Por Mauricio Álvarez Mora.
La decisión del Concejo Municipal de Belén de iniciar el proceso de nulidad de los actos administrativos que pretendieron reducir el área de protección de la naciente La Gruta constituye un hecho relevante para la defensa de los recursos hídricos y para la protección de una de las zonas de mayor importancia ecológica y cultural del cantón.
La Gruta no es únicamente un espacio natural. Se trata de un territorio que alberga más de catorce nacientes de agua y dos importantes áreas boscosas que forman parte del patrimonio ambiental de la comunidad. Entre ellas destaca el conocido Bosque de La Negra, llamado así en memoria de una antigua propietaria reconocida por los habitantes de la zona. Además, existen otros terrenos boscosos pertenecientes a la Municipalidad que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y de las áreas de recarga hídrica.
A este valor ambiental se suma una dimensión histórica y cultural. La zona fue habitada por los pueblos indígenas huetares, considerados los primeros pobladores del lugar. Esta combinación de riqueza ecológica, importancia hídrica y significado histórico ha generado un profundo sentido de pertenencia entre las personas vecinas de La Asunción y de otros sectores del cantón.
Precisamente por estas razones, la comunidad reaccionó con preocupación cuando en 2018 surgieron gestiones orientadas a reducir las áreas de protección de las nacientes mediante modificaciones en el uso del suelo. Según las denuncias realizadas en aquel momento, estos cambios carecían de fundamentos suficientes y además se encontraban en contradicción con las disposiciones del Plan Regulador vigente, que establecía mecanismos de protección para la zona donde se ubica la naciente de La Gruta.
La controversia adquirió mayor relevancia porque la reducción de las áreas protegidas podía facilitar la construcción de un megaproyecto hotelero en las cercanías de las nacientes. Para numerosos vecinos y organizaciones locales, esta posibilidad representaba una amenaza directa para la conservación del recurso hídrico y para la integridad ecológica del área.
Durante varios años la comunidad mantuvo una posición firme en defensa de las nacientes y de los bosques asociados a ellas. Las solicitudes, cuestionamientos y acciones impulsadas por los habitantes del cantón buscaban que las autoridades revisaran las decisiones adoptadas y garantizaran el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Ese esfuerzo ciudadano encontró una respuesta importante el pasado 19 de diciembre de 2023, cuando el Concejo Municipal de Belén aprobó iniciar el procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos mediante los cuales se intentó reducir el área de protección de la naciente La Gruta.
La decisión se fundamentó en un criterio jurídico elaborado por el asesor legal externo del Concejo Municipal. Dicho criterio concluyó que existían razones suficientes para iniciar el procedimiento previsto en la Ley General de la Administración Pública con el fin de revisar la legalidad de las actuaciones cuestionadas.
Según explicó el regidor Ulises Araya Chaves, la decisión del Concejo no se limita a revocar los usos de suelo otorgados para facilitar un eventual proyecto hotelero. También busca revisar y anular los actos administrativos que dieron origen a esa situación y determinar las responsabilidades correspondientes.
Más allá de sus implicaciones jurídicas, esta decisión representa una señal importante sobre el papel que pueden desempeñar los gobiernos locales en la protección del ambiente. La rectificación de decisiones consideradas contrarias al interés público demuestra que las instituciones cuentan con mecanismos para corregir actuaciones que puedan poner en riesgo bienes colectivos tan importantes como el agua.
El caso también evidencia la relevancia de la vigilancia ciudadana. La protección de las nacientes de La Gruta no habría alcanzado este resultado sin la participación activa de vecinos y organizaciones que durante años insistieron en la necesidad de resguardar esta zona vulnerable.
La preocupación de la comunidad, además, no se limita al proyecto hotelero que motivó la controversia inicial. Diversos sectores han advertido sobre otras iniciativas urbanísticas que podrían afectar las áreas de recarga hídrica cercanas al manantial de La Gruta y a las nacientes ubicadas en el Bosque de La Negra. Según estas preocupaciones, el aumento de la urbanización en zonas ambientalmente sensibles podría alterar los procesos de infiltración de agua y aumentar los riesgos de contaminación de las fuentes.
Por esta razón, la decisión del Concejo Municipal es vista por muchos habitantes como un paso importante, pero no como el final del proceso. La protección efectiva de las nacientes requerirá mantener una vigilancia constante sobre futuros proyectos y fortalecer las políticas de ordenamiento territorial orientadas a conservar las áreas de importancia hídrica.
El caso de La Gruta deja una lección valiosa. Cuando las instituciones escuchan las preocupaciones de las comunidades y revisan críticamente sus propias actuaciones, es posible corregir decisiones que amenazan el patrimonio natural. La protección del agua no depende únicamente de leyes y reglamentos; también requiere voluntad política, participación ciudadana y el reconocimiento de que ciertos territorios poseen un valor que trasciende cualquier interés económico de corto plazo.
La rectificación impulsada por la Municipalidad de Belén representa, en ese sentido, una victoria para quienes han defendido durante años las nacientes, los bosques y la memoria histórica de este lugar. También constituye un recordatorio de que la protección de los recursos hídricos sigue siendo uno de los desafíos más importantes para las comunidades y gobiernos locales del país.
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