Cuando las escuelas se convierten en zonas de fumigación

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Hay hechos que deberían sacudir profundamente a cualquier sociedad. Que 25 niños y niñas y varias personas adultas hayan resultado intoxicadas por agroquímicos mientras se encontraban cerca de su escuela en San Juan de Florencia, San Carlos, es uno de ellos. No se trata de un accidente aislado ni de una situación inesperada. Es la repetición de una historia que las comunidades vienen denunciando desde hace años y frente a la cual las instituciones del Estado continúan reaccionando tarde, de forma insuficiente o simplemente guardando silencio.

El pasado viernes 5 de mayo, 29 personas resultaron afectadas tras una fumigación realizada en una finca piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba. Entre las personas intoxicadas había 25 niños y niñas. Varias presentaron náuseas y dolor abdominal. Ocho personas tuvieron que ser trasladadas al hospital, entre ellas siete menores de edad y una adulta mayor.

La pregunta que surge de inmediato es tan sencilla como dolorosa: ¿cómo es posible que una actividad agrícola pueda aplicar sustancias químicas peligrosas a pocos metros de una escuela?

La indignación crece todavía más cuando se recuerda que esta no es la primera vez que ocurre. En 2019, más de 22 personas, entre ellas 16 niñas y niños, también resultaron afectadas por contaminación asociada a fumigaciones en la misma zona. Han pasado años desde aquella denuncia y, aparentemente, nada cambió. O las sanciones nunca existieron o fueron completamente ineficaces.

Por eso resulta indispensable que las autoridades investiguen no solo lo ocurrido recientemente, sino también la responsabilidad institucional acumulada durante todos estos años. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Fitosanitario del Estado, debe ordenar de inmediato la suspensión de cualquier aplicación de agroquímicos en la finca involucrada. Pero eso no basta. También debe informar públicamente qué medidas tomó después de la intoxicación de 2019 y por qué, si hubo sanciones, estas no evitaron que la situación volviera a repetirse.

La reincidencia revela un problema estructural mucho más grave que un simple incumplimiento administrativo. Lo que está en discusión es un modelo agrícola que normaliza la exposición de comunidades enteras a sustancias altamente peligrosas.

Según informes previos del propio Servicio Fitosanitario del Estado, en 2019 la piñera fumigó utilizando Diazinon, Ecogreen y Camauba. El caso del Diazinon resulta especialmente alarmante. Este insecticida organofosforado es identificado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como una sustancia peligrosa. Sus efectos sobre la salud pueden incluir dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de coordinación, convulsiones, coma e incluso la muerte.

Mientras algunos países avanzan hacia mayores restricciones, Costa Rica continúa permitiendo que estas sustancias se utilicen cerca de centros educativos y viviendas. En Argentina, por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria prohibió la elaboración, importación y fraccionamiento del Diazinon mediante la resolución 263/2018.

Aquí, en cambio, pareciera que la prioridad sigue siendo proteger la producción agrícola antes que la salud de las personas.

El caso de San Juan de Florencia evidencia además la enorme desigualdad territorial que existe en el país. Difícilmente una fumigación de este tipo sería tolerada junto a una escuela privada urbana o en una comunidad con alto poder económico y político. Pero en territorios rurales atravesados por monocultivos, las intoxicaciones parecen haberse convertido en parte de la normalidad.

Eso es precisamente lo más grave: la naturalización de la violencia química sobre las comunidades.

Por esta razón, resulta urgente establecer medidas preventivas reales a nivel nacional. Así como existen restricciones para la ubicación de bares o ventas de licor cerca de escuelas y centros de salud, también debería prohibirse que plantaciones piñeras y otros monocultivos fumiguen a menos de 400 metros de escuelas, EBAIS y viviendas.

No se puede seguir aceptando que niños y niñas estudien respirando pesticidas.

Cada intoxicación anunciada como “incidente” es en realidad la manifestación visible de un problema mucho más profundo: un modelo productivo que concentra riqueza mientras distribuye contaminación, enfermedad y riesgo sobre las comunidades rurales.

Y mientras las autoridades continúen actuando únicamente después de cada emergencia, el país seguirá llegando tarde a proteger algo que debería ser intocable: la salud y la vida de su niñez.