Por Mauricio Álvarez Mora.
Una vez más, un pueblo indígena en Costa Rica debe acudir a los tribunales para exigir algo que debería ser elemental en cualquier democracia que se considere respetuosa de los derechos humanos: ser escuchado antes de que se tomen decisiones sobre su territorio.
La posición de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi frente al Plan Regulador Costero impulsado por la Municipalidad de Talamanca revela mucho más que un desacuerdo técnico sobre planificación territorial. Expone un problema histórico y estructural: la tendencia del Estado y de las instituciones locales a decidir sobre territorios indígenas sin consultar verdaderamente a los pueblos que los habitan.
El caso resulta especialmente grave porque la consulta previa, libre e informada no es una concesión opcional ni un simple trámite administrativo. Es un derecho reconocido internacionalmente por instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También ha sido respaldado por resoluciones judiciales nacionales e internacionales.
Sin embargo, pese a toda esa normativa, las comunidades indígenas continúan enfrentando procesos de exclusión sistemática cuando se trata de decisiones relacionadas con el uso del territorio.
La denuncia de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi es clara: la Municipalidad de Talamanca elaboró una propuesta de Plan Regulador Costero para el distrito de Cahuita sin realizar un proceso de consulta adecuado con el pueblo Bribri de Kéköldi. Ante esto, la organización presentó un recurso de amparo que ya fue acogido por la Sala Constitucional de Costa Rica.
Ese dato por sí solo ya evidencia que existen cuestionamientos jurídicos serios sobre el proceso impulsado por la municipalidad.
Pero más allá del aspecto legal, lo que está en juego es algo mucho más profundo: el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo y sobre el futuro de los territorios donde habitan.
La lideresa indígena Signia Villanueva Morales lo expresó con claridad al denunciar que este tipo de decisiones siguen siendo tomadas por personas con mayor poder político y económico que se posicionan sobre territorios indígenas sin considerar la voz de las comunidades.
Sus palabras reflejan una experiencia histórica repetida en múltiples territorios del país. Planes turísticos, proyectos extractivos, infraestructura o regulaciones territoriales suelen diseñarse desde instituciones externas mientras las comunidades indígenas son tratadas como actores secundarios dentro de procesos que afectan directamente su vida cotidiana, su cultura y su relación con la tierra.
El problema adquiere todavía mayor relevancia porque Kéköldi no habla únicamente de posibles impactos administrativos. La organización advierte que el plan regulador podría profundizar conflictos territoriales existentes y afectar ecosistemas fundamentales para otros pueblos indígenas cercanos.
La preocupación ambiental resulta especialmente significativa en una región ecológicamente frágil como Talamanca. Los manglares costeros y las dinámicas hídricas vinculadas al río Sixaola sostienen microecosistemas de los cuales dependen comunidades Bribris y Cabécares de Alta Talamanca. Alterar estos equilibrios puede generar consecuencias ambientales y culturales mucho más amplias de lo que normalmente reconocen los planes de ordenamiento territorial tradicionales.
Por eso la exigencia de consulta no puede entenderse únicamente como una demanda procedimental. Se trata también de una defensa del territorio como espacio de vida colectiva, memoria cultural y equilibrio ecológico.
Resulta especialmente importante la manera en que ADITIK plantea el proceso de consulta que exige. La organización no se limita a pedir reuniones informativas o audiencias simbólicas. Reclama un verdadero proceso construido desde sus propios mecanismos culturales de diálogo y toma de decisiones.
El pueblo Bribri de Kéköldi exige que los estudios técnicos sean presentados en lengua indígena, con mediadores culturales y bajo procedimientos propios como el Siwä Pakök, una forma de diálogo basada en el conocimiento colectivo. Además, recuerda algo que las instituciones frecuentemente ignoran: los tiempos culturales indígenas no responden a la lógica acelerada de la burocracia estatal.
Comprender, deliberar y construir consensos comunitarios requiere tiempo.
Y justamente ahí aparece una de las tensiones más profundas entre los modelos estatales de desarrollo y las formas indígenas de relación con el territorio. Mientras las instituciones suelen priorizar rapidez administrativa e intereses económicos, los pueblos indígenas insisten en procesos más pausados, colectivos y vinculados a la protección de la tierra y las futuras generaciones.
La defensa de Kéköldi también interpela directamente la manera en que Costa Rica entiende la planificación territorial. Un plan regulador no es simplemente un documento técnico. Define quién puede habitar ciertos espacios, qué actividades económicas se priorizan, cómo se distribuyen los recursos y qué tipo de relación se establece con la naturaleza.
Por eso excluir a los pueblos indígenas de estas decisiones equivale a negarles participación sobre el futuro de sus propios territorios.
El llamado de solidaridad realizado por Kéköldi hacia otros territorios indígenas del país revela además que este conflicto no es aislado. Existe una preocupación compartida entre múltiples pueblos originarios sobre la manera en que proyectos turísticos, regulaciones territoriales y modelos de desarrollo continúan avanzando sin respetar plenamente el derecho al consentimiento previo, libre e informado.
En el fondo, la discusión sobre el Plan Regulador de Talamanca plantea una pregunta esencial: ¿puede existir verdadera democracia territorial si los pueblos indígenas continúan siendo excluidos de las decisiones que afectan directamente sus tierras y su futuro?
Mientras esa pregunta siga sin respuesta, los conflictos continuarán creciendo en los territorios indígenas del país.
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