Bagua no está lejos: solidaridad y el derecho a resistir

Por Mauricio Álvarez Mora.

Las imágenes de decenas de manifestantes frente a la embajada del Perú en San José pueden parecer, para algunos, un gesto simbólico, casi lejano de la tragedia ocurrida en la Amazonía. Pero no lo son. Esa protesta, pequeña en número pero contundente en dignidad, nos recuerda que lo sucedido en Bagua no es un hecho aislado ni exclusivamente peruano. Es parte de un patrón que recorre América Latina: el choque entre modelos de desarrollo extractivo y los derechos de los pueblos originarios.

En junio de 2009, el conflicto en Bagua dejó más de treinta muertos tras el enfrentamiento entre fuerzas policiales y comunidades indígenas que defendían su territorio frente a una serie de decretos impulsados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Detrás de esos decretos no había solo reformas legales, sino una visión de país: una que prioriza la explotación de recursos naturales por encima de los derechos colectivos.

La respuesta del gobierno de Alan García fue, en esencia, criminalizar la protesta. Se habló de manipulación externa, de influencias extranjeras, de desinformación. Un discurso conocido. Cuando las comunidades se organizan y resisten, con frecuencia se les niega autonomía y se les convierte en piezas de un ajedrez geopolítico. Así se evita discutir lo esencial: el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios.

Frente a esa narrativa, las voces que se escucharon en San José resultan profundamente reveladoras. No eran solo consignas. Eran denuncias que apuntaban a una realidad más amplia: la histórica marginación de los pueblos indígenas, el desprecio por lo que algunos llaman el “Perú profundo”, y la persistente idea de que el desarrollo solo puede venir de la mano de la inversión transnacional.

Pero lo que está en juego es más que una disputa territorial. Es una confrontación de visiones. Por un lado, un modelo que entiende la Amazonía como un espacio de recursos por explotar; por otro, pueblos que la conciben como territorio de vida, cultura y espiritualidad. Reducir esa diferencia a un problema de “orden público” no solo es simplista, sino peligroso.

La protesta en Costa Rica también nos interpela como sociedad. No basta con mirar hacia afuera y solidarizarnos. La historia reciente de nuestro propio país muestra tensiones similares: conflictos por hidroeléctricas, por monocultivos, por el uso del agua y la tierra. La pregunta es inevitable: ¿qué tan lejos estamos realmente de Bagua?

La solidaridad internacional, como la expresada frente a la embajada peruana, cumple un papel fundamental. Rompe el aislamiento, visibiliza los conflictos y construye redes de apoyo. Pero también tiene un valor ético: nos recuerda que las luchas por la justicia ambiental y los derechos de los pueblos no reconocen fronteras.

En un mundo donde los tratados comerciales suelen imponerse sobre las comunidades, donde el lenguaje del “progreso” invisibiliza sus costos humanos y ambientales, estas manifestaciones son actos de memoria y de resistencia. Nos obligan a detenernos y a cuestionar qué tipo de desarrollo estamos dispuestos a aceptar.

Bagua no es un episodio cerrado. Es una advertencia. Y las voces que se alzaron en San José, aunque fueran pocas, nos recuerdan que todavía hay quienes están dispuestos a escucharla.