Por Mauricio Álvarez Mora.
Durante años se ha insistido en presentar la generación privada de electricidad como una solución eficiente, moderna y necesaria. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento su funcionamiento en Costa Rica, la realidad es otra. Más que una alternativa que beneficie al conjunto de la población, lo que se ha consolidado es un modelo que favorece a un grupo reducido de grandes empresarios, muchos de ellos vinculados a las élites políticas tradicionales.
Las leyes 7200 y 7508, que dieron origen a la generación y cogeneración privada, establecieron dos mecanismos claros. Por un lado, permitieron la construcción de plantas hidroeléctricas completamente privadas de menor escala. Por otro, abrieron la posibilidad de que empresas construyeran centrales, las operaran durante dos décadas o más y luego las transfirieran al Instituto Costarricense de Electricidad. En el papel, esto podía parecer un esquema razonable. En la práctica, ha resultado costoso, desigual y profundamente cuestionable.
Es un proyecto que pretende generar energía eléctrica tomando de nuevo el agua que utiliza la planta del Congo. Esta agua pasará por un túnel y será llevada hasta otra planta que se ubicará en la comunidad del Oso. El túnel pasará por la comunidad de Tucurrique, por el cerro Pisirí y la plaza de deportes de Sabanilla.
Ubicado en la región sureste de Costa Rica. Una pre-identificación de efectos socioeconómicos y Culturales del proyecto hidroeléctrico Boruca sobre poblaciones indígenas de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Rey Curré muestra los principales efectos socioeconómicos y culturales.
Este proyecto se ubica en la cuenca media del río Reventazón, Vertiente Atlántica. El sitio de presa sobre el río se ubica 6 km al suroeste del casco urbano del distrito Nº 1 del cantón 5, Turrialba, provincia de Cartago.
La falta de planificación de este proyecto ha generado impactos sociales y ecológicos. La realización de este proyecto cuestiona seriamente el modelo de manejo socio ambiental del ICE.
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El río Pacuare es mucho más que un cauce de agua que desciende desde las montañas de la Cordillera de Talamanca hasta el mar Caribe. Es uno de los ecosistemas más extraordinarios de Costa Rica, un territorio de enorme riqueza biológica y cultural, y una fuente de vida para comunidades indígenas, campesinas y poblaciones rurales que durante generaciones han convivido con él sin destruirlo. Sin embargo, hoy enfrenta una amenaza que podría transformar para siempre su esencia: la construcción de una serie de proyectos hidroeléctricos promovidos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que pretenden convertir uno de los ríos más bellos del planeta en una sucesión de embalses, túneles y casas de máquinas.
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El 11 de marzo, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de Costa Rica, rechazó de plano el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Industrias Infinito S.A. (IISA) para el Proyecto Minero Crucitas, el cual se encuentra ubicado dentro del área de la Concesión de Explotación Minera otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en el gobierno anterior.
La generación y la cogeneración privada de energía eléctrica fueron creadas, según diversas voces críticas, para privilegiar a un pequeño grupo de grandes empresarios. Se trata de leyes que facilitaron la aprobación del polémico Combo energético y que están claramente asociadas a los procesos de globalización y privatización del agua y de la energía derivada de ella.
La ley 7200 permite la generación mediante centrales hidroeléctric
Costa Rica se encuentra frente a una decisión que no puede seguir postergando. No es solo un asunto técnico ni una discusión reservada a especialistas. Es, en esencia, una pregunta sobre el tipo de país que queremos ser. Nuestro modelo energético, ese que durante décadas se ha presentado como ejemplo, hoy revela tensiones profundas que obligan a repensarlo con honestidad. Este artículo retoma y reflexiona, precisamente, a partir de una propuesta elaborada por el grupo de energía de FECON, que plantea la urgencia de ese cambio.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
