Asesinan a activistas ecologistas en Honduras

El asesinato de dos integrantes del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) el pasado 20 de diciembre de 2006 ha generado profunda consternación y alarma entre organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en Honduras y la región. Las víctimas, Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, fueron ejecutadas en el municipio de Guarizama, en el departamento de Olancho, presuntamente a manos de agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con los informes disponibles, el modo en que fueron asesinados presenta características de ejecución. Ambos activistas habían sido previamente detenidos y posteriormente acribillados, en un contexto marcado por amenazas e intimidaciones sistemáticas en su contra. Durante los meses previos a su muerte, Zúñiga y Cartagena habían denunciado hostigamientos vinculados a su labor de defensa ambiental, sin que el Estado adoptara medidas efectivas para garantizar su protección.

El Movimiento Ambientalista de Olancho ha desempeñado un papel clave en la denuncia de la tala ilegal y la depredación de los bosques en esa región. Su trabajo ha evidenciado la existencia de redes de poder que facilitan la explotación forestal ilegal, muchas veces bajo la protección o tolerancia de sectores vinculados a las élites políticas y económicas del país.

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han señalado que los asesinatos y las amenazas previas están directamente relacionados con el activismo de las víctimas contra la tala ilegal. Asimismo, han advertido sobre la persistente situación de riesgo en la que se encuentran otros miembros del MAO, así como familiares de las víctimas y testigos del crimen, quienes continúan recibiendo amenazas e intimidaciones.

Estos hechos no ocurren en un vacío. Se inscriben en un patrón más amplio de violencia contra defensores del ambiente en Honduras, particularmente en contextos donde se disputan territorios ricos en recursos naturales o donde se proyectan megaproyectos de alto impacto.

En este caso, el MAO también había venido denunciando los posibles impactos ambientales y sociales de la proyectada represa sobre el río Patuca, una de las iniciativas hidroeléctricas más ambiciosas del país. Este proyecto amenaza territorios habitados por pueblos indígenas miskitos y tawakas, así como ecosistemas estratégicos en el Patuca medio y bajo.

El gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya había anunciado la obtención de un financiamiento de 250 millones de dólares para la construcción de esta represa, tras una visita oficial a Taiwán. El proyecto contempla un embalse de aproximadamente 72 kilómetros cuadrados y, pese a no contar aún con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, ya había avanzado en la asignación de concesiones a la empresa Tai Power, de origen taiwanés.

Incluso, reportes de prensa indicaban que técnicos extranjeros ya realizaban estudios en la zona para definir aspectos del proyecto, antes de que se completaran los procedimientos ambientales correspondientes. Esta situación refuerza la percepción de que muchos megaproyectos en la región avanzan primero en el plano político y financiero, relegando los procesos de evaluación ambiental a meros trámites formales.

En un comunicado posterior a los asesinatos, el Movimiento Ambientalista de Olancho expresó su dolor y preocupación, señalando que estos hechos podrían marcar un incremento en la represión contra quienes defienden el ambiente. No obstante, también reafirmaron su decisión de continuar la lucha en defensa de los bosques y los territorios.

El caso de Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena evidencia, una vez más, los altos riesgos que enfrentan quienes defienden los bienes comunes en América Latina. También plantea serias interrogantes sobre el papel del Estado en la protección de los derechos humanos y la necesidad urgente de garantizar condiciones de seguridad, justicia y respeto frente al avance de intereses económicos sobre los territorios y las comunidades.