Por Mauricio Álvarez Mora.
Durante décadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos buscando algo que muchas veces sus propios Estados les negaron: protección, verdad, justicia y reparación. Han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de largos procesos marcados por el racismo estructural, el despojo territorial, la violencia y la exclusión histórica. Sin embargo, incluso después de obtener sentencias favorables, la justicia sigue sin llegar plenamente a sus territorios.
La reunión convocó a organizaciones indígenas y afrodescendientes, personas expertas en derechos humanos, académicos y representantes comunitarios de 12 países de América Latina y el Caribe. Más allá de ser un encuentro técnico o jurídico, el foro representa un espacio urgente de reflexión política y ética sobre el fracaso de muchos Estados para garantizar efectivamente los derechos colectivos de los pueblos.
Porque una sentencia que no transforma la realidad de las comunidades termina convirtiéndose en una justicia incompleta.
La creación del Sistema Interamericano fue vista por muchos pueblos indígenas y afrodescendientes como una esperanza histórica. Frente a sistemas judiciales nacionales atravesados por discriminación, impunidad y abandono, la Corte IDH apareció como una instancia capaz de reconocer derechos territoriales, culturales y colectivos que durante décadas habían sido negados.
Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que el reconocimiento jurídico no garantiza necesariamente cambios concretos en los territorios.
Existen casos presentados desde los años noventa y sentencias emitidas desde inicios de los años 2000 que aún permanecen incumplidas. Más de veinte años después, muchas comunidades continúan esperando restitución territorial, reparación integral y garantías reales de protección.
Mientras tanto, los conflictos se agravan.
La propia Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), organizadora del foro, advierte que el nivel de incumplimiento por parte de los Estados es alarmante y que, lejos de disminuir, la conflictividad en los territorios ha aumentado. Esto no es un detalle menor. Cada sentencia incumplida implica comunidades que siguen enfrentando invasiones territoriales, violencia, criminalización y amenazas contra sus liderazgos.
La tardanza institucional también tiene consecuencias humanas.
Algunos estudios citados durante el foro muestran que entre la presentación de una petición y la aprobación de un informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana pueden transcurrir, en promedio, más de 134 meses. Es decir, más de once años únicamente para avanzar en una etapa del proceso.
La pregunta inevitable es cuántas personas defensoras, líderes comunitarios o ancianos de los pueblos logran ver justicia antes de morir.
En muchos casos, las comunidades envejecen esperando respuestas mientras las violaciones continúan ocurriendo. Los territorios siguen siendo explotados, los ríos contaminados y las personas amenazadas aun cuando existen resoluciones internacionales que reconocen claramente sus derechos.
El problema no es únicamente jurídico. Es profundamente político.
Los Estados suelen celebrar internacionalmente su adhesión a los derechos humanos mientras incumplen sistemáticamente las sentencias que los obligan a transformar las estructuras que producen exclusión y despojo. Muchas veces se limitan a medidas simbólicas o administrativas, pero evitan ejecutar las transformaciones más profundas relacionadas con autonomía territorial, protección colectiva y redistribución del poder sobre los territorios.
Por eso este foro tiene una importancia que va más allá de las discusiones académicas. Representa la necesidad de que los propios pueblos indígenas y afrodescendientes construyan análisis y estrategias comunes frente a un sistema que, aunque fundamental, también muestra enormes limitaciones.
Resulta especialmente significativo que este encuentro se desarrollara en Costa Rica, un país que internacionalmente proyecta una imagen de respeto ambiental y derechos humanos, pero donde los pueblos indígenas también han enfrentado violencia, asesinatos e impunidad en medio de sus luchas territoriales.
La participación de representantes de países como México, Guatemala, Honduras, Surinam, Paraguay, Colombia, Brasil, Panamá y Costa Rica demuestra además que el problema no es aislado. Existe un patrón regional donde los derechos colectivos son reconocidos formalmente, pero incumplidos en la práctica.
En el fondo, lo que está en discusión es una pregunta esencial: ¿de qué sirve una sentencia internacional si los pueblos continúan siendo despojados, amenazados y violentados?
La justicia no puede medirse únicamente por la existencia de resoluciones jurídicas. También debe medirse por su capacidad de transformar la vida concreta de las comunidades.
Y mientras los Estados continúen postergando el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, miles de pueblos indígenas y afrodescendientes seguirán habitando una dolorosa paradoja: tener derechos reconocidos en el papel, pero negados en sus territorios.
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