Por Mauricio Álvarez Mora.
Hay decisiones institucionales que marcan un antes y un después en la historia de una comunidad. La orden emitida por el Ministerio de Salud para clausurar las fuentes de agua de Cipreses, en Oreamuno, es una de ellas.
Durante años, vecinos y organizaciones comunitarias denunciaron la vulnerabilidad de las nacientes y alertaron sobre el riesgo de contaminación asociado al uso intensivo de agroquímicos en la zona norte de Cartago. Muchas veces fueron tratados como exagerados, alarmistas o enemigos del “desarrollo”. Sin embargo, la realidad terminó confirmando uno de los peores escenarios posibles: el propio Estado tuvo que reconocer oficialmente que el agua que abastecía a casi 5000 personas no era apta ni siquiera para cocinar, lavar alimentos o bañarse.
La resolución firmada por la entonces ministra de Salud, Yoselyn Chacón Madrigal, ordenó la clausura inmediata de las nacientes Plantón y Carlos Calvo debido a la presencia de metabolitos derivados del fungicida clorotalonil.
La medida resulta particularmente grave porque no se limitó a restringir el agua para beber. El Ministerio de Salud indicó expresamente que, ante la ausencia de información suficiente sobre los riesgos asociados a estos contaminantes, el agua tampoco debía utilizarse para preparación de alimentos ni para actividades de higiene corporal. Solo podía destinarse a usos sanitarios y limpieza intradomiciliaria.
Es difícil dimensionar lo que significa para una comunidad escuchar oficialmente que el agua que llegaba todos los días a sus hogares dejó de ser segura incluso para bañarse.
La situación revela una paradoja dolorosa. Costa Rica, país que suele presentarse como referente internacional en materia ambiental, terminó enfrentando una crisis sanitaria vinculada precisamente al modelo agroindustrial que durante décadas ha promovido y protegido. El caso de Cipreses no apareció de un día para otro. Fue el resultado acumulado de años de desprotección de nacientes, expansión agrícola intensiva y débil regulación sobre sustancias químicas potencialmente peligrosas.
También fue consecuencia de una institucionalidad que reaccionó tarde. Las comunidades venían alertando sobre la contaminación desde mucho antes de que existieran las órdenes sanitarias. Estudios académicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET-UNA) ya habían detectado metabolitos del clorotalonil en las fuentes de agua. Sin embargo, las respuestas institucionales avanzaron lentamente entre discusiones técnicas, trámites administrativos y cuestionamientos sobre metodologías o certificaciones.
Mientras tanto, miles de personas siguieron consumiendo agua contaminada.Por eso el caso de Cipreses también representa una discusión sobre el principio precautorio. Esperar pruebas absolutas y definitivas sobre todos los posibles efectos de una sustancia puede convertirse, en la práctica, en una forma de permitir que la exposición continúe durante años.
La propia orden sanitaria del Ministerio de Salud reconoce implícitamente esa incertidumbre. Ante la falta de información completa sobre los efectos de los metabolitos del clorotalonil, la decisión fue restringir el uso del agua para proteger la salud pública. Es decir, el Estado terminó aceptando que existía un riesgo suficientemente serio como para declarar inutilizables las principales fuentes de abastecimiento de toda una comunidad.
La pregunta inevitable es por qué tuvo que llegarse hasta ese punto. Otro elemento profundamente revelador de esta crisis es que el abastecimiento de agua segura terminó dependiendo de camiones cisterna. Una escena que parecería asociada a desastres naturales o emergencias extremas, pero que en este caso surge de un problema de contaminación asociado a decisiones humanas y políticas.
El acceso al agua potable dejó de estar garantizado por las nacientes históricas de la comunidad y pasó a depender de medidas temporales de emergencia. Esto transforma completamente la relación cotidiana de las personas con un recurso básico para la vida.
Desde el Frente Ecologista de Cipreses, las críticas apuntan no solo al manejo específico de esta crisis, sino al modelo estructural que la hizo posible. La organización sostiene que las empresas que lucran con la venta de agroquímicos deberían asumir responsabilidades frente a los costos sociales y ambientales derivados de la contaminación.
También cuestionan que Costa Rica permita el uso de sustancias cuyos residuos ni siquiera pueden ser monitoreados adecuadamente por las capacidades técnicas existentes en el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El señalamiento resulta especialmente grave porque implica reconocer que el país autoriza agroquímicos sin garantizar previamente la capacidad institucional para detectar todos sus efectos y subproductos en fuentes de agua destinadas al consumo humano.
El caso también abrió un debate nacional sobre el clorotalonil, fungicida ya prohibido en la Unión Europea y en otros países debido a sus riesgos ambientales y sanitarios. Lo que ocurre en Cipreses fortaleció un movimiento ciudadano que exige la prohibición de esta sustancia en Costa Rica y cuestiona la flexibilización de regulaciones impulsadas históricamente por sectores vinculados a la agroindustria.
Sin embargo, más allá de las discusiones técnicas o regulatorias, el conflicto deja una reflexión más profunda sobre la forma en que el país entiende el desarrollo y la protección ambiental.
Durante décadas se ha asumido que la contaminación es una especie de daño colateral inevitable del crecimiento agrícola. Pero Cipreses demuestra que esos impactos no son abstractos. Tienen rostro humano. Se traducen en familias que dejan de confiar en el agua que sale de sus tubos, en personas que deben esperar cisternas para abastecerse y en comunidades enteras viviendo bajo incertidumbre sanitaria.
También demuestra que muchas veces las transformaciones institucionales ocurren no por iniciativa del Estado, sino porque comunidades organizadas sostienen durante años procesos de denuncia, presión y defensa territorial.
La clausura de las nacientes no representa una victoria. Más bien es el reconocimiento oficial de un fracaso colectivo: el fracaso de un modelo que permitió que una comunidad llegara al punto de perder la seguridad sobre el recurso más básico para la vida.
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