Por Mauricio Álvarez Mora.
Hay momentos en que una comunidad deja de pedir respuestas y empieza simplemente a exigir que le digan la verdad. Eso parece estar ocurriendo en Cipreses, donde miles de personas viven desde hace meses entre rumores, estudios engavetados y silencios institucionales alrededor de una pregunta profundamente inquietante: ¿el agua que llega a sus casas está contaminada?
La gravedad de esta situación no radica únicamente en la posible presencia de moléculas derivadas del fungicida clorotalonil en las nacientes que abastecen a cerca de 5000 personas. Lo verdaderamente alarmante es que, aun existiendo análisis técnicos, alertas académicas y discusiones institucionales sobre el tema, las comunidades continúan sin recibir información clara, transparente y oportuna sobre la calidad del agua que consumen diariamente.
El conflicto expone una de las contradicciones más fuertes del modelo costarricense. Mientras el país proyecta internacionalmente una imagen de sostenibilidad y liderazgo ambiental, muchas comunidades rurales enfrentan crecientes riesgos de contaminación asociados al uso intensivo de agroquímicos. Y cuando las alarmas aparecen, las instituciones parecen reaccionar con lentitud, cautela excesiva o incluso opacidad.
Desde diciembre del 2021 existían indicios preocupantes. El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET-UNA) detectó moléculas derivadas de la degradación del clorotalonil en fuentes de agua destinadas al consumo humano en Cipreses. En lugar de activar inmediatamente protocolos preventivos bajo el principio precautorio, la respuesta institucional giró alrededor de cuestionamientos sobre certificaciones y procedimientos técnicos.
La discusión entonces pareció desplazarse desde la protección de la salud pública hacia un debate burocrático sobre competencias y validaciones. Para muchas personas de la comunidad, el mensaje fue claro y doloroso: importaba más la formalidad administrativa que el derecho humano al agua segura. Mientras tanto, el tiempo siguió pasando.
Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó nuevos análisis en coordinación con el IRET-UNA. Según documentos oficiales del Área Rectora de Salud de Oreamuno, las muestras fueron tomadas el 23 de agosto de 2022 y posteriormente discutidas entre distintas instituciones.
Sin embargo, pese a la relevancia de los resultados, estos permanecieron sin divulgarse públicamente durante semanas, alimentando incertidumbre y desconfianza en la comunidad.
El problema no es únicamente técnico. También es político y ético.¿Qué ocurre cuando las instituciones encargadas de proteger la salud pública manejan información sensible sobre contaminación de agua potable y la mantienen lejos de las comunidades afectadas? ¿Qué significa hablar de derecho humano al agua si las personas ni siquiera pueden acceder con claridad a los resultados sobre la calidad del recurso que consumen?
El caso de Cipreses revela una forma de violencia institucional silenciosa: la normalización de la incertidumbre. La gente continúa utilizando el agua mientras escucha versiones informales sobre posibles niveles de contaminación superiores a los límites permitidos, sin protocolos de emergencia visibles y sin información pública suficientemente clara.
La indignación expresada por integrantes del Frente Ecologista de Cipreses surge precisamente de esa sensación de abandono.
Karla Coto resumió esa frustración señalando que pareciera que la salud pública es lo último que importa para las instituciones. La frase puede sonar dura, pero refleja el desgaste emocional de comunidades que llevan años denunciando riesgos ambientales sin obtener respuestas proporcionales a la gravedad de la situación.
Por su parte, el agrobiólogo y vecino Fabián Pacheco recordó que el tema no solo involucra criterios técnicos, sino principios constitucionales básicos asociados al derecho a la vida, la salud y el acceso al agua potable.
Y es precisamente ahí donde este conflicto adquiere una dimensión histórica. Costa Rica incorporó recientemente el derecho humano al agua dentro de su marco constitucional. Pero una reforma constitucional pierde sentido si las instituciones continúan reaccionando tarde frente a riesgos ambientales que afectan directamente a comunidades enteras.
Además, el propio AyA reconoce en documentos internos la peligrosidad potencial del clorotalonil y sus metabolitos. Un memorando institucional retoma criterios de la Environmental Protection Agency (EPA), donde esta sustancia es considerada un probable carcinógeno humano basado en evidencia suficiente obtenida en estudios animales.
Es decir, el debate ya no gira únicamente alrededor de si existe contaminación, sino sobre cómo actuar frente a sustancias cuyos riesgos sanitarios son ampliamente discutidos a nivel internacional.
La experiencia mundial en temas de salud ambiental demuestra que esperar certeza absoluta antes de actuar suele tener consecuencias graves. Ocurrió con el plomo, el asbesto y múltiples contaminantes cuyos impactos fueron minimizados durante años mientras las comunidades seguían expuestas.
Por eso la demanda de Cipreses trasciende el caso local. La comunidad no solo está pidiendo agua potable libre de agroquímicos. También está cuestionando un modelo agrícola dependiente de sustancias altamente tóxicas y una institucionalidad que muchas veces parece más preocupada por administrar la crisis que por prevenirla.
La situación también abre interrogantes más amplias sobre la relación entre el Estado y la agroindustria en Costa Rica. Las organizaciones comunitarias denuncian que tanto el Poder Ejecutivo como sectores legislativos han impulsado procesos de flexibilización en el registro de plaguicidas, muchas veces con poca participación efectiva de autoridades sanitarias y ambientales.
Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas entre estudios técnicos, trámites institucionales y discusiones legales, intentando resolver algo mucho más básico: poder abrir un tubo y confiar en que el agua que sale no representa un riesgo para su salud.
Tal vez esa sea la dimensión más dolorosa de este conflicto. El agua, que debería ser sinónimo de vida y tranquilidad, se ha convertido para muchas familias de Cipreses en una fuente permanente de sospecha e incertidumbre.
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