Por Mauricio Álvarez Mora.
Cuando una comunidad sale a defender una zona protectora, en realidad no está defendiendo únicamente árboles o montañas. Está defendiendo el agua que bebe, el equilibrio de sus ecosistemas y la posibilidad de seguir habitando dignamente su territorio. Eso es lo que ocurre hoy en Naranjo, donde organizaciones comunales, ASADAS, grupos ambientales y personas vecinas decidieron movilizarse frente a lo que consideran una amenaza directa contra la Zona Protectora El Chayote.
La protesta convocada para este 18 de junio no surge de un capricho ni de un rechazo automático al desarrollo agrícola. Surge de la preocupación legítima de comunidades que observan cómo un área fundamental para la recarga acuífera está siendo transformada para establecer una plantación masiva de aguacates.
La denuncia realizada por la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote (FEDAPRO) es grave. Según informaron, varias hectáreas de esta zona de alta fragilidad ambiental han sido intervenidas para la siembra de al menos 40 mil árboles de aguacate. Las obras incluyen apertura de caminos con maquinaria pesada, compactación de suelos, destrucción de cobertura boscosa e invasión de áreas de protección de nacientes permanentes.
Todo esto en un territorio cuya principal riqueza no es la tierra para monocultivos, sino el agua.
La Zona Protectora El Chayote cumple una función estratégica para miles de personas. Ubicada entre el Parque Nacional Juan Castro Blanco y el Parque Nacional Volcán Poás, esta área protege una de las principales zonas de recarga acuífera de la región. Según el propio plan de manejo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), El Chayote es la única zona de carga que abastece de agua potable a poblaciones como Naranjo, Zarcero y Sarchí.
Es decir, lo que está en juego no es solamente un paisaje o un bosque. Es el acceso al agua de comunidades enteras.
Por eso la preocupación de las ASADAS resulta completamente razonable. Las nacientes ya presentan disminución en sus caudales y las comunidades temen que la expansión agrícola intensiva agrave aún más la situación. A esto se suma el riesgo de contaminación por agroquímicos, un problema cada vez más frecuente en regiones donde avanzan monocultivos de alta demanda hídrica y uso intensivo de insumos químicos.
La situación revela además una contradicción institucional difícil de ignorar.
Por un lado, las instituciones públicas reconocen oficialmente la importancia ecológica y estratégica de la Zona Protectora El Chayote. Pero por otro, las comunidades denuncian que las autoridades permitieron el avance de obras sin permisos municipales ni viabilidad ambiental otorgada por SETENA.
De hecho, el propio informe de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Naranjo confirmó afectaciones dentro de la zona protectora y la invasión de áreas de protección de cuerpos de agua. También constató que las obras no contaban con permisos municipales ni autorización ambiental.
La pregunta inevitable es entonces cómo pudo avanzar una intervención de esta magnitud en una zona tan sensible sin que las instituciones actuaran de forma preventiva.
La reacción institucional llegó solamente después de la denuncia pública y de la presión comunitaria. Una vez más, pareciera que son las comunidades organizadas las que terminan vigilando territorios que el Estado debería proteger de manera permanente.
El conflicto en El Chayote también refleja un problema más amplio que atraviesa muchas regiones del país: la creciente presión de monocultivos sobre territorios ambientalmente frágiles. El auge del aguacate, impulsado por mercados internacionales y altas ganancias económicas, está transformando aceleradamente zonas rurales sin que existan discusiones profundas sobre sus impactos ecológicos y sociales.
La lógica parece repetirse constantemente. Primero llegan los caminos, luego la maquinaria pesada, después la deforestación y finalmente la amenaza sobre el agua.
Y cuando las consecuencias aparecen, las comunidades ya enfrentan nacientes debilitadas, erosión de suelos y ecosistemas fragmentados.
Por eso la movilización de Naranjo tiene un significado que va mucho más allá de un conflicto local. Representa la defensa del agua como bien común frente a actividades económicas que priorizan rentabilidad inmediata sobre sostenibilidad territorial.
Las personas que se manifestarán frente a la iglesia de Naranjo no solo están defendiendo una zona protectora. Están defendiendo la posibilidad de que las futuras generaciones sigan teniendo acceso al agua y a ecosistemas saludables.
Porque en tiempos de crisis climática y escasez hídrica creciente, destruir áreas de recarga acuífera para expandir monocultivos no puede seguir considerándose desarrollo.
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