Una delegación de personas indígenas Ngäbe de Sixaola llegó esta semana a San José para exigir al Estado costarricense algo que para cualquier otro pueblo debería ser elemental: el derecho a un territorio donde puedan vivir, desarrollar su cultura y ejercer plenamente sus derechos colectivos como pueblo originario.
La contaminación de nuevas nacientes de agua para consumo humano en Santa Rosa de Oreamuno vuelve a evidenciar una crisis que ya no puede entenderse como un hecho aislado. Lo ocurrido en Cipreses y ahora en otras comunidades de Cartago demuestra las consecuencias de un modelo agroindustrial intensivo que durante décadas ha operado con escaso control sobre los impactos ambientales y sanitarios de los agroquímicos utilizados en la producción agrícola.
La reciente detección de derivados del fungicida clorotalonil en la naciente Carlos Martínez, confirmada por análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, se suma a otras seis fuentes ya clausuradas por contaminación. Con ello, prácticamente todas las nacientes que abastecen a Santa Rosa de Oreamuno presentan afectación por metabolitos de este agroquímico.
La contaminación del agua en las comunidades de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno dejó de ser únicamente una denuncia vecinal para convertirse en un caso que evidencia profundas debilidades institucionales alrededor de la protección del agua potable en Costa Rica. Lo ocurrido durante los últimos meses en estas comunidades de Cartago revela no solo la gravedad de la contaminación por agroquímicos, sino también las contradicciones, omisiones y tensiones existentes entre las instituciones encargadas de garantizar un derecho humano básico.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, mujeres indígenas recuperadoras de los territorios de Salitre, Térraba y China Kichá protagonizaron un encuentro histórico con magistradas de la Sala Primera y de la Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia. La reunión, realizada el 8 de marzo de 2023, abrió un espacio poco común de diálogo directo entre mujeres indígenas defensoras de la tierra-territorio y altas autoridades del Poder Judicial.
La actividad formó parte de una serie de encuentros organizados por el proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas (POUP), impulsado desde las universidades públicas, con el objetivo de visibilizar las luchas de las mujeres indígenas recuperadoras y colocar en la agenda pública la situación de violencia, despojo y conflictividad que enfrentan en sus territorios.
Hoy se cumplen tres años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, defensor del territorio Brörán de Térraba, recuperador de tierras y luchador incansable por los derechos humanos y ambientales de los pueblos originarios. Pero más allá de la fecha, lo que permanece abierto es una herida profunda: la deuda histórica del Estado costarricense con los pueblos indígenas y la incapacidad institucional de garantizarles justicia, protección y dignidad.
La decisión del Juzgado Penal de Buenos Aires de acoger la solicitud de sobreseimiento definitivo en el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz ha generado una profunda preocupación entre organizaciones sociales, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y sectores académicos dentro y fuera de Costa Rica. Más de un centenar de personas, colectivos, proyectos universitarios e instancias sociales solicitaron que no se cerrara el proceso judicial, advirtiendo las graves implicaciones que tendría para la justicia y los derechos humanos en el país.
El estreno del documental Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vió nacer abre una oportunidad importante para reflexionar sobre una realidad que Costa Rica ha preferido mirar de lejos: el despojo histórico de los territorios indígenas y las luchas que continúan desarrollándose para recuperar la tierra, la memoria y la posibilidad de permanecer en ella.
Por Mauricio Álvarez Mora
Hace 28 años, el 7 de diciembre, Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, murieron en su casa destruida por un incendio, del que nadie pudo escapar. Es extraño que no pudieran salir, María del Mar -guerrera defensora del golfo Dulce- luchó hasta el final y pereció tratando de abrir la puerta, sin llave y con los rasguños cercanos a la cerradura que evidencia que la puerta no abrió o alguien no lo permitió. Óscar y Jaime murieron en unas camas.
Por Mauricio Álvarez Mora.
En muchas ocasiones, los territorios indígenas son mencionados únicamente cuando existe un conflicto, una amenaza ambiental o una disputa por derechos. Sin embargo, pocas veces se visibiliza la enorme riqueza organizativa, cultural y comunitaria que sostiene la vida cotidiana en estos territorios. El encuentro organizado por comunidades Ngäbe de Comte Burica, en el sur de Costa Rica, recuerda precisamente que la defensa territorial no se limita a resistir amenazas externas, sino también a fortalecer las formas propias de producir, compartir conocimientos y mantener vivas las tradiciones culturales.
Durante años, muchas comunidades en Costa Rica han tenido la sensación de enfrentar decisiones ya tomadas desde arriba. Proyectos impulsados por instituciones públicas o sectores económicos suelen presentarse como inevitables, técnicos o necesarios para el “desarrollo”, mientras las preocupaciones ambientales y comunitarias quedan relegadas a un segundo plano. Por eso, lo ocurrido con el manantial de Balneario Ojo de Agua representa algo poco común en el país: una comunidad organizada logró frenar un proyecto institucional que consideraba una amenaza directa para su ecosistema y su patrimonio colectivo.
Lo ocurrido en Cipreses dejó de ser un caso aislado. La reciente detección de metabolitos derivados del fungicida clorotalonil en fuentes de agua de la comunidad vecina de Santa Rosa confirma algo que muchas personas venían advirtiendo desde hace tiempo: el problema no pertenece únicamente a una ASADA ni a una comunidad específica, sino que podría extenderse a gran parte de las zonas agrícolas del norte de Cartago.
La situación resulta especialmente alarmante porque ocurre apenas días después de que miles de habitantes de Cipreses comenzaran a depender de camiones cisterna tras la clausura de sus nacientes por contaminación con productos derivados del clorotalonil. Lo que inicialmente parecía una emergencia puntual empieza a revelar las dimensiones de una crisis ambiental y sanitaria mucho más amplia.
Por Mauricio Álvarez Mora. Docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR e IDELA-UNA El 8...
