Por Mauricio Álvarez Mora.
Costa Rica se encuentra frente a una decisión que no puede seguir postergando. No es solo un asunto técnico ni una discusión reservada a especialistas. Es, en esencia, una pregunta sobre el tipo de país que queremos ser. Nuestro modelo energético, ese que durante décadas se ha presentado como ejemplo, hoy revela tensiones profundas que obligan a repensarlo con honestidad. Este artículo retoma y reflexiona, precisamente, a partir de una propuesta elaborada por el grupo de energía de FECON, que plantea la urgencia de ese cambio.
Durante años hemos sostenido una narrativa de progreso asociada al crecimiento constante del consumo energético. Se asume que más energía equivale a más desarrollo, sin detenernos a cuestionar los costos reales de esa ecuación. Sin embargo, el planeta entero nos está enviando señales claras: la degradación ambiental avanza a un ritmo alarmante, la pérdida de biodiversidad se acelera y las fuentes de agua se ven cada vez más presionadas. Costa Rica no es una excepción.
El problema no radica únicamente en las fuentes de energía que utilizamos, sino en la lógica que guía su uso. Hemos heredado un modelo profundamente consumista, donde la naturaleza se percibe como un recurso disponible de forma ilimitada. Esa visión no solo es errónea, sino peligrosa. Nos ha llevado a intervenir ecosistemas sin considerar sus límites, a ignorar el valor de las cuencas como sistemas integrales y a desplazar comunidades en nombre de proyectos que prometen beneficios que no siempre se reparten de manera equitativa.
En este contexto, resulta urgente replantear el rumbo. Un modelo energético sostenible no puede construirse sobre la base de la explotación intensiva ni del crecimiento infinito. Debe partir de un principio básico: el derecho a un ambiente sano es innegociable. No es una aspiración, es un mandato constitucional que debería orientar cada decisión en materia de desarrollo.
Esto implica, en primer lugar, reconocer que no todo espacio debe ser intervenido. Existen ecosistemas cuya preservación debe estar por encima de cualquier interés económico. Parques nacionales, reservas biológicas y cuencas estratégicas cumplen funciones vitales que no pueden ser reemplazadas. Insistir en convertir cada río en una fuente de generación es desconocer la complejidad de los sistemas naturales y subestimar su valor.
Pero el cambio no se limita a proteger más. También exige consumir menos y mejor. La idea de que la demanda energética debe crecer de forma constante merece ser cuestionada. Apostar por la eficiencia, el ahorro y la moderación no es una señal de atraso, sino de madurez. Reducir el desperdicio energético, mejorar los sistemas de transporte público y promover hábitos de consumo responsables son pasos esenciales hacia un modelo más equilibrado.
Otro aspecto clave es la distribución de los beneficios. La energía no puede seguir tratándose como un negocio concentrado en pocos actores mientras las comunidades asumen los costos ambientales y sociales. Es un bien estratégico, y su gestión debe responder al interés colectivo. Esto abre un debate necesario sobre el rol del Estado y los límites de la participación privada, especialmente cuando se trata de recursos como el agua.
Además, cualquier transformación real pasa por democratizar la toma de decisiones. Durante mucho tiempo, los proyectos energéticos se han impuesto desde una lógica centralista, donde las comunidades son informadas, pero no consultadas de manera efectiva. Esa práctica ya no es sostenible. Las personas exigen participar, y con razón, en las decisiones que afectan sus territorios y su forma de vida.
En este punto, el respeto a los pueblos indígenas no puede ser una nota al margen. Sus territorios no son espacios disponibles para el desarrollo a cualquier costo. Son territorios con historia, identidad y una relación profunda con la naturaleza. Ignorar su voz no solo perpetúa una injusticia histórica, sino que empobrece cualquier intento de construir un modelo verdaderamente sostenible.
Mirar hacia el futuro también implica diversificar nuestras fuentes energéticas. Las energías renovables no convencionales, como la solar o la eólica, ofrecen alternativas menos invasivas y con un enorme potencial. Pero su desarrollo requiere algo más que discurso: demanda inversión, planificación y una visión que supere la inercia del modelo actual, todavía muy dependiente de grandes obras hidroeléctricas.
Costa Rica tiene condiciones únicas para liderar este cambio. Cuenta con conocimiento técnico, con una ciudadanía cada vez más consciente y con una tradición ambiental que, aunque a veces contradicha en la práctica, sigue siendo una referencia. Lo que falta es voluntad política y, sobre todo, la capacidad de abrir un debate amplio, inclusivo y honesto sobre el rumbo que queremos tomar.
El modelo energético no es un asunto aislado. Está profundamente conectado con la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el entorno. Por eso, discutirlo es también discutir nuestro proyecto de país.
La pregunta, al final, es inevitable: ¿seguiremos apostando por un crecimiento que ignora sus propios límites o nos atreveremos a construir un modelo que ponga la vida, en todas sus formas, en el centro? La respuesta no puede esperar mucho más.

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