Por Mauricio Álvarez Mora.
En los últimos años, la situación de los derechos humanos en El Salvador ha sufrido un grave deterioro. Desde la llegada de Nayib Bukele al poder en junio de 2019, se ha intensificado la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones sindicales, colectivos de mujeres, comunidades indígenas, activistas ambientales y grupos LGBTI+.
Uno de los aspectos más alarmantes es la arremetida
contra los sindicatos y las organizaciones laborales. El Gobierno ha
ejecutado más de 500 despidos de directivos sindicales, con el objetivo
de debilitar y eliminar al menos 58 sindicatos en diversas instituciones
públicas. A esto se suma el anuncio de un drástico ajuste fiscal,
impulsado en sintonía con las exigencias del Fondo Monetario Internacional
(FMI), que contempla el despido de más de 11,000 trabajadores del sector
público. Estas acciones no solo atentan contra los derechos laborales, sino
que también agravan la precarización de los servicios públicos esenciales,
especialmente en salud y educación, afectando directamente a la
población salvadoreña.
Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha manifestado su profunda preocupación por el aumento
sostenido de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Estas
agresiones incluyen desde discursos estigmatizantes y criminalización
mediante procesos penales infundados, hasta ataques directos contra la
vida e integridad personal.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos en El
Salvador, incluyendo aquellas que luchan por los derechos ambientales,
laborales, de las mujeres, de los pueblos indígenas y de la comunidad LGBTI+,
han sido blanco de constantes amenazas y persecución gubernamental. Entre
ellas, se encuentran quienes defienden el derecho a la tierra y los bienes
naturales, la lucha contra la violencia de género, los derechos sexuales y
reproductivos, y la libertad de prensa. También enfrentan graves riesgos
las mujeres con discapacidad, las personas indígenas y quienes trabajan en
comunidades locales, debido a la crisis de seguridad que el país atraviesa.
En este contexto, las fuerzas de seguridad han sido instrumentalizadas
por el Gobierno como un mecanismo de represión contra quienes expresan
opiniones contrarias a la narrativa oficial. Bajo el pretexto del combate a
la criminalidad y las pandillas, se han implementado medidas autoritarias
que restringen libertades fundamentales y consolidan un estado de excepción
permanente.
Delegación Internacional: Solidaridad y denuncia
Ante esta grave situación, una delegación internacional
de solidaridad visitará El Salvador a inicios de febrero. La delegación
forma parte de la campaña "Cese la represión en El Salvador" y
está conformada por diversas organizaciones, entre ellas:
- Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FESTRAS)
- Sindicato de Trabajadores del Sector Salud (SITRASALUD)
- Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU)
- Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT)
- Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda
- Federación de Sindicatos de Trabajadores Estatales (FSTS)
- Sindicato de Trabajadores de la Construcción (SITCO)
- Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador
El propósito de esta delegación es documentar y visibilizar la realidad que enfrentan las organizaciones sociales y sindicales en un país que opera bajo un régimen autoritario y represivo. Se busca recoger testimonios de primera mano sobre las violaciones a los derechos laborales y sociales, así como denunciar la persecución sistemática contra activistas y defensores de derechos humanos.
La comunidad internacional debe mantenerse alerta ante la
profundización de esta crisis, exigir el respeto a los derechos fundamentales y
solidarizarse con quienes, dentro de El Salvador, siguen resistiendo en defensa
de la justicia, la dignidad y la democracia.
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