Por Mauricio Álvarez Mora.
La generación y la cogeneración privada de energía eléctrica fueron creadas, según diversas voces críticas, para privilegiar a un pequeño grupo de grandes empresarios. Se trata de leyes que facilitaron la aprobación del polémico Combo energético y que están claramente asociadas a los procesos de globalización y privatización del agua y de la energía derivada de ella.
La ley 7200 permite la generación mediante centrales hidroeléctric
as completamente privadas y no mayores de 20.000 kilovatios, mientras que la ley 7508 regula la cogeneración privada, en la cual un empresario construye una central hidroeléctrica, la explota durante 20 a 25 años y finalmente la transfiere al Instituto Costarricense de Electricidad. Bajo este marco, el ICE firmó 29 contratos que lo obligan a comprar toda la energía producida por empresarios privados, lo que incluso ha llevado a subutilizar su capacidad instalada y a desperdiciar agua de sus propios embalses.El entonces procurador general de la República a.i., Farid Beirute, señaló ante diputados que la ley 7200 plantea errores y actuaciones irregulares, en tanto parte de la premisa de amarrar al ICE para permitir que privados brinden un servicio que la institución podría realizar por sí sola si no tuviera limitaciones presupuestarias. A esta crítica se suman sectores como el Frente Interno de Trabajadores del ICE, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, la Federación de Trabajadores de los Servicios Públicos, la Mesa Indígena, grupos estudiantiles y comunidades en todo el país.
¿Cuánto cuesta este modelo? De cada mil colones que paga una familia por consumo eléctrico, alrededor de 250 colones se destinan a cancelar sumas a favor de 29 empresas privadas que producen apenas el 12 por ciento de la electricidad del país. En contraste, el ICE, con 14 proyectos, genera más del 80 por ciento de la electricidad con un costo significativamente menor. Para el año 2005 se estimaba que el ICE pagaría unos 61 mil millones de colones a estos generadores, lo que representaría cerca del 50 por ciento de sus ingresos.
Además, se ha denunciado un sobreprecio de 9.500 millones de colones pagado por el ICE en favor de empresas hidroeléctricas privadas. Para el exdiputado José Merino, estos pagos implicaron un aumento del 20 por ciento en las tarifas que los usuarios pagaban en 2002 y podrían significar incrementos de hasta el 15 por ciento hacia el 2005.
Una de las claves de este encarecimiento ha sido la llamada tarifa de piso, introducida en los contratos a partir de 1993, que permitió pagos con tendencia creciente pese a criterios técnicos que advertían sobre incrementos desproporcionados. El Frente Interno de Trabajadores del ICE sostiene que esta segunda tarifa generó un sobreprecio de aproximadamente 17 mil millones de colones entre 1997 y 2001. En total, entre 1989 y el año 2000, el ICE pagó más de 53.832 mil millones de colones a empresas privadas bajo diferentes esquemas tarifarios.
Las instituciones públicas también han señalado los efectos negativos de este modelo. La Contraloría General de la República, una comisión legislativa investigadora en 2002, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General coinciden en que muchos de estos contratos resultan lesivos para las finanzas públicas, ya que consumen cerca del 30 por ciento de los recursos del sector eléctrico y más del 50 por ciento del presupuesto de inversión, pese a que la generación privada no supera el 15 por ciento del total nacional. Además, la energía comprada resulta hasta un 60 por ciento más cara.
A esto se suman impactos ambientales y sociales. La ausencia de una adecuada planificación en ordenamiento territorial y uso del recurso hídrico ha permitido que el desarrollo energético se traslade al sector empresarial sin controles suficientes. Esto ha generado conflictos en comunidades como Rivas de Pérez Zeledón, Sarapiquí, Jiménez de Guácimo y San Ramón, donde proyectos hidroeléctricos han sido rechazados por la población.
Existen además cerca de 70 proyectos en fases de estudio o elegibilidad que podrían desarrollarse sin contar con una planificación integral de las cuencas hidrográficas. Esto implica que no se evalúan adecuadamente los efectos acumulativos de múltiples proyectos en un mismo territorio, ni su impacto sobre los ecosistemas y las comunidades.
Los estudios de impacto ambiental, lejos de ser herramientas para decidir si un proyecto es viable o no, se utilizan en la práctica como documentos para definir medidas de mitigación, muchas veces elaborados bajo intereses de quienes los financian. Tampoco se realizan evaluaciones a nivel de cuenca que permitan comprender los efectos sinérgicos de varios proyectos hidroeléctricos.
En este contexto, los proyectos privados suelen ofrecer menores garantías de cumplimiento de la normativa ambiental que los proyectos del ICE, y su dispersión dificulta el control y seguimiento por parte de las autoridades.
Otro aspecto relevante es quiénes se benefician de este modelo. Entre los señalados figuran importantes figuras de la política nacional, incluyendo al expresidente José María Figueres Olsen, mencionado en investigaciones por gestiones que favorecieron cambios en fórmulas tarifarias de proyectos hidroeléctricos ligados a su familia.
Ante este panorama, organizaciones como la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente han impulsado campañas para la derogatoria de estas leyes, con el objetivo de abrir el debate sobre la conveniencia del modelo actual y promover alternativas de desarrollo energético más sostenibles.
Al final, lo que se plantea es una discusión de fondo sobre el destino de los recursos hídricos y energéticos del país, y sobre si estos deben responder a intereses privados o al bienestar colectivo. El modelo vigente, según sus críticos, no solo compromete las finanzas públicas, sino que también pone en riesgo el equilibrio ambiental y los derechos de las comunidades.
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