Por Mauricio Álvarez Mora.
Hoy se cumplen tres años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, defensor del territorio Brörán de Térraba, recuperador de tierras y luchador incansable por los derechos humanos y ambientales de los pueblos originarios. Pero más allá de la fecha, lo que permanece abierto es una herida profunda: la deuda histórica del Estado costarricense con los pueblos indígenas y la incapacidad institucional de garantizarles justicia, protección y dignidad.
Jerhy no fue asesinado en cualquier circunstancia. Fue asesinado en medio de un contexto de violencia territorial, racismo estructural y abandono estatal. Lo mataron dentro de su propio territorio, mientras participaba en los procesos de recuperación de tierras que durante décadas han debido asumir las propias comunidades indígenas ante la falta de aplicación de la Ley Indígena. Su asesinato no puede entenderse como un hecho aislado ni como un simple conflicto entre particulares. Fue el resultado de años de permisividad frente a la ocupación ilegal de territorios indígenas y frente a los discursos de odio que han acompañado las recuperaciones.
Quienes conocieron a Jerhy recuerdan su claridad y firmeza. Fue uno de los rostros visibles de la oposición al proyecto hidroeléctrico Diquís y entendía que la defensa del río era también la defensa de la vida y de la autonomía de los pueblos. “El río no se da a cambio de una carretera o una construcción”, decía. En una frase resumía décadas de imposición desarrollista sobre territorios indígenas, donde las promesas de progreso suelen significar despojo, fragmentación comunitaria y destrucción cultural.
El asesinato ocurrió apenas un año después del crimen contra Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri de Salitre. Dos asesinatos en menos de doce meses contra dirigentes indígenas que defendían sus territorios deberían haber significado una alarma nacional. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido insuficiente y tardía. La impunidad en el caso de Sergio continúa siendo una señal devastadora para los pueblos originarios y una evidencia de que el sistema de justicia costarricense sigue fallando cuando las víctimas son indígenas.
La condena contra Juan Eduardo Varela Rojas por el asesinato de Jerhy representó un hecho importante, pero insuficiente. La sentencia confirmó que Jerhy fue asesinado cuando estaba reducido y no representaba ningún peligro. También desmontó el argumento de “legítima defensa” utilizado durante el juicio. Aun así, el problema de fondo permanece intacto: las condiciones estructurales que hicieron posible el crimen continúan presentes.
Resulta especialmente grave recordar que, meses antes de la sentencia, el propio responsable afirmó públicamente “yo fui el que lo maté” durante una reunión auspiciada por el Gobierno de Costa Rica. La escena fue estremecedora: aplausos de algunos asistentes y silencio de las autoridades presentes. Aquella imagen retrató no solo la normalización de la violencia contra los pueblos indígenas, sino también la incapacidad política y ética del Estado para confrontarla.
Por décadas, los territorios indígenas han vivido entre la desprotección y el incumplimiento sistemático de la ley. Aunque la Ley Indígena reconoce estas tierras como propiedad exclusiva de los pueblos originarios, la ocupación ilegal continúa siendo una realidad en muchos territorios. Las recuperaciones emprendidas por las comunidades no son actos arbitrarios; son respuestas desesperadas frente a décadas de abandono institucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares para proteger a las comunidades indígenas de Salitre y Térraba desde 2015 y 2016. Sin embargo, los hechos posteriores evidencian que el Estado no ha logrado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Amenazas de muerte, agresiones, hostigamientos y ataques armados han seguido ocurriendo mientras las comunidades continúan exigiendo el derecho a vivir en paz dentro de sus territorios ancestrales.
La violencia contra los pueblos originarios no se limita a los asesinatos. Existe una violencia cotidiana y estructural que se expresa en el racismo, la exclusión, la criminalización y el cuestionamiento permanente a sus derechos territoriales. También existe una violencia institucional cuando las leyes no se aplican, cuando los procesos judiciales se atrasan o cuando las medidas de protección llegan demasiado tarde.
Hablar de Jerhy Rivera hoy implica preguntarse qué tipo de país queremos ser. Costa Rica suele presentarse internacionalmente como una democracia ejemplar y defensora de los derechos humanos, pero esa imagen entra en contradicción cuando se observa la realidad que enfrentan muchos pueblos indígenas. No puede existir verdadera democracia mientras los pueblos originarios deban arriesgar su vida para recuperar tierras que legalmente les pertenecen.
La justicia pendiente con los pueblos originarios no se resolverá únicamente con condenas individuales. Requiere voluntad política para aplicar plenamente la Ley Indígena, sanear los territorios ocupados ilegalmente y garantizar protección efectiva a las personas recuperadoras y defensoras de derechos humanos. Requiere también reconocer que detrás de estos conflictos existe una historia larga de colonialismo interno y despojo que el país todavía no ha querido enfrentar plenamente.
Tres años después del asesinato de Jerhy Rivera, la pregunta sigue siendo incómoda pero necesaria: ¿cuántas muertes más tendrán que ocurrir para que el Estado costarricense asuma seriamente su responsabilidad con los pueblos originarios?
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