Por Mauricio Álvarez Mora.
Durante años, muchas comunidades en Costa Rica han tenido la sensación de enfrentar decisiones ya tomadas desde arriba. Proyectos impulsados por instituciones públicas o sectores económicos suelen presentarse como inevitables, técnicos o necesarios para el “desarrollo”, mientras las preocupaciones ambientales y comunitarias quedan relegadas a un segundo plano. Por eso, lo ocurrido con el manantial de Balneario Ojo de Agua representa algo poco común en el país: una comunidad organizada logró frenar un proyecto institucional que consideraba una amenaza directa para su ecosistema y su patrimonio colectivo.
La confirmación oficial del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de archivar definitivamente el proyecto de captación del manantial de Ojo de Agua marca un momento significativo en las luchas ambientales recientes en Costa Rica. El proyecto pretendía aumentar la producción de agua para la Gran Área Metropolitana mediante la extracción del caudal del histórico manantial ubicado en Belén.
Sin embargo, para gran parte de la comunidad local, el proyecto nunca fue visto únicamente como una obra técnica de abastecimiento. Lo que estaba en juego era un ecosistema profundamente conectado con la identidad histórica, ambiental y social de la zona, así como la supervivencia del río La Fuente y de las actividades humanas y ecológicas que dependen de él.
La oposición al proyecto creció rápidamente y articuló a vecinos, organizaciones ecologistas, municipalidades, sectores políticos y colectivos ciudadanos que cuestionaron los posibles impactos ambientales de reducir el caudal natural del manantial.
Lo más revelador es que el propio AyA terminó reconociendo oficialmente que la presión social fue una de las razones que motivaron el cierre del proyecto. En un informe remitido al diputado Jonathan Acuña Soto, la institución admitió la existencia de una “fuerte oposición social” encabezada por el Comité Pro-Defensa del Ojo de Agua, el Concejo Municipal de Belén y la Municipalidad de Alajuela.
Ese reconocimiento resulta profundamente simbólico. En un país donde muchas veces las comunidades sienten que sus voces apenas son escuchadas frente a grandes intereses institucionales o económicos, el caso de Ojo de Agua demuestra que la movilización sostenida sí puede alterar decisiones políticas y administrativas.
También desmonta la idea de que las luchas ambientales son simples reacciones emocionales frente a proyectos técnicamente inevitables. La oposición al proyecto no surgió del rechazo irracional al abastecimiento de agua, sino de una discusión legítima sobre los costos ecológicos de intervenir un ecosistema particularmente sensible y sobre la manera en que históricamente se toman este tipo de decisiones.
El conflicto además dejó en evidencia tensiones profundas en torno a la gestión del agua en Costa Rica. Por un lado, existe una creciente presión sobre las fuentes hídricas de la Gran Área Metropolitana debido al crecimiento urbano y a las crisis de abastecimiento. Pero, por otro, también emerge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto resolver las necesidades de una región puede implicar trasladar impactos ambientales severos a otras comunidades y ecosistemas?
La preocupación de quienes defendieron Ojo de Agua no era menor. El temor principal consistía en que la extracción del caudal alterara irreversiblemente el equilibrio ecológico del río La Fuente y del entorno del manantial, afectando no solo la biodiversidad, sino también actividades agrícolas y la relación histórica de la comunidad con el balneario.
Por eso, cuando el comité proclamó la victoria, no lo hizo únicamente como una celebración local. También fue una reivindicación del derecho de las comunidades a participar activamente en las decisiones sobre sus territorios y bienes comunes.
Las declaraciones del comité reflejan precisamente esa lectura política y ambiental del conflicto. Sus integrantes calificaron el proyecto como una amenaza “ecocida” y atribuyeron el resultado a la presión democrática ejercida por las comunidades de Belén y San Rafael, así como al apoyo de gobiernos locales, organizaciones ecologistas y distintos sectores sociales.
Entre las agrupaciones que acompañaron el proceso se encuentran el Bloque Verde, Operation Rich Coast y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, además de sindicatos y representantes legislativos.
Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia es que la comunidad no pretende detenerse únicamente en la derrota del proyecto. Ahora busca avanzar hacia una figura de protección permanente para el manantial y sus áreas de influencia, mediante la declaratoria de área silvestre protegida bajo categorías como Monumento Natural o Parque Natural Urbano.
La propuesta refleja una comprensión importante: las victorias ambientales pueden ser temporales si no existen mecanismos legales sólidos que impidan futuros intentos de intervención.
En el fondo, el caso de Ojo de Agua habla de algo más amplio que un conflicto específico sobre agua. Habla de cómo las comunidades defienden espacios que consideran parte de su memoria colectiva y de su derecho a habitar ciudades con ecosistemas vivos.
En un país cada vez más urbanizado, donde ríos, nacientes y humedales suelen quedar subordinados a intereses inmobiliarios o necesidades de expansión urbana, la idea de convertir Ojo de Agua en un “oasis ecológico en medio de la ciudad”, como planteó el regidor Ulises Araya Chaves, adquiere una fuerza particular.
Tal vez una de las lecciones más importantes de esta lucha sea precisamente esa: recordar que los ecosistemas urbanos no son espacios vacíos esperando ser explotados, sino territorios vivos que las comunidades pueden decidir defender colectivamente frente a proyectos que consideran incompatibles con su futuro ambiental.
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