Han pasado diez años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval y su nombre continúa siendo un símbolo incómodo para Costa Rica. Incómodo porque recuerda que detrás de la imagen internacional de país verde existe también una historia marcada por la violencia contra quienes defienden la naturaleza.
Jairo no era simplemente un joven apasionado por las tortugas marinas. Era un defensor ambiental que comprendió, desde muy temprana edad, que proteger la vida silvestre también implicaba enfrentarse a estructuras de poder, economías ilegales y territorios abandonados por el Estado. Su asesinato en la playa de Moín, en 2013, no fue un hecho aislado ni una tragedia accidental: fue la expresión extrema de un conflicto ambiental atravesado por la violencia, la impunidad y el desamparo institucional.
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Han pasado más de dos décadas desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a emitir sentencias históricas a favor de pueblos indígenas y negros en América Latina y el Caribe. Sin embargo, muchas de esas resoluciones continúan sin cumplirse. Mientras los expedientes duermen en oficinas estatales y organismos internacionales, en los territorios la violencia, el despojo y la impunidad siguen avanzando.
Esa fue una de las principales conclusiones del Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH, realizado el 18 y 19 de mayo de 2023 en la Universidad de Costa Rica, en San José. Representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de 12 países de América Latina y el Caribe se reunieron para denunciar que el incumplimiento sistemático de las sentencias no es un simple atraso burocrático: es una forma de prolongar la violencia histórica contra sus pueblos.
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Durante décadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos buscando algo que muchas veces sus propios Estados les negaron: protección, verdad, justicia y reparación. Han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de largos procesos marcados por el racismo estructural, el despojo territorial, la violencia y la exclusión histórica. Sin embargo, incluso después de obtener sentencias favorables, la justicia sigue sin llegar plenamente a sus territorios.
El proyecto de construir un aeropuerto internacional en Osa ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Aunque parecía archivado tras años de cuestionamientos ambientales, sociales y culturales, la actual administración de Rodrigo Chaves Robles ha reactivado la discusión sobre una iniciativa que arrastra polémica desde el año 2010, durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez.
La propuesta contempla la construcción de un aeropuerto en las comunidades de Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11, en Palmar Sur de Osa, una zona de enorme fragilidad ecológica y riqueza arqueológica. El proyecto se ubicaría cerca del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, el humedal más grande de Costa Rica y sitio Ramsar de importancia internacional, así como de Finca 6, lugar donde se encuentran las reconocidas esferas de piedra precolombinas declaradas patrimonio mundial por la UNESCO.
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Costa Rica suele presentarse ante el mundo como un país verde, pacífico y respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, lejos de esa imagen oficial, cientos de comunidades continúan enfrentando conflictos ambientales, violencia territorial, amenazas y abandono institucional.
El más reciente informe del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica vuelve a recordarnos una realidad que muchas veces permanece fuera del debate nacional: detrás del discurso ambientalista del país existe una creciente conflictividad social vinculada a la defensa del territorio, el agua y los derechos humanos.
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Ese momento quedó plasmado en el documental Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vio nacer (2023), una producción audiovisual que será presentada este próximo 12 de mayo en Pérez Zeledón. Más que una película, el documental se convierte en una ventana hacia una de las historias más dolorosas y al mismo tiempo más esperanzadoras de los pueblos indígenas en Costa Rica.
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En Costa Rica se suele justificar la extracción de materiales de ríos y quebradas bajo el discurso del desarrollo y la “conveniencia nacional”. Arena y piedra para carreteras, puentes o infraestructura pública aparecen como necesidades inevitables para el crecimiento económico del país. Sin embargo, pocas veces se pregunta quién asume realmente los costos ambientales y sociales de esta actividad.
Las comunidades de Puntarenas y Guatuso llevan años denunciando que la minería de cauces está deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida local. Mientras las empresas obtienen concesiones por décadas para extraer materiales, las poblaciones vecinas enfrentan disminución de caudales, pérdida de biodiversidad, afectaciones a la pesca artesanal, daños en manglares y deterioro de espacios comunitarios históricamente vinculados a los ríos.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
