La justicia tardía también es violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes

Por Mauricio Álvarez Mora

Han pasado más de dos décadas desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a emitir sentencias históricas a favor de pueblos indígenas y negros en América Latina y el Caribe. Sin embargo, muchas de esas resoluciones continúan sin cumplirse. Mientras los expedientes duermen en oficinas estatales y organismos internacionales, en los territorios la violencia, el despojo y la impunidad siguen avanzando.

Esa fue una de las principales conclusiones del Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH, realizado el 18 y 19 de mayo de 2023 en la Universidad de Costa Rica, en San José. Representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de 12 países de América Latina y el Caribe se reunieron para denunciar que el incumplimiento sistemático de las sentencias no es un simple atraso burocrático: es una forma de prolongar la violencia histórica contra sus pueblos.

Las voces reunidas en el foro fueron claras y contundentes. Les preocupa profundamente la tardanza en la implementación de las sentencias, porque mientras estas no se ejecutan, aumentan los conflictos territoriales, se consolidan asentamientos ilegales y crece la permisividad estatal frente a actores económicos y políticos que invaden, explotan y violentan los territorios ancestrales.

El problema no es menor. Para muchos pueblos indígenas y afrodescendientes, el Sistema Interamericano representa la última posibilidad de acceso a la justicia. En numerosos países, los sistemas judiciales nacionales han ignorado durante décadas las demandas históricas por territorio, autonomía, protección cultural y derechos colectivos. Llegar ante la Corte IDH implica procesos largos, costosos y profundamente desgastantes para las comunidades. Sin embargo, incluso cuando se logra una sentencia favorable, esta frecuentemente queda archivada sin cumplimiento efectivo.

La consecuencia de esta inacción es devastadora. La falta de restitución de territorios ancestrales permite que continúe la ocupación ilegal, la extracción de recursos, los ataques contra personas defensoras y el debilitamiento de las estructuras comunitarias. Los Estados suelen limitarse al pago de indemnizaciones o a publicar las sentencias, mientras evitan cumplir las medidas estructurales más importantes: devolver territorios, garantizar autonomía o proteger efectivamente a las comunidades.

En otras palabras, la justicia se vuelve simbólica, pero no transformadora.

Además, las organizaciones participantes señalaron la ausencia de mecanismos coercitivos eficaces dentro del sistema internacional para obligar a los Estados a cumplir. Esta debilidad institucional termina beneficiando a gobiernos que administran el incumplimiento como parte de una estrategia política, mientras las comunidades continúan enfrentando amenazas, criminalización y violencia.

La denuncia también alcanzó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las personas participantes exigieron transparencia y rendición de cuentas sobre los criterios utilizados para definir los tiempos procesales de cada caso. Señalaron que existe una evidente mora procesal y una gran variabilidad en la atención de expedientes, lo que profundiza la incertidumbre y la desprotección.

Las intervenciones de líderes indígenas presentes en el foro evidenciaron además el profundo desgaste emocional y político que implica esperar justicia durante años o décadas.

Pablo Sibar, indígena Brörán, investigador comunitario de la UNED y parte del Proyecto Universidades y Pueblos Indígenas de CONARE, expresó la contradicción dolorosa que viven muchas comunidades: por un lado, la posibilidad de encontrarse, intercambiar experiencias y fortalecer luchas comunes; por otro, constatar que incluso las sentencias obtenidas tras años de esfuerzo siguen sin cumplirse.

Sus palabras reflejan la frustración de pueblos que, pese a acudir a la máxima instancia regional de derechos humanos, continúan esperando respuestas concretas. Recordó además que muchos procesos pasan años en la Comisión antes de llegar eventualmente a la Corte, mientras los conflictos territoriales continúan agravándose.

Por su parte, Doris Ríos, indígena Cabécar e investigadora comunitaria de la UNED, resumió una verdad incómoda para la región: muchos Estados latinoamericanos continúan siendo violentadores sistemáticos de derechos indígenas. Su reflexión deja una conclusión contundente: incluso con sentencias internacionales favorables, los derechos no se garantizan automáticamente. La lucha sigue dependiendo, en gran medida, de la organización y resistencia de los propios pueblos.

El foro, organizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), dejó en evidencia que el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH no es solamente un problema jurídico. Es un problema político, ético y profundamente humano. Cada sentencia incumplida representa territorios desprotegidos, culturas amenazadas y comunidades obligadas a resistir prácticamente solas.

La justicia internacional pierde legitimidad cuando sus resoluciones no transforman la realidad de quienes acudieron a ella buscando protección. Y mientras los Estados continúen postergando el cumplimiento de estas sentencias, la violencia estructural contra los pueblos indígenas y afrodescendientes seguirá reproduciéndose bajo nuevas formas.

Porque una sentencia que no se cumple no es justicia: es una promesa rota.

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