La respuesta del ICE, aún técnicamente
muy débil, tiene varios antecedentes relevantes: un plan de educación ambiental
diseñado por la Asociación Proyectos Alternativos de Desarrollo (Proal),
orientado a la recuperación de los recursos naturales de la cuenca, y la ejecución
del mismo durante dos años por parte de Proal-proyecto Pirrís; denuncias de explotación
de tajos por parte del proyecto y talas por parte del mismo que ponen en riesgo
inminente acuíferos de las comunidades de la región; más de dos años de
gestiones de Proal para que el proyecto cumpliera su obligación de diseñar y
poner en ejecución el PMICP propuesto en el estudio de impacto ambiental del
proyecto, y para que la información al respecto fuera entregada a las
comunidades.
Ante la negativa del ICE, Proal
presentó un recurso de amparo que fue acogido por la Sala IV, la cual obligó al
ICE a entregar la información a las comunidades; creación del Grupo de Enlace
de Organizaciones Sociales de la Cuenca Pirrís, que coordina las relaciones con
el proyecto. El Grupo de Enlace evidenció que las comunidades pueden alcanzar capacidad
organizativa y técnica para condicionar y asegurar la defensa de los derechos e
intereses locales y, además, tener visión nacional e internacional sobre el
futuro energético del país.
Después de un nutrido intercambio
de correos y dos sesiones formales de diálogo entre el Ice y el Grupo de
Enlace, quedó demostrado que el proyecto Pirrís ni siquiera ha iniciado el
diseño del plan de manejo integrado de la cuenca del río Pirrís, después de más
de cuatro años de haber sido propuesto, lo cual confirma las denuncias de las
organizaciones sociales sobre la carencia de planificación integral del proyecto,
sobre la imposición y ausencia de diálogo respecto del proyecto, sobre la
utilización de las comunidades y sus recursos por parte del ICE y sobre la
falta de interés de considerarlas como actores sociales, lo cual se expresa en
relaciones paternalistas y "caritativas".
Dado que las obras del proyecto Pirrís
están en proceso, el Grupo de Enlace está exigiendo el PMICP como garantía de
que el ICE cumpla con la responsabilidad de investigar e invertir los recursos
necesarios para determinar, prevenir y solucionar los impactos sociales y
ambientales que el proyecto provocará y, en última instancia, asegurar que la
calidad de los recursos naturales y la vida social de las comunidades no sean
deteriorados.
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