En los últimos años, la situación de los derechos humanos en El Salvador ha sufrido un grave deterioro. Desde la llegada de Nayib Bukele al poder en junio de 2019, se ha intensificado la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones sindicales, colectivos de mujeres, comunidades indígenas, activistas ambientales y grupos LGBTI+.
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Por Alberto Gutiérrez Arguedas y Mauricio Álvarez Mora*
El pasado 24 de abril de 2024, el diputado Fabricio Alvarado, en conjunto con otros diputados y diputadas del Partido Nueva República, presentaron el proyecto de “Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (expediente 24.285). El presente artículo surge a partir del análisis de dicho proyecto de ley, solicitado a los autores de parte de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, como insumo al Consejo Universitario para definir una posición institucional al respecto.
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Como se diría popularmente, una dosis de “Ubicatex” le propinó la diplomacia noruega al Gobierno de Costa Rica, quien pedía ayuda técnica para cuantificar los yacimientos de petróleo “sin explorar”. Parece que el Gobierno no sabía, ni técnicamente ni políticamente, lo que solicitaba, ni mucho menos entendía de fondo las implicaciones políticas de su propia solicitud.
A más de 24 años de la derrota de las leyes conocidas como el “Combo eléctrico” una nueva iniciativa-por discutirse en Asamblea Legislativa- se propone “electrocutar” el histórico modelo eléctrico solidario. Se trata del proyecto de ley denominado Ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente: 23.414.
En síntesis, el proyecto busca beneficiar a los grandes consumidores y generadores privados para exportar electricidad y negociar mejores tarifas a costa del ICE, las cooperativas, empresas municipales eléctricas, pequeños usuarios y Pymes. Todos estos actores terminarían subsidiando con tarifas a los grandes consumidores, generadores privados, nuevos operadores y transnacionales.
"Queremos para nuestras comunidades el mismo trato que recibieron las personas afectadas por la contaminación por hidrocarburos en San José".
La frase resume una indignación legítima. Mientras miles de personas en Guadalupe de Goicoechea fueron eximidas del pago del servicio de agua potable tras la contaminación por hidrocarburos detectada en enero de este año, la comunidad de Cipreses de Oreamuno continúa pagando mes a mes por un servicio de agua que dejó de ser potable hace años debido a la contaminación con residuos de clorotalonil.
La decisión del Concejo Municipal de Belén de iniciar el proceso de nulidad de los actos administrativos que pretendieron reducir el área de protección de la naciente La Gruta constituye un hecho relevante para la defensa de los recursos hídricos y para la protección de una de las zonas de mayor importancia ecológica y cultural del cantón.
La Gruta no es únicamente un espacio natural. Se trata de un territorio que alberga más de catorce nacientes de agua y dos importantes áreas boscosas que forman parte del patrimonio ambiental de la comunidad. Entre ellas destaca el conocido Bosque de La Negra, llamado así en memoria de una antigua propietaria reconocida por los habitantes de la zona. Además, existen otros terrenos boscosos pertenecientes a la Municipalidad que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y de las áreas de recarga hídrica.
La entrega de más de 106.000 firmas a la Asamblea Legislativa en apoyo al proyecto de ley expediente 23.783 constituye un hecho relevante en el debate sobre el uso de plaguicidas altamente peligrosos en Costa Rica. Más allá de la cifra alcanzada, la iniciativa refleja una preocupación creciente de comunidades afectadas, organizaciones ambientales y diversos sectores ciudadanos por los impactos que determinados agroquímicos pueden tener sobre la salud humana, las fuentes de agua y los ecosistemas.
Las firmas serán entregadas a la Comisión de Ambiente del Congreso junto con una carta en la que las personas y organizaciones firmantes solicitan la pronta aprobación del proyecto de ley sobre regulación de plaguicidas altamente peligrosos. El respaldo ciudadano se produce en un contexto en el que varias comunidades han denunciado afectaciones asociadas al uso intensivo de agroquímicos y en el que algunas sustancias han sido objeto de cuestionamientos por parte de instituciones nacionales e internacionales.
Los hechos ocurridos en el Barrio El Progreso de Santa Rita de Río Cuarto el pasado 30 de noviembre vuelven a poner en evidencia una preocupación que desde hace tiempo ha sido denunciada por vecinos, trabajadores agrícolas y comunidades cercanas a plantaciones de piña: los posibles impactos sobre la salud derivados de las aplicaciones de agroquímicos realizadas cerca de viviendas y centros educativos.
Según relatan los vecinos, alrededor de las 8:20 de la noche maquinaria agrícola realizaba aplicaciones de productos agroquímicos en una finca ubicada detrás de varias casas de habitación. Jessica Luna, una de las personas afectadas, describe una situación que considera alarmante. Según cuenta, el olor era tan intenso que tuvo que cerrar las ventanas de su vivienda y encender ventiladores para intentar disminuir sus efectos.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
