Por Mauricio Álvarez Mora.
Los hechos ocurridos en el Barrio El Progreso de Santa Rita de Río Cuarto el pasado 30 de noviembre vuelven a poner en evidencia una preocupación que desde hace tiempo ha sido denunciada por vecinos, trabajadores agrícolas y comunidades cercanas a plantaciones de piña: los posibles impactos sobre la salud derivados de las aplicaciones de agroquímicos realizadas cerca de viviendas y centros educativos.
Según relatan los vecinos, alrededor de las 8:20 de la noche maquinaria agrícola realizaba aplicaciones de productos agroquímicos en una finca ubicada detrás de varias casas de habitación. Jessica Luna, una de las personas afectadas, describe una situación que considera alarmante. Según cuenta, el olor era tan intenso que tuvo que cerrar las ventanas de su vivienda y encender ventiladores para intentar disminuir sus efectos.
De acuerdo con su testimonio, tanto ella como otras personas de la comunidad comenzaron a experimentar diversos malestares. Entre los síntomas reportados se encuentran náuseas, dolores de cabeza, malestar estomacal, picazón en la garganta y en la nariz. Además, señaló que incluso al día siguiente continuaba percibiendo los efectos de la exposición y la presencia del olor.
Lo preocupante es que estos relatos no parecen corresponder a un hecho aislado. Francisco Pérez asegura que la intensidad de los olores llevó a varios vecinos a llamar al sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Según su versión, aunque la Fuerza Pública recorrió el barrio, no realizó consultas a los vecinos ni levantó un acta sobre lo sucedido.
A ello se suma otro elemento que ha generado inquietud entre los habitantes de la zona. Según se indicó, el propietario de la finca donde se realizaron las aplicaciones nocturnas es el mismo dueño de terrenos vinculados a situaciones anteriores que provocaron afectaciones en la salud de estudiantes de la Escuela La Victoria de Santa Rita de Río Cuarto.
La preocupación de las familias tiene antecedentes recientes. Durante el año 2023 se registraron dos eventos de intoxicación en la Escuela La Victoria relacionados con aplicaciones de agroquímicos en fincas cercanas al centro educativo.
El primero ocurrió el 23 de junio, cuando una aplicación realizada en una finca piñera colindante con la escuela afectó a nueve menores de edad. Posteriormente, el 4 de agosto, catorce estudiantes y dos personas adultas resultaron intoxicadas luego de una nueva aplicación efectuada en otra finca ubicada a aproximadamente 300 metros del centro educativo.
Estos antecedentes explican por qué nuevas denuncias relacionadas con aplicaciones de agroquímicos generan preocupación inmediata en la comunidad. Para muchas familias, no se trata únicamente de una molestia ocasionada por los olores, sino de una situación que consideran vinculada directamente con la protección de la salud de niños, niñas y personas adultas que viven en las cercanías de las plantaciones.
Desde el sector laboral también se han expresado inquietudes. Héctor Dávila, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Agrocultivos, considera que el problema ha alcanzado niveles preocupantes y que las situaciones reportadas durante los últimos meses reflejan una problemática que requiere atención urgente.
Según señala, en distintas comunidades existen plantaciones de piña ubicadas a escasos metros de viviendas, lo que expone a las personas residentes a los efectos de las aplicaciones agrícolas. Como ejemplo menciona el caso de La Españolita, donde algunas familias viven muy cerca de terrenos dedicados al cultivo de piña y donde las aplicaciones nocturnas son observadas con frecuencia por los vecinos.
Para Dávila, resulta inaceptable que personas deban enfrentar afectaciones en su salud mientras otras actividades generan beneficios económicos. Su preocupación no se limita únicamente a las empresas agrícolas. También considera que las instituciones públicas y los gobiernos locales tienen responsabilidades importantes en la regulación, supervisión y control de estas actividades.
En este contexto, el dirigente sindical destaca la importancia de avanzar en iniciativas legislativas que permitan regular con mayor rigurosidad el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Entre ellas menciona el proyecto de ley expediente 23.783, que busca establecer mayores controles sobre sustancias que puedan representar riesgos para la salud humana y el ambiente.
La situación de Río Cuarto plantea una discusión que va más allá de un incidente puntual. Las denuncias realizadas por los vecinos y los antecedentes registrados en la Escuela La Victoria evidencian la necesidad de revisar cómo se realizan las aplicaciones de agroquímicos en zonas donde conviven actividades agrícolas intensivas con comunidades, viviendas y centros educativos.
También ponen sobre la mesa la importancia de que las instituciones competentes investiguen con prontitud las denuncias, documenten adecuadamente los hechos y garanticen mecanismos de prevención que eviten nuevas afectaciones.
La agricultura constituye una actividad fundamental para muchas regiones del país, pero su desarrollo no puede desligarse de la protección de la salud de las personas y del bienestar de las comunidades. Cuando vecinos reportan síntomas asociados a aplicaciones de agroquímicos y existen antecedentes de intoxicaciones documentadas en la misma zona, resulta indispensable que las autoridades actúen con diligencia y transparencia.
Las experiencias vividas en Río Cuarto muestran que la discusión sobre el uso de agroquímicos sigue abierta y que las comunidades continúan demandando respuestas concretas para garantizar que la producción agrícola pueda coexistir con el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y seguro.
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