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Por Mauricio Álvarez Mora.
Las comunidades del Caribe Sur vuelven a salir a las calles porque sienten que el territorio donde han construido su vida, su cultura y su relación con la naturaleza está siendo diseñado desde oficinas lejanas y no desde las voces de quienes lo habitan. La movilización convocada contra el Plan Regulador Costero de Talamanca no es solamente una protesta contra un documento técnico. Es una defensa del derecho de las comunidades a decidir qué tipo de futuro quieren para su territorio.
La caravana que saldrá desde Puerto Viejo y Cahuita hacia la Municipalidad de Talamanca en Bribri expresa un malestar profundo que atraviesa a organizaciones ecoturísticas, colectivos socioambientales, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y habitantes locales que ven en el actual Plan Regulador Costero una amenaza para el equilibrio ecológico y cultural del Caribe Sur.
Detrás de la discusión sobre zonificación y ordenamiento territorial existe una pregunta mucho más grande: ¿quién define el modelo de desarrollo del Caribe Sur y para quién se construye?
Las organizaciones que hoy cuestionan el Plan Regulador coinciden en algo esencial: el proyecto ha sido impulsado sin una participación comunitaria real y abre las puertas a modelos de megaturismo que podrían transformar radicalmente la identidad de la región.
La Asociación Talamanqueña Ecoturismo y Conservación (ATEC) advierte que el modelo promovido desde el actual plan amenaza precisamente aquello que ha convertido al Caribe Sur en un territorio único: su riqueza ecológica, su diversidad cultural y sus formas de vida comunitaria.
La preocupación no es exagerada.
El Caribe Sur costarricense ha construido históricamente una relación distinta con el turismo. A diferencia de otros destinos marcados por grandes cadenas hoteleras y urbanización intensiva, muchas comunidades han apostado por modelos de ecoturismo vinculados a la protección ambiental y a economías locales más pequeñas y comunitarias. El atractivo de lugares como Puerto Viejo o Cahuita no depende únicamente de sus playas, sino de la convivencia entre naturaleza, cultura afrocaribeña, pueblos indígenas y dinámicas sociales que han mantenido cierta autonomía frente al turismo masivo.
Por eso el temor actual tiene tanto sentido.
Las comunidades perciben que el nuevo Plan Regulador podría acelerar procesos de especulación inmobiliaria, presión sobre ecosistemas costeros, desplazamiento poblacional y encarecimiento de la vida local. Lo que hoy existe como territorio diverso y comunitario podría convertirse progresivamente en un espacio organizado para grandes inversionistas turísticos y dinámicas económicas ajenas a quienes históricamente han habitado la región.
El Movimiento Cahuita Unido lo expresó con claridad al denunciar que la propuesta representa una amenaza para la cultura, la seguridad territorial y las prácticas comunitarias de las poblaciones afrodescendientes e indígenas.
Esa denuncia resulta especialmente importante porque muchas veces los planes de ordenamiento territorial son presentados como instrumentos neutrales y técnicos, cuando en realidad tienen profundas implicaciones políticas y sociales. Un plan regulador decide quién puede permanecer en ciertos territorios, qué actividades económicas serán priorizadas y qué formas de vida tendrán espacio dentro del futuro que se proyecta.
Por eso las comunidades afrodescendientes e indígenas insisten en que no pueden ser excluidas de las decisiones sobre territorios que históricamente han habitado y construido.
Las preocupaciones además no se limitan a aspectos culturales. Existen alertas ambientales sumamente graves vinculadas al acceso al agua, protección de humedales, arrecifes coralinos y ecosistemas costeros. Organizaciones como Talamanca Siempre Verde cuestionan que la propuesta ignore la existencia de más de quince humedales presentes en las zonas afectadas y utilice cartografía incorrecta que invisibiliza gran parte de estos ecosistemas.
Esto resulta alarmante en un contexto de creciente presión climática y turística sobre el Caribe.
Además, las organizaciones denuncian que el plan minimiza o ignora la futura escasez de agua que podría generarse ante proyectos turísticos de gran escala. La experiencia de otras regiones del país demuestra que el megaturismo suele aumentar drásticamente la demanda hídrica y energética, generando conflictos cada vez mayores con las comunidades locales.
El problema de fondo parece repetirse constantemente en distintos territorios de Costa Rica: modelos de desarrollo impulsados desde intereses económicos externos que terminan subordinando el bienestar comunitario y la protección ecológica.
Por eso la movilización del Caribe Sur no debe verse como una oposición irracional al turismo o al desarrollo económico. Lo que las comunidades están planteando es algo mucho más complejo y legítimo: la necesidad de discutir colectivamente qué tipo de turismo desean, bajo qué límites ecológicos y con qué participación real de quienes habitan el territorio.
Resulta revelador que las organizaciones recuerden que desde 2004 existían propuestas comunitarias de uso de suelo elaboradas por habitantes locales y entregadas a las autoridades. Es decir, las comunidades no están rechazando el ordenamiento territorial. Están cuestionando un proceso construido sin suficiente diálogo ni reconocimiento de las propuestas históricas de la población local.
En el fondo, el conflicto del Plan Regulador Costero de Talamanca refleja una tensión cada vez más visible en muchas regiones del país: la disputa entre territorios organizados alrededor de la vida comunitaria y modelos económicos orientados hacia la expansión inmobiliaria y turística.
La pregunta es si Costa Rica está dispuesta a escuchar a las comunidades antes de transformar irreversiblemente algunos de los territorios ecológica y culturalmente más valiosos del país.
Porque cuando las comunidades salen a defender el Caribe Sur, no solo están defendiendo playas o paisajes turísticos. Están defendiendo una forma de vida que todavía resiste frente al avance del megaturismo y la mercantilización del territorio.
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