Por Mauricio Álvarez Mora.
La decisión del Juzgado Penal de Buenos Aires de acoger la solicitud de sobreseimiento definitivo en el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz ha generado una profunda preocupación entre organizaciones sociales, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y sectores académicos dentro y fuera de Costa Rica. Más de un centenar de personas, colectivos, proyectos universitarios e instancias sociales solicitaron que no se cerrara el proceso judicial, advirtiendo las graves implicaciones que tendría para la justicia y los derechos humanos en el país.
A pesar de estos llamados, el juzgado decidió poner fin a la investigación penal y dictar el sobreseimiento a favor de las dos personas imputadas por el homicidio del líder indígena bribri de Salitre. La resolución ocurre en un caso que trasciende la muerte de una persona y que se encuentra profundamente ligado a los conflictos históricos por la defensa de los territorios indígenas y al deber del Estado de garantizar protección efectiva a quienes defienden derechos colectivos.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales expresaron su oposición al cierre definitivo del caso. Entre ellas destaca el pronunciamiento impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, respaldado por organizaciones y personalidades de diecisiete países vinculadas a la defensa de los derechos humanos. También se sumaron sectores académicos y sociales que hicieron llegar una carta abierta al Juzgado Penal de Buenos Aires manifestando su preocupación por las consecuencias de esta decisión.
Las personas firmantes recordaron que el 7 de diciembre de 2023 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada había solicitado el sobreseimiento definitivo del proceso penal relacionado con el asesinato de Sergio Rojas. Frente a esa solicitud, múltiples sectores decidieron pronunciarse para advertir sobre la importancia de que el caso continuara siendo investigado.
La preocupación expresada por estos sectores parte de una lectura más amplia del contexto en que ocurrió el crimen. Sergio Rojas no era únicamente un dirigente comunal. Fue una de las figuras más visibles en los procesos de recuperación y defensa territorial impulsados por el Pueblo Bribri de Salitre. Su liderazgo estuvo estrechamente ligado a las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas del sur del país y a la exigencia de que el Estado garantizara el cumplimiento de sus derechos territoriales.
Por esta razón, quienes respaldaron las cartas dirigidas al juzgado sostienen que su asesinato no puede entenderse como un hecho aislado o fortuito. Recuerdan que Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2015. Estas medidas ordenaban al Estado costarricense garantizar la protección de la vida e integridad personal de integrantes de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Teribe de Térraba, debido a las amenazas y agresiones que enfrentaban.
Desde esta perspectiva, la decisión de cerrar el caso genera inquietudes que van más allá de un expediente judicial específico. Las organizaciones cuestionan cuál es el mensaje que transmite el Estado en un contexto nacional marcado por el incremento de la violencia. Señalan que, aunque para gran parte del país la violencia aparece como una preocupación reciente, los pueblos indígenas del sur han convivido durante años con situaciones de agresión, amenazas y conflictos asociados a la defensa de sus territorios.
Las preocupaciones planteadas encuentran respaldo en diversos registros documentados por organizaciones indígenas. El III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur, elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, reporta más de doscientas agresiones contra estos pueblos durante los últimos años. Según dicho informe, aunque algunos tipos de ataques han disminuido en frecuencia, la gravedad de los hechos registrados ha aumentado de manera significativa.
Para quienes cuestionan el sobreseimiento, este contexto resulta fundamental. Consideran que la impunidad frente a hechos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos puede enviar señales preocupantes en un momento caracterizado por una creciente polarización social y por la criminalización de quienes defienden territorios, recursos naturales y derechos colectivos.
En las cartas dirigidas al juzgado se advierte precisamente sobre este riesgo. Las personas firmantes sostienen que la posibilidad de que el asesinato de Sergio Rojas quede sin responsables judicialmente identificados podría interpretarse como una señal de tolerancia frente a la violencia política y social. Desde su perspectiva, la ausencia de justicia no afecta únicamente a las víctimas directas y a sus familias, sino que también tiene consecuencias para quienes continúan desarrollando labores de defensa de derechos en distintas regiones del país.
La pregunta que plantean es profundamente inquietante: si un asesinato de esta magnitud permanece impune, ¿qué incentivos existen para prevenir nuevas agresiones contra personas defensoras de derechos humanos? La preocupación radica en que la impunidad puede convertirse en un factor que contribuya a normalizar la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.
Por ello, para las organizaciones indígenas, académicas y sociales que se pronunciaron sobre el caso, la decisión judicial tiene implicaciones que trascienden el ámbito penal. Consideran que el cierre definitivo de la investigación proyecta una imagen negativa sobre el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y con el acceso a la justicia para los pueblos indígenas.
Su preocupación final es contundente. A su juicio, otorgar el sobreseimiento definitivo en este caso equivale a comunicar que las violaciones a los derechos humanos sufridas por los pueblos indígenas pueden quedar sin respuesta efectiva por parte del sistema de justicia. Más aún, advierten que ello podría consolidar una percepción de impunidad en relación con las agresiones históricamente denunciadas por estas comunidades.
El caso de Sergio Rojas Ortiz seguirá siendo un referente obligado para analizar la relación entre derechos indígenas, acceso a la justicia y responsabilidad estatal en Costa Rica. Independientemente de las valoraciones jurídicas sobre la resolución adoptada, las reacciones generadas muestran que una parte importante de la sociedad considera que aún existen profundas deudas en materia de protección de los pueblos originarios y de esclarecimiento de los hechos de violencia que los afectan.
La preocupación expresada por más de un centenar de organizaciones y personas no se limita al pasado. Es también una advertencia sobre el futuro y sobre el tipo de sociedad que se construye cuando la búsqueda de justicia para quienes defienden derechos colectivos queda inconclusa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario