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Por Mauricio Álvarez Mora.
Costa Rica suele presentarse ante el mundo como un país verde, pacífico y respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, lejos de esa imagen oficial, cientos de comunidades continúan enfrentando conflictos ambientales, violencia territorial, amenazas y abandono institucional.
El más reciente informe del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica vuelve a recordarnos una realidad que muchas veces permanece fuera del debate nacional: detrás del discurso ambientalista del país existe una creciente conflictividad social vinculada a la defensa del territorio, el agua y los derechos humanos.
Durante 2022, el Observatorio registró 291 acciones colectivas relacionadas con problemáticas ambientales, territoriales y sociales. Aunque la cifra es menor a las registradas en 2020 y 2021, cuando se contabilizaron 431 y 406 acciones respectivamente, el propio informe advierte que esta disminución no necesariamente implica una reducción de los conflictos. Más bien refleja cambios en las dinámicas de movilización social tras el regreso a la presencialidad y el fin de muchas restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.
Los conflictos siguen ahí. Lo que cambió fueron las formas de manifestarse.Y entre todos esos conflictos, uno destaca con especial gravedad: la situación de los pueblos indígenas.
Las recuperaciones territoriales impulsadas por comunidades indígenas siguen enfrentando violencia e impunidad, mientras el Estado continúa sin ofrecer respuestas integrales. Han pasado años desde el asesinato de líderes indígenas como Sergio Rojas y Jerhy Rivera, pero las amenazas, ataques y agresiones contra personas recuperadoras continúan ocurriendo en distintos territorios del país.
El informe deja claro que estos conflictos no son hechos aislados ni problemas espontáneos. Detrás de cada río contaminado, de cada territorio invadido o de cada comunidad desplazada existe una estructura política y económica que permite y reproduce estas situaciones. Así lo señaló Daniel Fernández Vásquez, coordinador del Observatorio, al afirmar que los conflictos “no nacen de la nada”. La contaminación de un río, por ejemplo, no aparece accidentalmente: responde a modelos de producción, políticas estatales y formas específicas de desarrollo económico.
Esa afirmación resulta clave para entender lo que ocurre actualmente en Costa Rica. Los conflictos ambientales no son simples desacuerdos locales. Son el resultado de decisiones políticas que priorizan ciertos intereses económicos sobre los derechos de las comunidades y la protección de la naturaleza.
Por eso el informe también evidencia la permanencia de disputas vinculadas a megaproyectos hoteleros, acaparamiento y contaminación del agua, expansión de monocultivos, debilitamiento institucional y proyectos legislativos que amenazan la protección ambiental. Al mismo tiempo, señala la resistencia de diversos sectores sociales frente a iniciativas que buscan frenar herramientas de protección internacional como el Acuerdo de Escazú.
El documento también incorpora acciones colectivas relacionadas con organizaciones feministas y movimientos LGBTIQ+, mostrando cómo distintas luchas sociales convergen alrededor de un mismo problema estructural: la exclusión de sectores históricamente vulnerabilizados y la falta de respuestas institucionales efectivas.
Quizás uno de los aportes más importantes del Observatorio sea precisamente su capacidad para visibilizar conflictos que rara vez ocupan titulares nacionales. Muchas de estas luchas ocurren en comunidades rurales, territorios indígenas o zonas alejadas de los centros urbanos, donde las denuncias suelen permanecer invisibles para gran parte del país.
Sin embargo, esas luchas hablan directamente del modelo de sociedad que Costa Rica está construyendo.
Cuando comunidades indígenas denuncian amenazas por recuperar territorios legalmente reconocidos, cuando poblaciones rurales protestan por la contaminación del agua o cuando organizaciones ambientales enfrentan proyectos extractivos, no están defendiendo únicamente intereses locales. Están cuestionando las prioridades de un modelo de desarrollo que frecuentemente coloca la rentabilidad económica por encima de la vida comunitaria y la protección de los bienes comunes.
El informe del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas funciona entonces como algo más que un registro estadístico. Es también una radiografía incómoda del país real. Un país donde la conflictividad social continúa creciendo alrededor de la tierra, el agua, el ambiente y los derechos humanos.
Y quizá lo más preocupante sea que muchas de estas comunidades llevan años denunciando exactamente lo mismo sin obtener respuestas estructurales.
Mientras eso no cambie, Costa Rica seguirá acumulando conflictos debajo de su imagen verde internacional.
Informe completo: Descargar informe del OCAC 2022
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