Por Mauricio Álvarez Mora.
Durante años, los proyectos hidroeléctricos han sido presentados en Costa Rica como ejemplos de progreso, desarrollo sostenible y energía limpia. En los discursos oficiales, las represas aparecen asociadas al bienestar nacional, a la modernización de las regiones rurales y a la protección del ambiente frente a otras fuentes de generación eléctrica. Sin embargo, cuando se recorren las comunidades donde estas obras se construyen, surgen preguntas incómodas que rara vez aparecen en los folletos publicitarios o en los informes institucionales.
A finales de 2002, representantes de comunidades afectadas y amenazadas por proyectos hidroeléctricos en distintas regiones del país participaron en un intercambio realizado en la Zona Norte. El encuentro permitió escuchar directamente a quienes convivían con los impactos de las represas y contrastar la imagen oficial del desarrollo hidroeléctrico con la realidad experimentada por las poblaciones locales.
Uno de los proyectos más mencionados fue el Proyecto Hidroeléctrico Peñas Blancas, frecuentemente presentado como una obra ejemplar. Sin embargo, para muchos habitantes de la zona, la experiencia dista mucho de la imagen difundida públicamente.
Al recorrer el territorio, los participantes observaron los cambios producidos por la construcción de la represa. Donde antes predominaban los sonidos del río y del bosque, ahora se escuchaban explosiones, maquinaria pesada y sierras trabajando sobre la montaña.
Un vecino resumió la transformación con una frase difícil de olvidar: “Lo primero que llega es el repique de la sierra en el río”.
Las denuncias incluían botaderos de escombros, desvío y obstrucción de quebradas, sedimentación, erosión acelerada, deslizamientos y afectaciones sobre los cultivos. Los habitantes mostraban fotografías y relataban cómo los cambios en el drenaje natural habían modificado profundamente el paisaje que conocían.
Pero quizás el impacto más difícil de cuantificar era la transformación de la vida cotidiana.
“Cambiamos el entretenimiento del río por karaokes”, comentó uno de los participantes.
La frase encierra mucho más que una simple comparación. Para numerosas familias, el río era un espacio de encuentro, recreación, pesca y convivencia comunitaria. Los domingos transcurrían entre baños, pesca y comidas familiares a la orilla del agua. Con la alteración del cauce y la disminución de especies acuáticas, gran parte de esa vida comunitaria desapareció.
Los pobladores señalaron particularmente la disminución del pez bobo, especie que tradicionalmente migraba por el río para reproducirse. Según los relatos, las poblaciones se redujeron drásticamente tras la construcción de la infraestructura hidroeléctrica.
Las pérdidas no eran únicamente ecológicas. También eran culturales.
Lo que desaparecía no era solamente un pez, sino una forma de relacionarse con el territorio.
Otro de los temas que surgió reiteradamente fue el impacto económico sobre las familias propietarias de tierras.
Las empresas suelen adquirir fincas a precios muy superiores a los habituales del mercado. En apariencia, esto representa una oportunidad económica para las personas propietarias. Sin embargo, muchos participantes describieron una realidad distinta.
“Uno se convierte en un ricopobre”, resumió un vecino.
La expresión refleja una experiencia repetida en numerosos proyectos extractivos. Familias que durante generaciones habían vivido de sus tierras reciben sumas importantes de dinero por la venta de sus propiedades. Durante algunos meses experimentan una mejoría económica, compran vehículos, remodelan viviendas o adquieren bienes de consumo. Pero una vez agotado el dinero, descubren que han perdido el principal patrimonio que garantizaba su subsistencia.
Quienes deciden no vender tampoco quedan libres de consecuencias. Deben convivir con la obra, enfrentar cambios en las fuentes de agua y soportar la incertidumbre de futuras ampliaciones o expropiaciones.
Otro participante comparó el supuesto desarrollo asociado a las represas con las cosechas de café.
“Este desarrollo es como el de las cogidas de café porque dura dos meses y nada más”.
La observación apunta a una realidad ampliamente documentada: durante la etapa de construcción se generan empleos temporales y aumenta el movimiento económico local. Sin embargo, una vez finalizadas las obras, la mayoría de esos empleos desaparecen.
Las promesas de prosperidad permanente suelen diluirse con la misma rapidez con la que se retira la maquinaria.
Otro vecino utilizó una metáfora igualmente elocuente.
“Es como las elecciones: vienen, le coquetean, le prometen y luego no cumplen nada, cuando ya se dio el impacto”.
Las comunidades también denunciaron procesos de desinformación y asimetrías de poder durante las etapas de negociación.
“Yo me di cuenta dos años después del engaño y la desinformación que causaron con su ejército de profesionales y sus actividades”, expresó uno de los afectados.
La frase evidencia una sensación compartida por muchas personas: la dificultad de comprender proyectos técnicamente complejos mientras enfrentan empresas, consultoras e instituciones que cuentan con enormes recursos técnicos, económicos y jurídicos.
Uno de los aspectos más repetidos durante el intercambio fue la percepción de que los beneficios de la generación eléctrica no se distribuyen de manera justa.
“Usan nuestros recursos y nos quieren dejar lo mínimo”, denunció un participante.
La pregunta era simple: si las comunidades aportan el agua, los territorios, los paisajes y asumen los impactos sociales y ambientales, ¿por qué reciben tan poco a cambio?
A partir de esa discusión surgieron propuestas como la creación de impuestos específicos para las comunidades donde se genera la energía o fondos permanentes para atender emergencias ambientales y sociales asociadas a los proyectos.
Las críticas también alcanzaron a instituciones y actores locales que, según los participantes, terminan alineándose con los intereses empresariales.
Durante el encuentro se denunció que algunas organizaciones que deberían defender los intereses comunitarios terminan beneficiándose indirectamente de los proyectos mediante viajes, convenios o apoyos económicos.
Asimismo, se cuestionó la escasa contribución de las empresas hidroeléctricas a la conservación de las cuencas que hacen posible su negocio.
Un ejemplo citado fue el caso del Parque Nacional Juan Castro Blanco. Según los participantes, pese a que numerosas hidroeléctricas se benefician directamente de la protección de los recursos hídricos generada por el parque, ninguna quiso aportar recursos significativos para la adquisición de tierras o el fortalecimiento de proyectos de conservación.
Uno de los testimonios más reveladores provino de un exdirigente comunal de Peñas Blancas.
Recordó que durante las primeras etapas del proyecto abundaban las reuniones, las invitaciones y las promesas de apoyo para obras comunales.
“Cuando me opuse a la represa se acabaron las ayudas”, afirmó.
Según relató, una vez surgieron cuestionamientos al proyecto, el interés por mantener el diálogo disminuyó considerablemente.
También denunció conflictos relacionados con extracción de materiales, apropiación de terrenos y problemas sociales derivados de la llegada masiva de trabajadores temporales.
Más allá de Peñas Blancas, el intercambio reunió experiencias de otras regiones del país.
Desde comunidades amenazadas por nuevas represas en Upala surgió un llamado a la resistencia temprana.
“Hay que decir que no”, afirmó uno de los participantes, convencido de que las comunidades debían actuar antes de que los proyectos avanzaran demasiado.
Representantes indígenas también compartieron experiencias particularmente preocupantes.
Desde un territorio indígena del sur del país se describió una situación que podría definirse como desplazamiento anticipado.
“Estamos viviendo la represa psicológicamente desde hace muchos años”, explicó una lideresa.
La incertidumbre sobre una eventual inundación había paralizado inversiones públicas, limitado oportunidades de empleo y generado una sensación permanente de amenaza.
“Si nos trasladan vamos a perder nuestra identidad. Aquí tenemos nuestra raíz”, agregó.
Sus palabras recordaban que el territorio no es únicamente una extensión de tierra. Es también memoria, cultura, espiritualidad e historia colectiva.
Desde otras regiones llegaron testimonios similares.
Comunidades campesinas denunciaron que cuando solicitaron información sobre proyectos hidroeléctricos recibieron explicaciones excesivamente técnicas e incomprensibles.
“Nos hablaron técnicamente tanto que nos quedamos peor de cómo estábamos”, relató una representante comunal.
Otra persona cuestionó la forma en que los estudios ambientales suelen valorar los territorios rurales.
“Dicen que aquí solo hay lagartijas y charales y un poco de ignorantes con sexto grado. Prácticamente no hay impacto porque no hay nada que salvar”.
La frase refleja una crítica profunda hacia una visión tecnocrática que frecuentemente invisibiliza los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades rurales.
También se escucharon voces provenientes de cuencas que aún conservan una extraordinaria riqueza ecológica.
Representantes comunitarios alertaron sobre proyectos planificados en territorios con altos niveles de biodiversidad y creciente desarrollo turístico.
La pregunta que planteaban era sencilla: ¿tiene sentido inundar algunos de los ecosistemas mejor conservados del país para generar electricidad cuando existen alternativas menos destructivas?
Finalmente, desde la cuenca del río San Carlos llegaron denuncias especialmente graves sobre amenazas, irregularidades constructivas, incumplimientos legales y conflictos comunitarios.
“Lo primero que hacen esos proyectos es poner a pelear a la gente del pueblo y después hacen lo que quieren”, resumió uno de los afectados.
Quizás esa sea una de las conclusiones más importantes del intercambio.
Las represas no solo transforman ríos. También transforman relaciones sociales.
Dividen comunidades, generan conflictos entre vecinos, alteran economías locales y cambian la manera en que las personas se relacionan con su territorio.
Por supuesto, nadie discute que Costa Rica necesita energía. Tampoco que la generación hidroeléctrica ha jugado un papel importante en la electrificación nacional. La verdadera discusión es otra: quién asume los costos de esa energía y quién recibe sus beneficios.
Las voces escuchadas en Peñas Blancas y en otras comunidades de la Zona Norte recuerdan que detrás de cada megavatio producido existen historias humanas que rara vez aparecen en los balances energéticos.
Quizás la principal lección de aquel intercambio sea que el desarrollo no puede medirse únicamente en kilovatios generados, inversiones realizadas o carreteras asfaltadas. También debe medirse en ríos conservados, comunidades fortalecidas, culturas respetadas y decisiones tomadas con participación real de quienes habitan los territorios.
Porque cuando una comunidad pierde su río, pierde mucho más que agua. Pierde una parte de sí misma.
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