Por Mauricio Álvarez Mora.
Cuando las comunidades sienten que las instituciones ya tomaron una decisión antes de escucharlas, las audiencias públicas dejan de percibirse como espacios democráticos y comienzan a verse como simples formalidades para legitimar procesos previamente definidos. Eso es precisamente lo que hoy denuncian múltiples organizaciones y habitantes del Caribe Sur frente al proceso del Plan Regulador Costero de Talamanca.
La audiencia pública convocada en Hone Creek por la Municipalidad no llega en un clima de confianza institucional ni de diálogo genuino. Llega en medio de una profunda sensación de exclusión, desigualdad y desconfianza acumulada por parte de comunidades que sienten que el modelo de desarrollo de su territorio se está decidiendo sin ellas.
Las declaraciones del Movimiento Cahuita Unido reflejan un malestar que va mucho más allá de las diferencias técnicas sobre zonificación. Lo que cuestionan es la legitimidad misma del proceso.
Las organizaciones denuncian que durante semanas intentaron estudiar el Plan Regulador en condiciones profundamente desiguales: con acceso limitado y complejo a la información, sin acompañamiento técnico suficiente y sin verdaderos espacios de discusión con la Municipalidad de Talamanca. Esa denuncia resulta grave porque un proceso de ordenamiento territorial no puede llamarse participativo si las comunidades carecen de condiciones reales para comprender y debatir el contenido de las propuestas.
La participación ciudadana no se limita a permitir que la gente hable durante una audiencia. Implica garantizar acceso claro a la información, tiempos adecuados para analizarla y espacios reales de incidencia sobre las decisiones.
Pero además existe otro elemento que profundiza la desconfianza comunitaria: la percepción de que varias instituciones ya adelantaron públicamente su apoyo al plan antes de concluir el proceso participativo. Las organizaciones cuestionan el papel del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), señalando una aparente contradicción al participar tanto en la elaboración como en la evaluación del plan. También critican el respaldo expresado desde sectores del Gobierno y del Ministerio de Ambiente.
Por eso la pregunta que lanzan las comunidades resulta tan poderosa: ¿qué valor tiene lo que diga la población local si las instituciones ya parecen haber tomado posición?
La sensación de que la audiencia es únicamente un trámite administrativo para cumplir requisitos legales revela una fractura profunda entre las instituciones y las comunidades del Caribe Sur. Y esa fractura no surge de la nada. Tiene raíces históricas.
Las personas que habitan Cahuita, Puerto Viejo y otros territorios del Caribe Sur recuerdan que muchas de sus luchas históricas se han dado precisamente frente al abandono, la omisión o las decisiones impuestas desde el Estado. Existe una memoria colectiva de conflictos territoriales, exclusión institucional y modelos de desarrollo impulsados desde afuera sin suficiente consideración hacia las dinámicas culturales y ecológicas propias de la región.
Por eso el actual conflicto del Plan Regulador no se percibe como un hecho aislado, sino como parte de una continuidad histórica.
Las organizaciones denuncian además posibles impactos sumamente graves relacionados con humedales, ecosistemas costeros y territorios indígenas y afrodescendientes. La acusación de que el plan invisibiliza humedales o facilita desarrollos turísticos en zonas ambientalmente sensibles alimenta aún más la preocupación de las comunidades sobre el verdadero modelo territorial que se intenta impulsar.
El Caribe Sur no teme únicamente perder paisaje natural. Teme perder la forma de vida que lo ha caracterizado históricamente.
La expansión del megaturismo y la presión inmobiliaria ya han transformado profundamente otras regiones costeras del país. Muchas comunidades observan con preocupación cómo el aumento del valor de la tierra, la construcción intensiva y el turismo de gran escala terminan desplazando lentamente a las poblaciones locales y erosionando las dinámicas comunitarias que originalmente daban identidad a esos territorios.
Por eso el rechazo al actual Plan Regulador también expresa una defensa cultural.
Las organizaciones insisten en que el Caribe Sur necesita otro tipo de planificación territorial: una construida desde abajo, con participación real de comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y habitantes locales. No rechazan necesariamente la idea de un plan regulador. Lo que cuestionan es un modelo diseñado sin suficiente legitimidad social y bajo una lógica que prioriza intereses turísticos e inmobiliarios por encima del equilibrio ecológico y comunitario.
Y quizá uno de los elementos más significativos de este proceso sea precisamente lo que las propias organizaciones reconocen: el conflicto ha fortalecido la organización comunitaria.
En medio de marchas, reuniones, debates, recursos legales y movilizaciones culturales, las comunidades han vuelto a encontrarse. Han construido redes de solidaridad, intercambio y defensa colectiva del territorio. El movimiento contra el plan ha generado algo que muchas veces las instituciones no logran comprender: los territorios no son solamente espacios físicos o económicos, sino tejidos humanos y culturales profundamente vivos.
Por eso las comunidades afirman que ya no tienen miedo.
No porque crean que la lucha será sencilla, sino porque entienden que la defensa del Caribe Sur va más allá de una audiencia pública. Lo que está en disputa es la posibilidad de construir un modelo territorial que no destruya aquello que hace único al Caribe: su diversidad cultural, su riqueza ecológica y su vida comunitaria.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede existir un verdadero ordenamiento territorial sin la confianza y la participación real de quienes habitan el territorio?
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