Minería: Dejar de legislar en apoyo a una actividad criminal e ilegal

Por Mauricio Álvarez Mora

Algunos eventos relacionados con la minería, el narcotráfico y las acciones del Congreso evidencian que legalizar la minería ilegal no es la mejor solución para abordar este problema.

Una exhaustiva investigación del medio La Voz de Guanacaste reveló el procesamiento y la exportación de oro ilegal de Crucitas “lavándolo” en Abangares. Según el estudio, en los últimos siete años han salido del país poco más de ₡78 mil millones, sin pagar impuestos según los registros oficiales aduaneros (DUAS) del Ministerio de Hacienda. Esta actividad transcurre a través del aeropuerto Juan Santamaría, a vista y paciencia de las autoridades (La Voz de Guanacaste, 10-9-24).

El reportaje revela parte del tráfico ilegal de oro en Costa Rica, que cuenta con una logística muy bien afinada, incluyendo la extracción, el transporte, el procesamiento, el almacenamiento, la comercialización y la exportación del metal a través de rutas y empresas encubiertas aprovechando vacíos y portillos abiertos por la legislación nacional.

Este alarmante informe tiene un importante antecedente en 2020, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 26 personas tras realizar 32 allanamientos en diversas partes del país para desarticular una organización que extraía y exportaba oro de manera ilegal en Crucitas, San Carlos y en el Parque Nacional Corcovado, en la península de Osa (OIJ, 20-8-20).

A pesar de esta revelación, el Congreso aprobó el proyecto 21.229, que beneficiaría con permisos de exportación de oro en Abangares mediante una simple declaración jurada que afirme que el oro “proviene únicamente del cantón de Abangares”. Sin embargo, en términos de cifras y cantidades reveladas por La Voz de Guanacaste, esto resulta simplemente imposible.

Además, en Osa se ha vinculado el narcotráfico con el financiamiento de la minería ilegal en Corcovado, con el objetivo de lavar dinero mediante la extracción de oro. Según otra nota, “su objetivo es obtener ganancias del oro que extraen y reportar ingresos para poder lavar el dinero conseguido con el tráfico de drogas” (CRhoy, 23 -8-24).

En resumen, tenemos una actividad de minería ilegal a nivel nacional, probablemente infiltrada por el narcotráfico desde hace varios años. Mientras tanto, estas exportaciones “legales” se ven amparadas en parte por la falta de trazabilidad del oro que sale por el aeropuerto Juan Santamaría. Una parte de este negocio ilícito parece que fue respaldada por una ley fruto de un acuerdo del gobierno anterior, en otras palabras, cuando se estaba tratando de legalizar lo ilegal (Semanario Universidad, 15-8-24 y Semanario Universidad, 27-10-20).

Por otro lado, el Congreso ha anunciado la creación de una comisión para abordar el tema de Crucitas, mostrando un tibio interés por la situación del “lavado” y la exportación de oro en Abangares, con el único objetivo de legalizar Crucitas para evitar la minería ilegal en esa área (La Voz de Guanacaste, 25-9-24).

Sin embargo, es importante señalar que esto probablemente no sucederá, ya que la minería ilegal también existe en Canadá, España, Estados Unidos y otros países con más legislación y control, incluidos regímenes autoritarios e incluso militarizados. La minería ilegal es un fenómeno complejo que involucra un contexto criminal; no se trata simplemente de legalizar la actividad y que resolvemos el asunto. Las prioridades deberían enfocarse en cerrar las puertas que los propios legisladores han abierto a la exportación de oro proveniente de actividades ilegales, prohibir eficazmente el tráfico de cianuro y combatir una actividad criminal transnacional que destruye Corcovado, Cutris y Abangares.

En ningún lugar del mundo la solución a la minería ilegal es legalizarla. Basta con observar los ejemplos negativos y el grave impacto ambiental que ha dejado la minería legal en Costa Rica: la mina Macacona en Esparza, la Mina Beta Vargas en Chomes, y las irregularidades que llevaron a la anulación de la concesión de Crucitas. Es fundamental estudiar y comprender las razones detrás de estas situaciones, así como las omisiones y los impactos que la legislación actual, o su ausencia, no logran resolver.