Al llegar a la mitad del año, es un buen momento para evaluar el desempeño ambiental del gobierno actual, donde ha sido evidente el desinterés y abandono del protagonismo en esta y otras materias, que no generan réditos inmediatos en la popularidad, o en su modus operandi de confrontación permanente.
Destaca en este semestre el rechazo del Acuerdo de Escazú, mientras se propone recortes sobre los ya menguados y mutilados presupuestos del MINAE, y especialmente un recorte que, de concretarse, sería histórico para el SINAC. Por otro lado, en la arquitectura institucional, el Gobierno presentó un proyecto que busca trasladar poder desde las instancias técnicas, para concentrar y centralizar las decisiones en el ministro de turno. Es decir, alejarse de la técnica y politizar la toma de decisiones.
Al mismo tiempo, se consolida un modelo de mayor desregulación. Con la reforma de Setena se beneficia al sector inmobiliario, constructor y agrícola dejando sin evaluación ambiental “todas las actividades agrícolas que se han cultivado en algún momento en fincas”, mucha de la expansión incontrolada de piña, palma y otros monocultivos extensivos quedan a la libre de sus impactos en el uso de agroquímicos y la contaminación del agua, pues estarían sin evaluar y ni medidas de mitigación.
Por otro lado, hay un retroceso al revivir la pesca de arrastre con supuestos estudios sin rigurosos criterios técnicos, y hecho a la medida para lograr la “sostenibilidad ambiental” y el consecuente intento de legalización. Lo mismo pasó con la intención de ampliar la lista de especies comerciales marinas, sin debido criterio técnico científico, que gracias a la presión pública se dejaron momentáneamente sin efecto.
En el campo agrícola, recientemente se apuesta con un nuevo decreto desregular el —ya precario y caótico— registro de plaguicidas, nuevamente maquillado con el estribillo de novedosas moléculas que, igualmente, tienen efectos más persistentes e igualmente tan dañinos como las viejas moléculas.
Destaca el proceso de lucha del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago, que ha logrado victorias legales y políticas contra la contaminación del agua por moléculas degradadas del fungicida clorotalonil. Este caso ha permitido poner en evidencia la debilidad del MINAE, AyA Y MINSA frente al poderoso sector de los importadores de agrovenenos junto al MAG. Se han logrado importantes avances y precedentes en la defensa del agua, todo gracias a la articulación de la organización comunitaria y la vinculación con la academia y el movimiento socio ambiental. En la soberanía alimentaria hemos retrocedido y profundizado en el riesgo alimentario, entre otras medidas, por el fortalecimiento de las importaciones de arroz, dejando en la calle a un importante grupo de productores.
Hay intención de revivir el aeropuerto en Palmar Sur de Osa, que ha paralizado los procesos de otorgamiento de derechos de la tierra de cientos de familias campesinas y dejándolos sin proyectos productivos y beneficios sociales del Estado, hasta que se “aclaren los nublados” del proyecto. Con el anuncio se reactiva la especulación inmobiliaria y la gentrificación territorial, que amenaza la zona más rica en materia arqueológica, y el humedal Térraba-Sierpe, siendo el más grande del país.
Finalmente, en esta ruta de retrocesos, el sector empresarial ha salido con la añeja propuesta de promover la extracción petrolera, la cual ha generado una importante reacción social en contra.
Es evidente el proceso regresivo, donde más que balance podríamos concluir en un desbalance que solo se sostiene por la resistencia y organización de las comunidades, sectores sociales y la institucionalidad pública que permite articularse, de manera esporádica, pero exitosamente, como lo demuestra el caso de Cipreses de Cartago.
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