Por Mauricio Álvarez Mora.
En Costa Rica existe una peligrosa costumbre institucional: presentar la desregulación ambiental como modernización, eficiencia o simplificación de trámites. Bajo discursos técnicos y administrativos se aprueban cambios normativos que, poco a poco, debilitan los mecanismos de protección ambiental construidos durante décadas de luchas sociales, jurisprudencia constitucional y acuerdos internacionales. El reciente conflicto alrededor del nuevo Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental de SETENA parece reflejar precisamente esa tendencia.
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