Cuando la tierra enferma: monocultivos, pandemia y la deuda con quienes sostienen el agro

Por Mauricio Álvarez Mora.

Hay momentos en que una crisis no solo irrumpe, sino que revela. La pandemia en Costa Rica, especialmente en las regiones Norte y Caribe, no hizo más que levantar el velo sobre una realidad que llevaba décadas gestándose en silencio: la profunda desigualdad que sostiene el modelo agroexportador.

En medio de lo que se llamó una segunda ola de contagios, los focos no aparecieron al azar. Surgieron allí donde el país ha decidido concentrar buena parte de su producción: en las fincas y plantas empacadoras de piña, yuca, naranja. Lugares donde el trabajo no se detiene, aunque el riesgo crezca. Lugares donde el cuerpo se vuelve herramienta, incluso cuando enferma.

Pero como suele ocurrir, la explicación más fácil fue también la más injusta. Se señaló a las personas migrantes. Se les responsabilizó, se les convirtió en chivo expiatorio de una situación mucho más compleja. Y con ello, se repitió un patrón conocido: culpar a quienes están en la base de la estructura, invisibilizando a quienes realmente la sostienen y se benefician de ella.

Porque la verdad es otra, aunque incomode. Durante décadas, el agro costarricense ha dependido de la mano de obra migrante. No como una excepción, sino como una condición estructural. Y esa dependencia ha sido funcional para un modelo que reduce costos a través de la precariedad. Salarios bajos, condiciones laborales deficientes, escasa fiscalización. En el caso de las personas sin documentos, la vulnerabilidad se profundiza, convirtiéndose en terreno fértil para la explotación.

La pandemia no creó estas condiciones. Las hizo visibles. Las volvió imposibles de ignorar.

El aumento de contagios no puede entenderse sin mirar las condiciones dentro de las propias plantaciones. Allí, donde muchas empresas han incumplido medidas sanitarias básicas. Donde, en algunos casos, ni siquiera se han garantizado implementos de protección. Donde trabajar enfermo no es una elección, sino una imposición silenciosa, porque no hacerlo implica perder el sustento.

A esto se suma otra capa de la realidad: la vida fuera del trabajo. Muchas de estas personas habitan en condiciones de pobreza, en espacios reducidos, sin acceso adecuado a servicios básicos. En ese contexto, hablar de prevención sin garantizar condiciones dignas es, en el mejor de los casos, insuficiente.

Pero hay algo aún más profundo. Este modelo no es accidental. Es el resultado de decisiones políticas y económicas sostenidas durante décadas. El auge de monocultivos como la piña y el banano no ocurrió al margen del Estado. Fue impulsado, facilitado, sostenido. Y en ese proceso, muchas empresas han recibido beneficios, exoneraciones, trato preferencial. Mientras tanto, los costos sociales y ambientales se han desplazado hacia las comunidades.

La cadena no termina en las grandes empresas. Se extiende hacia contratistas, subcontratistas, transportistas. Es en esos eslabones donde muchas veces se intensifica la precariedad: trabajo mal pagado, sin garantías, sin derechos. Y, sin embargo, esas prácticas siguen siendo toleradas porque abaratan la producción. Porque hacen rentable un modelo que, de otra forma, tendría que asumir sus verdaderos costos.

Frente a esta realidad, el pronunciamiento colectivo que da origen a estas reflexiones no es menor. Está respaldado por una amplia red de organizaciones sociales, sindicatos, colectivos comunitarios, espacios académicos y personas comprometidas con los derechos humanos. Desde universidades públicas hasta movimientos territoriales, desde redes feministas hasta organizaciones ecologistas, se configura una voz plural que coincide en algo fundamental: lo que ocurre en estas regiones no es casual, ni inevitable. Es el resultado de decisiones que pueden, y deben, transformarse.

Las demandas son claras, incluso urgentes. Cumplimiento efectivo de las leyes laborales. Sanciones reales para quienes las incumplen. Eliminación de mecanismos que permiten la contratación irregular. Supervisión rigurosa de las condiciones de trabajo. Protocolos de salud construidos con participación de quienes conocen la realidad en el territorio. Y algo esencial: frenar los discursos de odio que desvían la atención y profundizan la desigualdad.

Porque no se puede seguir hablando de desarrollo mientras se toleran condiciones cercanas a la explotación. No se puede sostener una economía sobre cuerpos que enferman sin protección. No se puede construir bienestar a costa del silenciamiento de quienes sostienen la producción.

La pandemia pasará. Pero lo que está en juego va más allá de esta coyuntura.

La pregunta es si el país será capaz de mirar de frente lo que ha quedado expuesto. Si habrá voluntad para transformar un modelo que ha normalizado la desigualdad. Si se entenderá, de una vez por todas, que la dignidad no puede ser una variable negociable.

Porque cuando la tierra enferma, no es solo el suelo el que está en riesgo. Es todo lo que hemos decidido sembrar sobre ella.