Por Mauricio Álvarez Mora.
La entrega de más de 106.000 firmas a la Asamblea Legislativa en apoyo al proyecto de ley expediente 23.783 constituye un hecho relevante en el debate sobre el uso de plaguicidas altamente peligrosos en Costa Rica. Más allá de la cifra alcanzada, la iniciativa refleja una preocupación creciente de comunidades afectadas, organizaciones ambientales y diversos sectores ciudadanos por los impactos que determinados agroquímicos pueden tener sobre la salud humana, las fuentes de agua y los ecosistemas.
Las firmas serán entregadas a la Comisión de Ambiente del Congreso junto con una carta en la que las personas y organizaciones firmantes solicitan la pronta aprobación del proyecto de ley sobre regulación de plaguicidas altamente peligrosos. El respaldo ciudadano se produce en un contexto en el que varias comunidades han denunciado afectaciones asociadas al uso intensivo de agroquímicos y en el que algunas sustancias han sido objeto de cuestionamientos por parte de instituciones nacionales e internacionales.
Uno de los argumentos planteados por quienes apoyan la iniciativa es que, aunque algunos plaguicidas altamente peligrosos ya han sido prohibidos mediante decretos ejecutivos, como ocurrió recientemente con el clorotalonil, resulta necesario consolidar estas medidas mediante una legislación aprobada por la Asamblea Legislativa. Desde esta perspectiva, elevar las prohibiciones a rango de ley ofrecería una mayor estabilidad jurídica y evitaría que futuras decisiones administrativas puedan revertir fácilmente las restricciones establecidas.
El proyecto propone prohibir una serie de actividades relacionadas con dieciséis plaguicidas altamente peligrosos, incluyendo su registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvasado, manipulación, venta, mezcla y uso. Asimismo, plantea la realización de evaluaciones periódicas de riesgo para otros plaguicidas que continúan utilizándose en el país.
Sin embargo, la propuesta no se limita a la prohibición de determinadas sustancias. Sus impulsores sostienen que la regulación debe acompañarse de una estrategia más amplia que facilite la transición hacia formas de producción agrícola con menor dependencia de productos químicos sintéticos.
En este sentido, las organizaciones promotoras consideran indispensable fortalecer la investigación, la asistencia técnica, la extensión agrícola y los mecanismos de capacitación orientados a prácticas productivas más sostenibles. También plantean la necesidad de apoyar el desarrollo de alternativas a los plaguicidas convencionales mediante incentivos que favorezcan la innovación y el surgimiento de nuevos emprendimientos.
Según la carta que acompañará la entrega de firmas, resulta necesario crear mejores condiciones para la producción y comercialización de alternativas a los plaguicidas químicos sintéticos. Entre las medidas propuestas figuran procedimientos preferenciales para el registro de estos productos y estímulos económicos para las personas productoras que opten por utilizarlos.
Otro de los aspectos que cuestionan las organizaciones es el tratamiento fiscal que actualmente reciben algunos plaguicidas altamente peligrosos. A su juicio, las exoneraciones existentes constituyen incentivos que favorecen el uso de sustancias cuyos costos ambientales y sanitarios terminan siendo asumidos por toda la sociedad. Desde esta perspectiva, la discusión no se limita al precio de los productos agrícolas, sino que incluye los costos asociados a la contaminación de fuentes de agua, la atención de problemas de salud y la restauración ambiental.
Las personas firmantes también consideran que el país debe fortalecer los mecanismos de control y sanción relacionados con el uso de plaguicidas. En particular, solicitan que existan herramientas más eficaces para enfrentar tanto la utilización de sustancias prohibidas como el uso indebido de aquellas que continúan autorizadas.
Por estas razones, las organizaciones solicitan a las diputadas y diputados de la Comisión de Ambiente tres acciones concretas: brindar audiencia a representantes de las comunidades afectadas por el uso de plaguicidas, emitir un dictamen afirmativo sobre el expediente 23.783 y respaldar posteriormente su aprobación en el plenario legislativo.
La solicitud incluye además un llamado para que la Asamblea Legislativa ejerza su función de control político dando seguimiento al cumplimiento de las ocho recomendaciones contenidas en el Informe Técnico Clorotalonil elaborado en abril de 2023 por el equipo interinstitucional integrado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Este último aspecto resulta particularmente significativo porque vincula la discusión legislativa con experiencias concretas vividas por comunidades afectadas por la contaminación de fuentes de agua. Los casos registrados en distintas localidades de Cartago han contribuido a colocar en la agenda pública la necesidad de revisar los mecanismos de regulación, monitoreo y control de los agroquímicos utilizados en el país.
Las organizaciones que impulsan la campaña consideran que la entrega de las más de 106.000 firmas marca el inicio de una nueva etapa en un proceso que han sostenido durante años en defensa del derecho al agua libre de contaminación por agrotóxicos. Más allá del resultado que tenga el proyecto en la Asamblea Legislativa, la movilización ciudadana evidencia que existe una demanda creciente por fortalecer la protección de la salud pública, las fuentes de agua y los ecosistemas frente a los riesgos asociados al uso de plaguicidas altamente peligrosos.
La discusión que ahora corresponde al Congreso trasciende el análisis de un expediente legislativo. Se trata de definir qué tipo de regulación desea el país para enfrentar los desafíos que plantea la producción agrícola moderna y cómo equilibrar las necesidades productivas con la protección de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud y un ambiente sano.
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