Por Mauricio Álvarez Mora.
Tuve la oportunidad de participar en uno de los espacios de intercambio con el experto independiente de Naciones Unidas sobre derechos humanos y ambiente, John Knox, en el marco de su visita oficial al país. Fue un encuentro que permitió contrastar la imagen internacional de Costa Rica como referente ambiental con las tensiones y conflictos que se viven en los territorios.
Desde el inicio, Knox reiteró algo que marcó el tono de la conversación, el derecho a un ambiente sano no es una aspiración, es un derecho humano fundamental, indispensable para garantizar la vida, la salud y otros derechos. Reconoció que Costa Rica ha avanzado de manera significativa en este campo, especialmente por su marco constitucional y por la existencia de mecanismos institucionales que, al menos en el papel, permiten el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.
Sin embargo, más allá del reconocimiento, el diálogo también abrió espacio para señalar contradicciones. Desde las organizaciones y sectores presentes se insistió en que muchos de estos derechos no se garantizan plenamente en la práctica, particularmente en territorios donde comunidades enfrentan presiones por proyectos extractivos, turísticos o agroindustriales.
Uno de los temas que más resonó en la conversación fue la situación de las personas defensoras del ambiente. Knox escuchó con atención las preocupaciones sobre amenazas, criminalización y riesgos que enfrentan quienes asumen la defensa de los territorios. Fue claro en señalar que no corresponde a las comunidades sustituir al Estado en tareas de control y vigilancia ambiental, y que es inaceptable que estas personas deban poner en riesgo su vida para proteger bienes comunes.
En esa misma línea, valoró positivamente la propuesta de crear una comisión que investigue las amenazas contra defensores y defensoras, sugiriendo que podría convertirse en un referente internacional si se implementa de manera seria y efectiva.
Knox fue enfático en que el país enfrenta desafíos importantes. Señaló la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en áreas protegidas, mejorar la gestión frente a la contaminación del agua y avanzar con mayor rapidez en la aprobación de una nueva ley de aguas que reconozca plenamente este recurso como un derecho humano.
Otro punto clave fue la relación entre conservación y derechos de las comunidades. El relator insistió en que la protección ambiental no puede darse a costa de poblaciones que históricamente han habitado estos territorios, subrayando la importancia de encontrar equilibrios que respeten tanto la naturaleza como la dignidad humana.
La reunión dejó una sensación ambivalente. Por un lado, el reconocimiento internacional a los avances del país, por otro, la claridad de que existen brechas profundas entre el discurso y la realidad. Las intervenciones de distintos sectores evidenciaron que la defensa del ambiente en Costa Rica sigue siendo, en muchos casos, una tarea marcada por el conflicto.
El informe final que presentará John Knox ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014 recogerá estas tensiones. Mientras tanto, queda la pregunta abierta sobre si el país será capaz de asumir estas recomendaciones no solo como un reconocimiento, sino como una oportunidad para transformar las condiciones en que se defienden los territorios y los derechos.

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