Por Mauricio Álvarez Mora.
Lo ocurrido en Cipreses dejó de ser un caso aislado. La reciente detección de metabolitos derivados del fungicida clorotalonil en fuentes de agua de la comunidad vecina de Santa Rosa confirma algo que muchas personas venían advirtiendo desde hace tiempo: el problema no pertenece únicamente a una ASADA ni a una comunidad específica, sino que podría extenderse a gran parte de las zonas agrícolas del norte de Cartago.
La situación resulta especialmente alarmante porque ocurre apenas días después de que miles de habitantes de Cipreses comenzaran a depender de camiones cisterna tras la clausura de sus nacientes por contaminación con productos derivados del clorotalonil. Lo que inicialmente parecía una emergencia puntual empieza a revelar las dimensiones de una crisis ambiental y sanitaria mucho más amplia.
El nuevo hallazgo se produjo precisamente mientras se analizaba la posibilidad de conectar el acueducto de Santa Rosa al sistema de Cipreses como medida de contingencia. Sin embargo, los estudios terminaron detectando el mismo tipo de contaminación en cinco de las siete nacientes que abastecen a más de 3700 personas en la comunidad.
El informe S22-23-04 elaborado por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET-UNA) reportó concentraciones superiores a los límites permitidos de 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6-tetraclorobenceno, uno de los metabolitos derivados de la degradación del clorotalonil.
Las nacientes afectadas incluyen La Piedra, Benjamín Uleth, Birrís, Agua Fría y Manuel Granados.
Más allá de los nombres técnicos o de las cifras específicas, el problema de fondo es profundamente inquietante: las comunidades están descubriendo que muchas de sus fuentes de agua podrían haber permanecido contaminadas durante años sin que existiera capacidad técnica para detectarlo.
Y quizás ahí reside una de las dimensiones más graves de esta crisis.
Durante décadas, Costa Rica autorizó y promovió el uso intensivo de agroquímicos en amplias regiones agrícolas del país sin desarrollar simultáneamente sistemas robustos para monitorear sus efectos en las aguas subterráneas. La contaminación no apareció de repente. Lo que apareció recientemente fue la posibilidad técnica de identificarla.
El propio comunicado reconoce esta realidad al señalar que la detección fue posible únicamente gracias a la insistencia del Frente Ecologista de Cipreses y al trabajo conjunto entre el IRET-UNA y el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Es decir, el problema probablemente existía antes de que las instituciones estuvieran preparadas para verlo.
Esto obliga a replantear una idea profundamente instalada en el discurso público costarricense: la creencia de que la ausencia de evidencia equivale a ausencia de contaminación. El caso de Cartago demuestra exactamente lo contrario. Muchas veces la contaminación permanece invisible no porque no exista, sino porque el Estado carece de herramientas técnicas, voluntad política o capacidad institucional suficiente para detectarla oportunamente.
La gravedad de la situación llevó incluso a que la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Costa Rica recomendara formalmente gestionar ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería la prohibición del clorotalonil en el país.
El criterio resulta significativo porque reconoce que la contaminación de aguas subterráneas podría convertirse en una emergencia mayor si no se toman medidas estructurales.
El mismo informe recuerda que el clorotalonil se utiliza ampliamente en distintos cultivos y bajo numerosos nombres comerciales. Una vez liberado al ambiente, el compuesto se degrada y genera múltiples metabolitos, varios de ellos asociados internacionalmente con contaminación persistente de aguas subterráneas y posibles riesgos para la salud humana.
La experiencia internacional ya había anticipado este problema. En 2019, la Unión Europea prohibió el uso del clorotalonil tras detectar contaminación crítica de aguas subterráneas por sus metabolitos. Las autoridades europeas advirtieron posibles riesgos de genotoxicidad para consumidores y efectos severos sobre anfibios y peces, además de mantener la clasificación del compuesto como potencial carcinógeno.
En Suiza, la situación alcanzó niveles similares cuando distintos cantones detectaron concentraciones superiores a los valores recomendados en agua subterránea, lo que aceleró la prohibición del fungicida.
La pregunta incómoda es por qué Costa Rica tuvo que esperar hasta contaminar fuentes de agua destinadas al consumo humano para comenzar a discutir seriamente estos riesgos.
El caso de Santa Rosa también evidencia otra realidad preocupante: la contaminación podría estar mucho más extendida de lo que actualmente se reconoce oficialmente. Si dos comunidades vecinas presentan problemas similares y ambas se ubican en zonas de agricultura intensiva, resulta razonable preguntarse cuántas otras ASADAS podrían enfrentar situaciones parecidas sin haber realizado aún estudios específicos.
Esto transforma completamente la dimensión del conflicto. Ya no se trata únicamente de atender emergencias puntuales mediante cisternas o clausuras temporales. Lo que está en juego es la seguridad hídrica de regiones enteras y la sostenibilidad de un modelo agrícola profundamente dependiente de sustancias químicas de alto impacto ambiental.
Mientras tanto, las comunidades siguen viviendo entre incertidumbre y desconfianza. El agua, símbolo básico de vida y tranquilidad, comienza a convertirse en una fuente permanente de preocupación.
Tal vez el mayor fracaso institucional no sea solamente haber permitido la contaminación. Tal vez sea haber construido durante años la ilusión de que el problema no existía, simplemente porque todavía no teníamos la capacidad técnica para encontrarlo.
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