Por Mauricio Álvarez Mora.
Resulta profundamente simbólico y doloroso que, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una delegación Ngäbe de Sixaola tenga que viajar hasta las afueras de Casa Presidencial para intentar ser escuchada por el Gobierno. No llegan pidiendo privilegios. Llegan reclamando algo mucho más básico: el derecho a existir dignamente como pueblo originario en el territorio donde históricamente han vivido.
La decisión de permanecer afuera de Casa Presidencial “el tiempo que sea necesario” refleja el cansancio acumulado de comunidades que han aprendido que, en Costa Rica, muchas promesas institucionales hacia los pueblos indígenas suelen quedarse atrapadas entre reuniones, compromisos incumplidos y silencios burocráticos.
La situación de las comunidades Ngäbe de Sixaola evidencia una de las grandes contradicciones del país. Costa Rica suele presentarse internacionalmente como una nación defensora de los derechos humanos y de la multiculturalidad, pero todavía existen pueblos originarios que deben luchar incluso para que el Estado reconozca plenamente condiciones mínimas para ejercer su cultura y su forma de vida.
En este caso, el principal reclamo es la falta de territorio. Más de 5 mil personas indígenas Ngäbe que habitan la zona fronteriza de Sixaola continúan sin un territorio que les permita desarrollar libremente su vida comunitaria, cultural y espiritual. No tener territorio no significa únicamente carecer de tierra física. Significa no contar con espacios para practicar ceremonias ancestrales, sembrar alimentos, transmitir conocimientos tradicionales, ejercer la medicina propia o sostener formas colectivas de convivencia.
En otras palabras, significa vivir bajo una amenaza constante de desaparición cultural.
La gravedad del problema aumenta cuando se recuerda que esta movilización ocurre después de compromisos incumplidos por parte del propio Poder Ejecutivo. En marzo de 2023, representantes de la comunidad sostuvieron reuniones con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla, quien se comprometió a impulsar una agenda institucional para buscar soluciones relacionadas con el establecimiento de un territorio indígena en Sixaola y coordinar acciones con instituciones como el INDER, Migración y la CCSS.
Además, asumió el compromiso de visitar la zona durante mayo de ese mismo año.
La visita nunca ocurrió. Ese incumplimiento explica por qué las comunidades decidieron acudir directamente a Casa Presidencial. Cuando las instituciones no llegan a los territorios, los territorios terminan obligados a desplazarse hacia el centro del poder político para recordar que existen.
La situación resulta todavía más significativa porque el pueblo Ngäbe de Sixaola ya protagonizó una larga lucha histórica para obtener reconocimiento jurídico. Después de años de organización y movilización, lograron que en 2019 se aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza. Esa legislación reconoció plenamente su derecho a la nacionalidad costarricense, entendiendo que los pueblos originarios existían mucho antes de las fronteras entre Costa Rica y Panamá.
Fue un avance importante. Pero el reconocimiento legal, por sí solo, no resuelve las condiciones materiales de exclusión.
La propia comunidad lo expresó claramente en la carta enviada al presidente Rodrigo Chaves: continúan viviendo en pobreza y sin condiciones para desarrollar plenamente su cultura debido a la limitación territorial. Lo que reclaman no es solamente tierra para habitar, sino la posibilidad de seguir siendo pueblo.
Y esa diferencia es fundamental. Muchas veces los conflictos territoriales indígenas son reducidos a simples disputas de propiedad, ignorando que para los pueblos originarios el territorio tiene una dimensión cultural, espiritual y colectiva inseparable de su identidad. Sin territorio no hay autonomía cultural posible.
Lo más preocupante es que este tipo de situaciones no son excepcionales. Forman parte de una deuda histórica que el Estado costarricense mantiene con múltiples pueblos indígenas. A pesar de los discursos oficiales sobre inclusión y derechos humanos, las comunidades continúan enfrentando exclusión estructural, dificultades de acceso a servicios básicos, violencia territorial y obstáculos permanentes para el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos.
La presencia de organizaciones como ATIGUSI, la asociación de mujeres Meri Dirikä y ATPIS en esta movilización demuestra además que la lucha Ngäbe no depende únicamente de liderazgos individuales. Existe una organización comunitaria que continúa defendiendo colectivamente el derecho a existir con dignidad.
Y quizá eso sea lo más importante de esta historia. A pesar del abandono institucional, los pueblos indígenas siguen organizándose, insistiendo y resistiendo.
La pregunta que queda abierta es por qué todavía, en pleno 2023, comunidades indígenas deben esperar afuera de Casa Presidencial para exigir derechos que el Estado ya debería haber garantizado hace décadas.
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