Por Mauricio Álvarez Mora
"Queremos para nuestras comunidades el mismo trato que recibieron las personas afectadas por la contaminación por hidrocarburos en San José".
La frase resume una indignación legítima. Mientras miles de personas en Guadalupe de Goicoechea fueron eximidas del pago del servicio de agua potable tras la contaminación por hidrocarburos detectada en enero de este año, la comunidad de Cipreses de Oreamuno continúa pagando mes a mes por un servicio de agua que dejó de ser potable hace años debido a la contaminación con residuos de clorotalonil.
La pregunta es inevitable: ¿por qué unas comunidades reciben un trato y otras otro? La lucha de Cipreses por el derecho al agua potable no comenzó hace unas semanas. Tampoco hace unos meses. Se trata de un conflicto que lleva más de tres años. Desde que se confirmó la contaminación de las nacientes por metabolitos de clorotalonil, las familias de la comunidad han enfrentado una situación que ninguna población debería vivir: depender de cisternas para abastecerse de agua mientras continúan pagando una tarifa diseñada para un servicio que ya no reciben en condiciones normales.
Durante más de un año, cientos de familias han tenido que adaptar su vida cotidiana a la incertidumbre de no contar con acceso seguro y permanente al agua potable. A pesar de ello, la tarifa se ha mantenido intacta.
La comunidad solicitó formalmente ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos una rebaja en el cobro del servicio. La gestión quedó registrada en el expediente OT-247-2023. Sin embargo, la respuesta fue negativa.
Resulta particularmente llamativo que la situación cambiara cuando la contaminación afectó a sectores del Gran Área Metropolitana. Apenas detectada la presencia de hidrocarburos en el agua que abastecía a varias comunidades de San José, ARESEP ordenó suspender el cobro total del servicio a las personas afectadas.
La decisión parece razonable. Nadie debería pagar por un servicio que no está recibiendo adecuadamente. Lo difícil de comprender es por qué ese mismo criterio no ha sido aplicado en Cipreses.
El Frente EcoCipreses lo planteó con claridad en una carta dirigida a la institución:"¿Cuál es el sustento técnico que justifica el hecho de que los vecinos del cantón de Goicoechea hayan sido exentos al pago del servicio, mientras que la respuesta ante la misma solicitud para los vecinos del distrito de Cipreses fuera negativa? Con todo respeto consideramos que estamos siendo víctimas de una decisión arbitraria".
La interrogante no es menor. Si el principio regulatorio consiste en proteger a las personas usuarias cuando no reciben un servicio adecuado, debería aplicarse de manera uniforme, independientemente de si la contaminación ocurre en la capital o en una comunidad rural de Cartago.
La igualdad ante las instituciones públicas no debería depender del código postal.
El problema adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se observa el tiempo transcurrido. Mientras la crisis por hidrocarburos en San José generó respuestas inmediatas, la población de Cipreses ha convivido durante años con una situación similar sin obtener medidas equivalentes.
La percepción que inevitablemente surge es que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría.
Las personas afectadas en Cipreses también tienen derecho a preguntarse si la diferencia radica en quién presta el servicio. ¿Reciben un trato distinto porque en Guadalupe el operador es el AyA y en Cipreses la administración corresponde a una ASADA? ¿Existen criterios regulatorios diferentes dependiendo de la institución responsable?
Si así fuera, estaríamos frente a una situación profundamente injusta. Tampoco resulta aceptable que se pretenda establecer diferencias según el tipo de contaminante. La discusión no debería centrarse en si el agua contiene hidrocarburos o residuos de agroquímicos. Lo esencial es que ambas poblaciones han enfrentado la pérdida del acceso a agua potable segura.
La salud pública no admite jerarquías territoriales. Durante años, la comunidad de Cipreses ha tenido que organizarse, presentar denuncias, solicitar estudios, participar en mesas de trabajo, acudir a instituciones públicas y exigir respuestas. Ha enfrentado una lucha prolongada para que se reconozca un problema que afecta un derecho humano fundamental.
Sin embargo, la respuesta institucional parece moverse a velocidades distintas según el lugar donde ocurre la emergencia.
Por eso las preguntas planteadas por el Frente EcoCipreses merecen ser respondidas públicamente.
¿Por qué unas personas importan más que otras? ¿Por qué una comunidad puede ser eximida del pago y otra no? ¿Cuál es el criterio técnico que justifica esta diferencia de trato? ¿Dónde queda el principio de equidad que debería orientar la regulación de los servicios públicos?
La contaminación del agua en Cipreses no es únicamente un problema ambiental. También es un problema de justicia.
Porque cuando dos comunidades viven situaciones similares y reciben respuestas distintas del Estado, lo que está en discusión ya no es solamente la calidad del agua.
Lo que está en discusión es la igualdad de derechos de las personas. Y ninguna comunidad debería tener que luchar años para demostrar que merece el mismo trato que reciben quienes viven en la capital.
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