Por Mauricio Álvarez Mora.
Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en Costa Rica se movilizaron frente a la Embajada de Honduras en San José, como parte de una jornada urgente de solidaridad con el pueblo hondureño tras el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) denunciaron el golpe como un intento de frenar procesos de transformación social impulsados en Honduras. Según señalaron, la administración de Zelaya había abierto espacios de participación para sectores históricamente excluidos, enfrentando estructuras de poder concentradas en élites económicas.
Ambas organizaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional, en especial a los movimientos sindicales del continente, para movilizarse en defensa de la democracia hondureña y exigir la restitución del orden constitucional. Asimismo, alertaron sobre posibles represalias contra dirigentes sindicales y sociales en ese país, responsabilizando a los sectores golpistas por su integridad física.
Las organizaciones regionales agrupadas en redes como la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC) y la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral denunciaron una serie de violaciones a los derechos humanos en Honduras tras el golpe.
Entre los hechos señalados destacan la imposición de toques de queda, persecución a líderes sociales, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y el establecimiento de un cerco informativo que incluyó el cierre de medios de comunicación, cortes de energía y bloqueo de señales de radio, televisión e internet.
A pesar de estas condiciones, los movimientos sociales hondureños han mantenido la movilización en las calles, convocando incluso a un paro general en defensa de la democracia.
La movilización en Costa Rica forma parte de una respuesta más amplia en América Latina. Organizaciones como la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y diversas centrales sindicales y sociales expresaron su rechazo al golpe y su respaldo al pueblo hondureño.
En sus pronunciamientos, coinciden en señalar que la ruptura institucional representa una grave amenaza para la ya frágil democracia en la región, y advierten sobre el riesgo de un retroceso histórico hacia prácticas autoritarias.
Asimismo, se ha denunciado la posible injerencia de intereses externos y el papel de sectores económicos y militares en la ejecución del golpe, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia internacional activa.
Las organizaciones costarricenses también exhortaron al gobierno del presidente Óscar Arias Sánchez a asumir una postura firme y beligerante en el ámbito internacional, utilizando los mecanismos del sistema interamericano para condenar el golpe y contribuir a la restitución del orden democrático en Honduras.
En este contexto, la movilización frente a la embajada no solo expresó solidaridad, sino también una advertencia: lo ocurrido en Honduras no es un hecho aislado, sino una señal de alerta para toda Centroamérica.
Las consignas coreadas durante la manifestación reflejaron el sentir de las organizaciones convocantes: rechazo absoluto a la ruptura constitucional, defensa de los derechos humanos y respaldo a la resistencia del pueblo hondureño.
La jornada concluyó con un llamado a mantener la movilización y a fortalecer la articulación regional frente a cualquier intento de socavar la democracia en el continente.
Como señalaron varias de las organizaciones participantes, lo que está en juego en Honduras trasciende sus fronteras: es el derecho de los pueblos de América Latina a decidir su propio destino.
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