Salvemos el Río Pacuare

Por Mauricio Álvarez Mora. 

El río Pacuare es mucho más que un cauce de agua que desciende desde las montañas de la Cordillera de Talamanca hasta el mar Caribe. Es uno de los ecosistemas más extraordinarios de Costa Rica, un territorio de enorme riqueza biológica y cultural, y una fuente de vida para comunidades indígenas, campesinas y poblaciones rurales que durante generaciones han convivido con él sin destruirlo. Sin embargo, hoy enfrenta una amenaza que podría transformar para siempre su esencia: la construcción de una serie de proyectos hidroeléctricos promovidos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que pretenden convertir uno de los ríos más bellos del planeta en una sucesión de embalses, túneles y casas de máquinas.

La cuenca del Pacuare ocupa aproximadamente 885 kilómetros cuadrados y nace en las montañas cercanas al Parque Nacional Chirripó. En su recorrido atraviesa bosques pluviales y muy húmedos de enorme importancia ecológica hasta desembocar en el Caribe, al norte de Limón. A lo largo de este trayecto el río alimenta ecosistemas únicos, conecta áreas protegidas y sostiene actividades productivas que dependen directamente de la conservación de la naturaleza.

Su belleza escénica y la fuerza de sus aguas lo han convertido en uno de los destinos más reconocidos del mundo para la práctica del rafting. Cada año miles de turistas nacionales y extranjeros visitan la cuenca atraídos por la posibilidad de recorrer sus rápidos, admirar sus cañones y convivir con una biodiversidad excepcional. Esta actividad genera empleo e ingresos para numerosas familias mediante servicios de hospedaje, alimentación, transporte, guías turísticos y comercio local. A diferencia de las promesas temporales asociadas a las grandes obras de infraestructura, el turismo de naturaleza ha demostrado ser una fuente sostenible de desarrollo económico para muchas comunidades de la región.

Pero el valor del Pacuare va mucho más allá de su atractivo turístico. El río atraviesa y colinda con diversas áreas protegidas, entre ellas la Reserva Río Macho, el Parque Nacional Barbilla, la Reserva Forestal Pacuare, la Zona Protectora de la Cuenca del Río Tuis y la Zona Protectora de Siquirres. Estas áreas forman parte de un complejo entramado ecológico que permite la conservación de especies animales y vegetales de enorme importancia para el país.

Asimismo, la cuenca alberga territorios indígenas como Barbilla-Dantas y Chirripó, donde se ubican comunidades como Valle Escondido, Simiriñak, Awari y Nimari. Para estas poblaciones el río no constituye simplemente un recurso natural. Es parte integral de su historia, su identidad, sus prácticas culturales y sus formas de subsistencia. Las aguas del Pacuare proveen alimento, transporte, espacios de encuentro comunitario y una relación espiritual con el territorio que ha sido construida a lo largo de generaciones.

La construcción de los proyectos hidroeléctricos previstos alteraría profundamente esa relación. La disminución de caudales, la fragmentación de ecosistemas acuáticos y la modificación de los ciclos naturales del río afectarían directamente la pesca, la agricultura y las dinámicas sociales de numerosas comunidades. En algunos casos, incluso, podrían provocar el desplazamiento de poblaciones enteras.

Las propias exploraciones realizadas en la zona han identificado la presencia de sitios arqueológicos y vestigios precolombinos que podrían desaparecer o sufrir daños irreversibles. No se trata únicamente de una pérdida material. Se trata de la destrucción de parte de la memoria histórica de los pueblos que han habitado esta región durante siglos.

La amenaza sobre los territorios indígenas resulta particularmente preocupante. La construcción de represas implicaría afectaciones directas sobre comunidades que cuentan con derechos reconocidos tanto por la legislación nacional como por instrumentos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio establece la obligación del Estado de respetar la autonomía de los pueblos indígenas y garantizar procesos adecuados de consulta cuando decisiones externas puedan afectar sus territorios y formas de vida.

Sin embargo, las comunidades del Pacuare denuncian que las relaciones establecidas por el ICE han reproducido prácticas observadas en otros proyectos hidroeléctricos: escasa información, ausencia de consulta efectiva y realización de estudios e intervenciones en el territorio sin la debida participación de las poblaciones afectadas. Durante años muchos habitantes se enteraron de la existencia de los proyectos únicamente al observar la apertura de trochas, perforaciones, movimientos de maquinaria y otras actividades exploratorias dentro de la cuenca.

Esta situación no es nueva en Costa Rica. Diversas comunidades han experimentado procesos similares frente a proyectos hidroeléctricos donde las decisiones parecen tomarse lejos de los territorios y de quienes deberán asumir las consecuencias directas de las obras. El problema no es únicamente técnico o ambiental. También es profundamente democrático.

Las lecciones que deja la experiencia nacional deberían obligarnos a actuar con mayor prudencia. Basta observar lo ocurrido en otras cuencas del país para comprender que las promesas de desarrollo asociadas a las represas no siempre se traducen en beneficios permanentes para las comunidades locales. Con frecuencia los empleos son temporales y desaparecen una vez concluida la construcción. En cambio, permanecen los impactos sobre el paisaje, los cambios en las dinámicas económicas tradicionales, la pérdida de territorios y la alteración de ecosistemas que difícilmente pueden recuperarse.

El caso del río Reventazón constituye una referencia inevitable para las comunidades del Pacuare. La construcción de grandes proyectos hidroeléctricos transformó profundamente amplios sectores de la cuenca y afectó actividades económicas vinculadas al turismo y al uso tradicional del río. Muchas personas observan con preocupación cómo ciertos tramos perdieron parte importante de su caudal natural y cómo las promesas de desarrollo terminaron beneficiando principalmente a actores externos.

Los proyectos hidroeléctricos generan además una serie de impactos sociales que rara vez ocupan los titulares. La llegada masiva de trabajadores temporales, el incremento en la presión sobre servicios públicos, los cambios en el valor de la tierra, la especulación inmobiliaria y los conflictos derivados del acceso a recursos son fenómenos ampliamente documentados en distintas regiones del país. Las comunidades terminan enfrentando transformaciones profundas que alteran sus formas tradicionales de convivencia y organización.

Desde el punto de vista ambiental, los riesgos también son considerables. La construcción de represas, túneles, carreteras de acceso, vertederos de materiales y otras obras asociadas implica procesos de erosión, sedimentación y contaminación que afectan la calidad del agua. Estos impactos adquieren especial relevancia en una cuenca como la del Pacuare, cuyas aguas aún conservan niveles de calidad excepcionales en comparación con muchos otros ríos del país.

Las experiencias previas demuestran además que los llamados caudales ecológicos, diseñados para garantizar la supervivencia de los ecosistemas acuáticos, no siempre resultan suficientes para evitar la degradación ambiental. En algunos casos, extensos tramos de río terminan reducidos a simples hilos de agua incapaces de sostener las comunidades biológicas que anteriormente dependían de ellos.

Resulta inevitable preguntarse entonces quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos proyectos. ¿Quién gana cuando un río es transformado en una fuente de generación eléctrica? ¿Quién asume los costos ambientales, sociales y culturales? ¿Quién pierde cuando desaparecen paisajes, especies, actividades económicas y formas de vida construidas durante generaciones?

La respuesta parece clara. Los beneficios suelen concentrarse lejos de las comunidades afectadas, mientras los costos permanecen en los territorios durante décadas.

Por eso la discusión sobre el Pacuare no puede reducirse a una cuestión de megavatios o de planificación energética. Lo que está en juego es la visión de desarrollo que queremos para Costa Rica. Se trata de decidir si continuaremos considerando los ríos únicamente como recursos explotables o si seremos capaces de reconocer su valor integral como ecosistemas vivos que sostienen culturas, economías locales y biodiversidad.

Todavía estamos a tiempo de evitar que el Pacuare siga el destino de tantos otros ríos sacrificados en nombre de un supuesto desarrollo cuyos beneficios rara vez compensan los costos ambientales, sociales y culturales que deja a su paso. La defensa del Pacuare no es únicamente una causa ambiental; es también una defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de las economías locales vinculadas al turismo y a la agricultura, de la biodiversidad que alberga su cuenca y de la posibilidad de construir un modelo de desarrollo distinto, basado en el respeto a la vida y a los territorios.

Costa Rica se encuentra ante una decisión histórica. Puede optar por continuar viendo sus ríos como simples fuentes de energía y rentabilidad económica, o puede reconocer que algunos ecosistemas poseen un valor tan extraordinario que su protección debe estar por encima de cualquier cálculo financiero. El Pacuare es uno de esos lugares. Su belleza, su riqueza biológica, su importancia cultural y su papel como sustento de numerosas comunidades lo convierten en un patrimonio nacional que pertenece no solo a quienes habitan sus riberas, sino también a las generaciones futuras.

Por eso, salvar el Pacuare significa mucho más que impedir la construcción de una serie de represas. Significa defender una visión de país donde la naturaleza no sea reducida a una mercancía, donde las comunidades tengan voz en las decisiones que afectan sus territorios y donde el desarrollo no se construya sobre la destrucción de aquello que precisamente nos hace únicos. En un momento en que muchos de los grandes ríos del país ya han sido intervenidos, el Pacuare representa una oportunidad para demostrar que todavía somos capaces de aprender de los errores del pasado.

Defender el Pacuare es defender la vida que fluye en sus aguas, los bosques que lo rodean, las culturas que han crecido junto a él y la esperanza de que otra relación con la naturaleza es posible. Por eso hoy, más que nunca, debemos levantar la voz y afirmar con claridad que algunos ríos no deben ser represados. El Pacuare es uno de ellos.