queda en el aire es en qué condiciones se reciben esas infraestructuras. Existe la posibilidad real de que el Estado termine asumiendo instalaciones desgastadas, que requieran inversiones elevadas para su mantenimiento o rehabilitación.

A esto se suma que varias de estas contrataciones han sido cuestionadas por instancias como la Contraloría General de la República, que ha señalado irregularidades y afectaciones al interés público. A pesar de estos señalamientos, las correcciones han sido limitadas o inexistentes, lo que deja una sensación de impunidad y de falta de voluntad política para atender el problema.

El impacto no es únicamente económico. La expansión de la generación privada también ha contribuido a debilitar al ICE, una institución clave para el desarrollo del país. Entre restricciones presupuestarias, decisiones políticas y obligaciones impuestas, se ha limitado su capacidad de inversión y planificación. Esto resulta paradójico, porque si se eliminaran muchas de estas ataduras, el instituto tendría condiciones suficientes para atender la demanda energética sin depender de actores privados.

En paralelo, la ausencia de una planificación integral en el uso del recurso hídrico ha generado conflictos en distintas regiones. Comunidades como las de Pérez Zeledón, Sarapiquí, Guácimo o San Ramón han visto cómo proyectos hidroeléctricos avanzan sin considerar adecuadamente sus impactos sociales y ambientales. En muchos casos, las decisiones se toman lejos de los territorios, mientras las consecuencias recaen directamente sobre quienes habitan esas zonas.

Todo esto lleva a una reflexión de fondo. El agua es un bien estratégico, esencial para la vida y el desarrollo. Permitir que su uso quede condicionado por intereses de lucro, con controles limitados y una débil planificación, implica riesgos que el país no debería asumir.

Más que un debate técnico, este es un tema profundamente político y ético. Se trata de decidir si el modelo energético debe responder al interés público o a la rentabilidad privada. También de reconocer que las decisiones tomadas hace décadas hoy muestran sus límites y sus costos.

Por eso, cada vez son más las voces que plantean la necesidad de revisar este esquema. No solo para corregir excesos, sino para replantear el rumbo. Esto incluye discutir la derogatoria de las leyes que dieron origen a este modelo, revisar los contratos que han sido señalados como lesivos y establecer una pausa en la expansión de la generación privada mientras no existan garantías claras de que responde al bienestar colectivo.

Lo que está en juego no es únicamente la tarifa eléctrica. Es la forma en que el país gestiona sus recursos, protege sus instituciones y define su futuro energético. Y en esa discusión, la ciudadanía tiene mucho más que pagar. Tiene derecho a decidir.