Hoy se cumplen tres años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, defensor del territorio Brörán de Térraba, recuperador de tierras y luchador incansable por los derechos humanos y ambientales de los pueblos originarios. Pero más allá de la fecha, lo que permanece abierto es una herida profunda: la deuda histórica del Estado costarricense con los pueblos indígenas y la incapacidad institucional de garantizarles justicia, protección y dignidad.
La decisión del Juzgado Penal de Buenos Aires de acoger la solicitud de sobreseimiento definitivo en el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz ha generado una profunda preocupación entre organizaciones sociales, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y sectores académicos dentro y fuera de Costa Rica. Más de un centenar de personas, colectivos, proyectos universitarios e instancias sociales solicitaron que no se cerrara el proceso judicial, advirtiendo las graves implicaciones que tendría para la justicia y los derechos humanos en el país.
El estreno del documental Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vió nacer abre una oportunidad importante para reflexionar sobre una realidad que Costa Rica ha preferido mirar de lejos: el despojo histórico de los territorios indígenas y las luchas que continúan desarrollándose para recuperar la tierra, la memoria y la posibilidad de permanecer en ella.
Por Mauricio Álvarez Mora
Hace 28 años, el 7 de diciembre, Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, murieron en su casa destruida por un incendio, del que nadie pudo escapar. Es extraño que no pudieran salir, María del Mar -guerrera defensora del golfo Dulce- luchó hasta el final y pereció tratando de abrir la puerta, sin llave y con los rasguños cercanos a la cerradura que evidencia que la puerta no abrió o alguien no lo permitió. Óscar y Jaime murieron en unas camas.
Por Mauricio Álvarez Mora.
En muchas ocasiones, los territorios indígenas son mencionados únicamente cuando existe un conflicto, una amenaza ambiental o una disputa por derechos. Sin embargo, pocas veces se visibiliza la enorme riqueza organizativa, cultural y comunitaria que sostiene la vida cotidiana en estos territorios. El encuentro organizado por comunidades Ngäbe de Comte Burica, en el sur de Costa Rica, recuerda precisamente que la defensa territorial no se limita a resistir amenazas externas, sino también a fortalecer las formas propias de producir, compartir conocimientos y mantener vivas las tradiciones culturales.
Durante años, muchas comunidades en Costa Rica han tenido la sensación de enfrentar decisiones ya tomadas desde arriba. Proyectos impulsados por instituciones públicas o sectores económicos suelen presentarse como inevitables, técnicos o necesarios para el “desarrollo”, mientras las preocupaciones ambientales y comunitarias quedan relegadas a un segundo plano. Por eso, lo ocurrido con el manantial de Balneario Ojo de Agua representa algo poco común en el país: una comunidad organizada logró frenar un proyecto institucional que consideraba una amenaza directa para su ecosistema y su patrimonio colectivo.
Lo ocurrido en Cipreses dejó de ser un caso aislado. La reciente detección de metabolitos derivados del fungicida clorotalonil en fuentes de agua de la comunidad vecina de Santa Rosa confirma algo que muchas personas venían advirtiendo desde hace tiempo: el problema no pertenece únicamente a una ASADA ni a una comunidad específica, sino que podría extenderse a gran parte de las zonas agrícolas del norte de Cartago.
La situación resulta especialmente alarmante porque ocurre apenas días después de que miles de habitantes de Cipreses comenzaran a depender de camiones cisterna tras la clausura de sus nacientes por contaminación con productos derivados del clorotalonil. Lo que inicialmente parecía una emergencia puntual empieza a revelar las dimensiones de una crisis ambiental y sanitaria mucho más amplia.
Hay momentos en que una comunidad deja de pedir respuestas y empieza simplemente a exigir que le digan la verdad. Eso parece estar ocurriendo en Cipreses, donde miles de personas viven desde hace meses entre rumores, estudios engavetados y silencios institucionales alrededor de una pregunta profundamente inquietante: ¿el agua que llega a sus casas está contaminada?
La gravedad de esta situación no radica únicamente en la posible presencia de moléculas derivadas del fungicida clorotalonil en las nacientes que abastecen a cerca de 5000 personas. Lo verdaderamente alarmante es que, aun existiendo análisis técnicos, alertas académicas y discusiones institucionales sobre el tema, las comunidades continúan sin recibir información clara, transparente y oportuna sobre la calidad del agua que consumen diariamente.
Hay decisiones institucionales que marcan un antes y un después en la historia de una comunidad. La orden emitida por el Ministerio de Salud para clausurar las fuentes de agua de Cipreses, en Oreamuno, es una de ellas.
Durante años, vecinos y organizaciones comunitarias denunciaron la vulnerabilidad de las nacientes y alertaron sobre el riesgo de contaminación asociado al uso intensivo de agroquímicos en la zona norte de Cartago. Muchas veces fueron tratados como exagerados, alarmistas o enemigos del “desarrollo”. Sin embargo, la realidad terminó confirmando uno de los peores escenarios posibles: el propio Estado tuvo que reconocer oficialmente que el agua que abastecía a casi 5000 personas no era apta ni siquiera para cocinar, lavar alimentos o bañarse.
En Costa Rica, muchas de las principales luchas por la defensa del agua, los bosques, las tierras indígenas y los bienes comunes no nacen en oficinas institucionales ni en grandes espacios de poder. Surgen desde comunidades rurales, costeras e indígenas que, frente al avance de proyectos extractivos, la contaminación ambiental o el abandono estatal, han decidido organizarse para proteger los territorios donde sostienen su vida cotidiana.
En ese contexto, el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica conmemora quince años de trabajo junto a comunidades de distintas regiones del país, realizando por segundo año consecutivo la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios, un espacio pensado no solo para celebrar procesos organizativos, sino también para reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrentan quienes defienden la vida y los bienes comunes.
Actualmente se discute el proyecto de ley “para regular la actividad minera artesanal y de pequeña escala (MAPE)”, bajo el expediente N° 22.934, que intenta regular la minería artesanal que se ha desarrollado en diferentes regiones del país de manera ilegal. Dicha ley, se ha planteado supuestamente, para corregir contradicciones dentro de la Ley N° 8904, las cuales impiden el ejercicio legal por parte de personas físicas y jurídicas que desde hace muchos años llevan a cabo la actividad de forma ilegal. Pero, además, plantea herramientas legales para la incorporación de nuevas concesiones.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
