Por Mauricio Álvarez Mora.
Durante años se ha insistido en presentar la generación privada de electricidad como una solución eficiente, moderna y necesaria. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento su funcionamiento en Costa Rica, la realidad es otra. Más que una alternativa que beneficie al conjunto de la población, lo que se ha consolidado es un modelo que favorece a un grupo reducido de grandes empresarios, muchos de ellos vinculados a las élites políticas tradicionales.
Las leyes 7200 y 7508, que dieron origen a la generación y cogeneración privada, establecieron dos mecanismos claros. Por un lado, permitieron la construcción de plantas hidroeléctricas completamente privadas de menor escala. Por otro, abrieron la posibilidad de que empresas construyeran centrales, las operaran durante dos décadas o más y luego las transfirieran al Instituto Costarricense de Electricidad. En el papel, esto podía parecer un esquema razonable. En la práctica, ha resultado costoso, desigual y profundamente cuestionable.




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