Asesinato en Punta Piedras evidencia conflicto territorial y abandono estatal en comunidades garífunas

Por Mauricio Álvarez Mora

El asesinato de Félix Ordoñez Suazo, miembro de la comunidad garífuna de Punta Piedras, en el departamento de Colón, Honduras, ha reavivado las tensiones históricas vinculadas a un prolongado conflicto territorial que, según denuncian organizaciones, ha sido desatendido por el Estado durante más de una década.

El crimen ocurrió en el paraje conocido como El Castillo, en la zona de Sico, y ha sido atribuido a dos personas vinculadas a la invasión de tierras en el sector de Río Miel. Este hecho violento no es aislado, sino que se inscribe en un contexto de disputas por la tierra que se remonta a inicios de la década de 1990, cuando grupos de campesinos ocuparon territorios pertenecientes a la comunidad garífuna de Punta Piedras, con respaldo de actores vinculados al poder político, económico y militar.

La comunidad cuenta con un título ejidal desde 1921, posteriormente ratificado por el Instituto Nacional Agrario en 1999. Sin embargo, el proceso de titulación no fue acompañado de un saneamiento efectivo del territorio, lo que permitió la permanencia de ocupaciones irregulares dentro de los límites comunitarios.

A lo largo de los años se han intentado diversos procesos de negociación. En 2001, se alcanzó un acuerdo en el que el Estado se comprometía a compensar económicamente a los ocupantes para facilitar su salida pacífica. Incluso, el Congreso Nacional aprobó en 2002 una partida presupuestaria destinada a ese fin. No obstante, este compromiso nunca se materializó, profundizando la incertidumbre y el conflicto en la zona.

Ante la falta de soluciones internas, la comunidad llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se logró un acuerdo amistoso con el Estado hondureño. Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos asumidos llevó a una nueva denuncia, evidenciando la persistente falta de voluntad política para resolver la situación.

Organizaciones como la Organización Fraternal Negra de Honduras han señalado que la prolongación del conflicto ha deteriorado las relaciones sociales en la zona, exacerbando tensiones raciales y generando un clima de violencia que hoy cobra vidas.

El asesinato de Ordoñez Suazo se produce en medio de este escenario de impunidad y abandono institucional. Las comunidades denuncian que el Estado no ha garantizado la seguridad ni ha avanzado en la resolución del conflicto territorial, a pesar de los múltiples compromisos adquiridos tanto a nivel nacional como internacional.

Frente a este nuevo hecho de violencia, se ha reiterado el llamado a las autoridades hondureñas para que investiguen y sancionen a los responsables, así como para que asuman de manera efectiva la resolución del conflicto en Punta Piedras. La demanda central sigue siendo la misma desde hace años: garantizar los derechos territoriales del pueblo garífuna y poner fin a una situación que continúa generando violencia, despojo e incertidumbre.

El caso pone nuevamente en evidencia las consecuencias de la falta de acción estatal en conflictos territoriales que involucran a pueblos indígenas y afrodescendientes, donde la ausencia de soluciones estructurales termina traduciéndose en vulneraciones graves a los derechos humanos.