La resolución Nº 2006-014421 del veintisiete de septiembre del 2006 rechaza la solicitud de aclaración y adición realizada por la empresa Industrias Infinito S.A. que quería revertir la anulación dictada por la el Tribunal en noviembre del 2004.
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El anuncio de nuevas movilizaciones campesinas contra el proyecto hidroeléctrico Copalar ha encendido las alertas sobre un posible conflicto social en el centro de Nicaragua. La iniciativa, prevista sobre el río Grande de Matagalpa, se perfila como una de las obras energéticas más ambiciosas del país, pero también como un foco creciente de resistencia por parte de las comunidades afectadas.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) recibió denuncias de funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) que alertan sobre un proceso de intervención política en esta institución clave para la gestión ambiental del país. Según estas denuncias, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en coordinación con Casa Presidencial, habría iniciado la remoción de integrantes de la Comisión Plenaria de SETENA sin sustento jurídico, en lo que se interpreta como un intento de reconfigurar la institución para responder a intereses políticos y económicos.
Hemos recibido una denuncia de varios miembros de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sobre la persecución política ejercida por el ministro del MINAE y la Casa Presidencial al iniciar la remoción de la Comisión Plenaria de esta institución sin sustento jurídico.
Dicha Comisión está formada por un representante del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), Ministerio de Salud Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Esta comisión es la que aprueba la viabilidad de proyectos de minería, petrolero, infraestructura, represas, etc.
Una grave situación de riesgo ambiental y sanitario ha sido denunciada por organizaciones sociales en Guatemala, tras revelarse el estado crítico de varios pozos petroleros abandonados en la región de Salinas de los Nueve Cerros, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. La alerta, dirigida a la opinión pública nacional e internacional, advierte sobre la posible emanación de gases altamente tóxicos y el peligro inminente para comunidades indígenas cercanas.
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En el contexto del año 2006, la región mesoamericana atraviesa un momento decisivo en torno al petróleo y al modelo energético. En los últimos años, una serie de factores globales, regionales y nacionales han intensificado la presión sobre los territorios, posicionando la expansión petrolera como uno de los ejes centrales de disputa política, económica y ambiental.
A nivel internacional, las guerras en Medio Oriente, el aumento sostenido en los precios del petróleo y la creciente demanda energética han reconfigurado las estrategias de control y acceso a los recursos. Esta dinámica global tiene impactos directos en Mesoamérica, donde se acelera la apertura de nuevas fronteras de exploración y se consolidan proyectos de infraestructura energética.
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A cien días del inicio de la administración de Óscar Arias Sánchez, diversos sectores sociales y ambientalistas advierten sobre un rumbo político marcado más por anuncios que por acciones concretas, pero con señales claras de un giro hacia políticas de corte neoliberal. Según estas voces, el estilo de gobierno ha privilegiado una actitud confrontativa, con escasos espacios de diálogo con organizaciones sociales y comunidades.
Desde distintos despachos ministeriales y entidades públicas, se han lanzado propuestas que apuntan a transformaciones profundas en áreas estratégicas, generando preocupación en movimientos sociales. En el ámbito ambiental, las críticas se han centrado en decisiones impulsadas por figuras como Roberto Dobles, cuya gestión ha sido señalada por promover el retorno de actividades como la exploración petrolera y minera, así como por debilitar marcos regulatorios en materia forestal y de evaluación ambiental.
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En distintas regiones del país empresas privadas y grupos de ingenieros han comenzado a impulsar proyectos hidroeléctricos sin que exista una discusión nacional abierta sobre el modelo energético o una nueva regulación del mercado eléctrico, estas iniciativas avanzan de forma acelerada y reflejan una tendencia hacia la privatización de la generación eléctrica y la eventual exportación de energía a otros países de la región.
El fenómeno no surge de la nada, desde hace algunos años sectores empresariales han venido explorando oportunidades en el negocio energético particularmente aprovechando vacíos regulatorios y señales de apertura parcial en el sector, en este contexto empresas como C.I.I. Ingenieros Asociados y Compañía Limitada vinculadas a proyectos como el PH Doña Julia en Horquetas de Sarapiquí ya desarrollan nuevas propuestas en zonas como Upala en la provincia de Alajuela.
Representantes de los territorios indígenas de Térraba, Ujarrás y Boruca manifestaron su rechazo contundente al proyecto hidroeléctrico Boruca durante el “Encuentro por la Vida de los Ríos y la Unidad Indígena”, realizado en julio de 2006 en el territorio de Térraba. La posición asumida por estas comunidades se fundamenta en los impactos ambientales, sociales y culturales que implicaría la construcción de esta obra en el río Térraba.
El proyecto, impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad, ha sido señalado como una amenaza directa para los territorios indígenas, debido a la posible pérdida de extensas áreas de bosque, la afectación de la biodiversidad y la inundación de sitios de alto valor cultural. Entre las principales preocupaciones expresadas por las comunidades se encuentra la destrucción de más de un centenar de sitios arqueológicos, considerados parte fundamental de su memoria histórica y del patrimonio nacional.
Por Mauricio Álvarez Mora y Fabián Pacheco Rodríguez, ecologistas Una resolución emitida en abril pasado por la Sala Constitucional , que or...
