En su día: contradicciones ambientales en Costa Rica

Por Mauricio Álvarez Mora

Cada 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se renuevan los discursos globales sobre la urgencia de proteger el planeta. En 2007, la atención internacional se centró en el deshielo polar, símbolo visible del cambio climático. Sin embargo, mientras los hielos milenarios retroceden ante las dinámicas del calentamiento global, en Costa Rica emergen otras formas de degradación ambiental que ponen en entredicho el relato oficial de armonía con la naturaleza.

Durante la administración de Óscar Arias, el país proyectó una imagen internacional de liderazgo ambiental. No obstante, diversos sectores sociales y ecologistas han señalado profundas contradicciones entre ese discurso y las políticas impulsadas a nivel interno, donde se consolidan modelos de desarrollo asociados al extractivismo, la agroindustria intensiva y la mercantilización de los recursos naturales.

Uno de los temas más críticos es la gestión del agua. La creciente demanda, sumada a la falta de planificación territorial y a una legislación insuficiente, ha generado conflictos entre comunidades, proyectos hidroeléctricos, actividades turísticas y sistemas de riego. La debilidad institucional para regular el uso del recurso, así como la impunidad frente a la contaminación, evidencian la urgencia de una reforma legal que permita una gestión integrada, sostenible y equitativa del agua.

En paralelo, en regiones como Guanacaste, la expansión de la agroindustria cañera ha provocado impactos significativos. Las quemas previas a la cosecha generan emisiones contaminantes, cenizas y gases que afectan la salud de las comunidades cercanas, incrementando enfermedades respiratorias y deteriorando la calidad de vida. Además, estas prácticas degradan los suelos y afectan la biodiversidad local.

Las áreas protegidas, uno de los pilares de la imagen ambiental del país, también enfrentan presiones crecientes. Aunque representan un importante motor económico por medio del turismo, su debilitamiento institucional abre la puerta a procesos de privatización encubierta y a prácticas como la bioprospección sin control adecuado, que han sido denunciadas como formas de biopiratería. La riqueza biológica del país, lejos de ser protegida plenamente, se convierte en objeto de interés para actores transnacionales.

Otro foco de preocupación es la expansión acelerada del monocultivo de piña. En pocos años, la superficie cultivada ha crecido de manera desproporcionada, especialmente en la zona norte, el Caribe y el Pacífico Sur. Este crecimiento ha implicado la desaparición de fuentes de agua, la contaminación de acuíferos y la transformación de paisajes en extensos “desiertos verdes”. Muchas de estas plantaciones operan sin estudios de impacto ambiental adecuados, mientras las comunidades cercanas enfrentan los costos sociales y ambientales sin recibir beneficios significativos.

En el ámbito energético, el país avanza hacia un modelo que prioriza la expansión de la oferta sin cuestionar los patrones de consumo. Proyectos hidroeléctricos de gran escala, así como la reactivación de la exploración petrolera, evidencian una apuesta por diversificar fuentes sin necesariamente reducir la dependencia de combustibles fósiles. La posible apertura del sector energético y el debilitamiento del monopolio estatal refuerzan la lógica de privatización de beneficios, mientras los impactos ambientales recaen sobre las comunidades.

La minería metálica también se mantiene como una amenaza latente. Aunque existe una moratoria establecida mediante el decreto N.° 30477-MINAE, las presiones de empresas como Industrias Infinito buscan revertir estas restricciones. A esto se suma la existencia de múltiples permisos de exploración otorgados en años anteriores, que podrían reactivarse en cualquier momento.

En las zonas costeras, el modelo turístico dominante ha privilegiado el desarrollo de grandes enclaves hoteleros, muchas veces desconectados de las realidades locales. Estos complejos generan impactos sobre el acceso al agua, el manejo de desechos, el paisaje y la dinámica social de las comunidades. Además, fomentan procesos de desplazamiento de poblaciones tradicionales, especialmente comunidades pesqueras, y promueven economías dependientes de servicios orientados al turismo internacional.

Finalmente, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos ha sido señalada como un factor que profundiza la mercantilización de los recursos naturales. Este marco comercial no solo favorece la inversión extranjera, sino que también limita la capacidad del Estado y de la ciudadanía para definir modelos alternativos de desarrollo. Sus impactos se reflejan en el deterioro ambiental, la desigual distribución de beneficios y costos, y la concentración del poder en actores económicos con mayor capacidad de incidencia.

En este contexto, el contraste entre el discurso internacional y la realidad nacional se vuelve cada vez más evidente. Mientras se celebran avances globales en la lucha contra el cambio climático, en el ámbito local persisten dinámicas que erosionan ecosistemas, profundizan desigualdades y ponen en riesgo la sostenibilidad a largo plazo.

La creciente movilización social y la toma de conciencia ciudadana emergen como una respuesta frente a estas tensiones. El debate sobre el futuro ambiental de Costa Rica ya no se limita a la conservación de sus paisajes emblemáticos, sino que abarca la necesidad de replantear el modelo de desarrollo en su conjunto.