Por Mauricio Álvarez Mora.
“Estamos viviendo la represa psicológicamente desde hace muchos años, pues el gobierno no invierte en un área que va a inundar. No hay empleo, infraestructura, no hay nada por culpa de la futura represa. Si nos trasladan vamos a perder nuestra identidad, aquí tenemos nuestra raíz. Los del ICE están ilegalmente en nuestra comunidad. Si nosotros respetamos su ley, ¿por qué ellos no respetan la de nosotros?”
Las palabras de una lideresa de la comunidad indígena de Rey Curré, pronunciadas durante el II Foro Nacional de Comunidades Frente a la Expansión Hidroeléctrica realizado este año, resumen mejor que cualquier estudio técnico la situación que viven actualmente las comunidades amenazadas por el Proyecto Hidroeléctrico Boruca.
Desde hace años se nos ha querido presentar esta represa como una obra indispensable para el desarrollo nacional. Sin embargo, detrás de las cifras sobre megavatios y crecimiento económico existe una realidad que rara vez aparece en los discursos oficiales: la amenaza de desaparición cultural, territorial y ambiental que enfrentan miles de personas en la región sur del país.
El Proyecto Hidroeléctrico Boruca inundaría cerca de 25.000 hectáreas de territorio, afectando directamente a comunidades campesinas y a cuatro territorios indígenas: Boruca, Rey Curré, Térraba y Guaymí. Más de 1.200 familias tendrían que abandonar sus hogares, sus tierras y sus formas de vida para dar paso a un embalse cuya principal justificación parece estar cada vez menos relacionada con las necesidades energéticas nacionales y cada vez más con los planes de exportación de electricidad hacia el mercado centroamericano.
La pregunta que debe hacerse el país es sencilla: ¿puede llamarse desarrollo a un proyecto que obliga a un pueblo entero a abandonar el territorio donde ha construido su historia durante miles de años?
La historia, la identidad y la cosmovisión del pueblo boruca están profundamente ligadas a los ríos, a los bosques y a los sitios sagrados de su territorio. No se trata únicamente de tierras que podrían ser reemplazadas por otras. Se trata de espacios donde se conservan conocimientos ancestrales, prácticas culturales, cementerios, sitios arqueológicos y formas de relación con la naturaleza que han sobrevivido durante siglos.
No se puede pedir tan fácilmente a un pueblo indígena que abandone más de tres mil años de historia. La pérdida del territorio no significa únicamente un traslado físico. Significa desarraigo, ruptura cultural y la posible desaparición de elementos fundamentales de su identidad colectiva.
Por eso el tema central de esta discusión no debería ser únicamente cuánto costará la represa o cuánta energía producirá. El tema central es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro. El derecho a decir sí o no a proyectos que transformarán para siempre sus territorios.
Lamentablemente, conforme avanzan los estudios del proyecto, el Gobierno y el Instituto Costarricense de Electricidad parecen ignorar principios fundamentales establecidos tanto en la Ley Indígena como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones que afectan sus territorios y sus formas de vida.
Lo preocupante es que la discusión tampoco se limita a los territorios indígenas.
Los impactos identificados por diversos estudios abarcan toda la región. Entre ellos figuran el desplazamiento de poblaciones, la pérdida de tierras agrícolas, el aumento de la migración, la especulación sobre el precio de la tierra, la concentración de propiedades en manos externas a la región, cambios profundos en la estructura económica local, conflictos sociales, aumento del costo de vida y afectaciones a las formas tradicionales de organización comunitaria.
Experiencias recientes vinculadas a otros proyectos hidroeléctricos ya han mostrado que las promesas de empleo y prosperidad suelen ser temporales. Los empleos de construcción desaparecen cuando termina la obra, mientras que las comunidades deben convivir permanentemente con las consecuencias sociales y ambientales.
También preocupa la situación de los recursos naturales. La cuenca del Térraba alberga siete territorios indígenas y una enorme riqueza biológica y cultural. Existen importantes sitios arqueológicos y ecosistemas de gran valor para el país.
Particularmente grave resulta la amenaza sobre el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, reconocido internacionalmente por su importancia ecológica.
Ya en 1975, estudios realizados por especialistas del Centro Científico Tropical advertían que la construcción de una gran represa sobre el río Térraba podría provocar alteraciones severas en la dinámica ecológica del delta. Entre los impactos señalados figuraban la disminución de la sedimentación natural, la posible intrusión salina en áreas agrícolas, la pérdida de productividad de manglares y esteros, así como afectaciones significativas a la pesca y a las actividades económicas asociadas.
En otras palabras, el proyecto podría comprometer la supervivencia de uno de los ecosistemas más importantes de Costa Rica y de toda Centroamérica.
Ante esta realidad, resulta indispensable preguntarse quiénes recibirán realmente los beneficios y quiénes asumirán los costos.
Las autoridades han insistido en que la represa traerá desarrollo a la región. Sin embargo, los beneficios concretos para las comunidades siguen siendo inciertos. Se habla de empleos temporales, pero no de participación real en la propiedad o en la gestión de la obra. Se habla de crecimiento económico, pero no de mecanismos que permitan a las poblaciones afectadas controlar o beneficiarse directamente de los recursos que se explotarán en sus territorios.
Por el contrario, los costos están claramente identificados y recaerán principalmente sobre las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras de la región.
Más preocupante aún es la creciente percepción de que el proyecto responde a una estrategia regional de exportación energética vinculada al Plan Puebla Panamá y a los procesos de integración eléctrica mesoamericana. Si esto es así, entonces Costa Rica estaría sacrificando patrimonio cultural, biodiversidad y derechos indígenas para satisfacer demandas energéticas fuera de sus fronteras.
No parece una justificación aceptable.
Defender los derechos de los pueblos indígenas y cuestionar el Proyecto Hidroeléctrico Boruca no significa estar en contra del desarrollo ni de la electricidad. Por el contrario, significa exigir que el país discuta seriamente un modelo energético sustentable, capaz de armonizar las necesidades de producción eléctrica con la protección ambiental y el respeto de los derechos humanos.
Costa Rica necesita energía. Pero también necesita respetar su diversidad cultural, proteger sus ecosistemas y honrar los compromisos legales que ha asumido ante sus propios pueblos indígenas y ante la comunidad internacional.
La grandeza de una nación no se mide únicamente por la cantidad de energía que produce. También se mide por su capacidad para proteger a los pueblos que han habitado su territorio durante generaciones y por su voluntad de preservar aquello que constituye su patrimonio cultural y natural.
Si el precio de la electricidad es la inundación de la historia de un pueblo, entonces el costo es demasiado alto.
Boruca no es solamente un proyecto hidroeléctrico. Boruca es una decisión sobre el tipo de país que queremos ser.
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