Extractivismos para volver al pasado

                                     

 Por Alberto Gutiérrez Arguedas y Mauricio Álvarez Mora*

El pasado 24 de abril de 2024, el diputado Fabricio Alvarado, en conjunto con otros diputados y diputadas del Partido Nueva República, presentaron el proyecto de “Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (expediente 24.285). El presente artículo surge a partir del análisis de dicho proyecto de ley, solicitado a los autores de parte de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, como insumo al Consejo Universitario para definir una posición institucional al respecto.

En términos generales el proyecto de ley está intencionado para crear las condiciones jurídicas para la exploración y explotación de recursos minerales y de energía fósil (petróleo y gas) en Costa Rica. Al mismo tiempo, promueve un esquema de pago por servicios ambientales por la no explotación de estos recursos (denominados “derechos de no explotación”). Consideramos este proyecto de ley inconveniente, contraproducente y nocivo, por las siguientes razones:

Amenaza la prohibición de exploración petrolera en Costa Rica, establecida en el Decreto Ejecutivo 41.578 y en otros decretos previos. También afecta una serie de políticas públicas como el Plan Nacional de Descarbonización y las metas de reducción de emisiones avaladas por el país en distintas cumbres y acuerdos climáticos.

Ignora la ley N° 8904 para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, la cual fue aprobada por unanimidad en 2010. En ella se archivaron todos los proyectos de minería metálica a cielo abierto en trámite que no tuvieran una concesión válidamente otorgada.

Violenta la voluntad popular pues, tanto las moratorias a la explotación petrolera como la prohibición de minería a cielo abierto en Costa Rica, son el resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos para salvaguardar el patrimonio natural del país.

En general, el proyecto de ley no está bien fundamentado y se apoya en un conjunto de supuestos incongruente e inconsistente. Uno de estos supuestos es la idea que a través de la explotación minera y petrolera se va a “pagar la deuda pública y bajar las tasas de interés”. Esta afirmación no solamente carece de evidencia, sino que ignora una amplia experiencia histórica en América Latina, ampliamente documentada, que muestra cómo estas actividades extractivas no se han traducido en mejoras significativas para las sociedades y las economías de los países donde se explotan. Si la explotación de minerales y petróleo fueran la solución, entonces países como Perú, Venezuela, Honduras o Guatemala ya habrían resuelto sus grandes problemas sociales y económicos.

Presenta estimaciones de existencia de petróleo con base en una “valoración potencial” de hace casi de cuatro décadas. Estas se usaban como publicidad para atraer compañías, que como hemos visto en la historia reciente ninguna empresa seria y con trayectoria se los creyó o se interesó en las dos licitaciones petroleras que se realizaron en el país en 1997 y 1999. Estos números son de carácter especulativo y parten de un hipotético “valor comercial”, no con base en datos certeros de reservas científicamente comprobadas y sus costos extractivos o de procesamiento.

Afirma de manera muy superficial que es posible desarrollar la exploración y explotación de minería e hidrocarburos sin afectar el ambiente, lo cual también va en contra de amplia evidencia científica que demuestra lo contrario. Se trata de actividades altamente depredadoras, que han provocado devastación socioambiental en muchos países de América Latina y del mundo, cuyos beneficios suelen quedar en manos de empresas transnacionales.

Al fomentar la explotación de minería e hidrocarburos, el proyecto de ley contribuiría a agravar la crisis climática, la cual se asocia con una incidencia cada vez mayor de desastres socionaturales, con impactos devastadores en la sociedad y la economía. Es decir, podría agravar el problema que dice querer resolver. Hay que recordar que, para evitar una crisis climática catastrófica, es indispensable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 45% para 2030, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones del PNUMA (2022).

Implica un incentivo perverso para convertirnos en una economía extractiva que aplicaría el principio que para pagar las deudas financieras se debe aumenta a toda costa la explotación de recursos y la deuda ecológica. En América Latina esta receta ha demostrado ser un rotundo fracaso y ha contribuido al deterioro ambiental, la dependencia económica y el empobrecimiento social.

Afectaría el liderazgo y la imagen internacional del país en temas ambientales y de cambio climático. Una propuesta como esta deja en duda la reputación y va en la dirección contraria al modelo ambiental que ha venido impulsando Costa Rica con el apoyo y la observancia internacional. Esto pone en riesgo la cooperación internacional que le ha permitido al país avanzar en temas socioambientales.

Finalmente, el texto no deja claro los mecanismos y procedimientos mediante los cuales se pondría en operación estas propuestas. Tampoco es convincente en cuanto a la viabilidad de sus propuestas.

En síntesis, el proyecto de “Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos”, además de presentar serias debilidades e inconsistencias en su redacción, muestra una clara vocación extractivista Es, por lo tanto, una propuesta anacrónica y desinformada de los grandes debates socioambientales y políticos de nuestra época. Por un lado, amenaza con agravar la ya de por sí grave crisis climática y ecológica y, por otro lado, no ofrece una propuesta seria para encontrar solución a los principales problemas socioeconómicos del país.

*Gutiérrez es investigador del Centro de Investigación Estudios Políticos (CIEP) y docente en la Sede de Occidente (UCR). Álvarez es docente en las Escuelas de Ciencias Políticas, Geografía, Programa Kioscos Socioambientales (UCR) y del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA).