Alinean SETENA para el TLC y pagan favores políticos

Por Mauricio Álvarez Mora

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) recibió denuncias de funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) que alertan sobre un proceso de intervención política en esta institución clave para la gestión ambiental del país. Según estas denuncias, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en coordinación con Casa Presidencial, habría iniciado la remoción de integrantes de la Comisión Plenaria de SETENA sin sustento jurídico, en lo que se interpreta como un intento de reconfigurar la institución para responder a intereses políticos y económicos.

La Comisión Plenaria de SETENA está integrada por representantes de instituciones públicas estratégicas como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Rectores. Este órgano es responsable de aprobar la viabilidad ambiental de proyectos de alto impacto, incluyendo minería, exploración petrolera, represas e infraestructura. Su independencia técnica resulta, por tanto, fundamental para garantizar la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.

De acuerdo con las fuentes consultadas, se estarían sustituyendo funcionarios con amplia experiencia por personas sin trayectoria en la materia, lo que debilitaría la capacidad técnica de la institución y facilitaría su manipulación. Estas versiones coinciden con una carta enviada el 15 de agosto por miembros de la Comisión Plenaria al ministro del MINAE, en la que denuncian la remoción ilegal de funcionarios en violación del artículo 88 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual establece que solo pueden ser destituidos por faltas graves o incumplimiento de sus funciones.

En otra comunicación, fechada el 14 de agosto, los miembros plenarios solicitaron al ministro aclarar si estas decisiones contaban con respaldo institucional, al tiempo que denunciaron la violación del debido proceso, dado que los nombramientos cuestionados se encontraban ajustados a derecho. Las denuncias apuntan a una intervención directa desde el Poder Ejecutivo para alterar la composición de la Comisión.

Las preocupaciones se profundizaron tras declaraciones públicas de funcionarios cesados. El ingeniero Octavio Castillo, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería ante la Comisión Plenaria hasta el 1° de septiembre, reveló que durante una visita a Guanacaste, el denominado Grupo Mapache anunció su intención de desarrollar múltiples proyectos constructivos con o sin permisos ambientales. Castillo también señaló la relación de este grupo con sectores empresariales vinculados a figuras políticas de alto nivel, lo que genera serias dudas sobre posibles conflictos de interés.

Asimismo, Castillo indicó que el entonces ministro Roberto Dobles tenía particular interés en impulsar la exploración petrolera, y que varios miembros de la Comisión Plenaria destituidos se habían opuesto previamente a este tipo de iniciativas. En la misma línea, el ingeniero Marvin Boza, también separado de su cargo, afirmó que la decisión de remover a los miembros de la Comisión provino directamente del Consejo de Gobierno.

Paralelamente, el Ejecutivo construyó un discurso que presenta a SETENA como una institución ineficiente y burocrática. Se argumentó que cuenta con recursos limitados para atender una alta demanda de estudios de impacto ambiental, superando los 2.000 expedientes en un periodo de ocho meses. Sin embargo, esta narrativa fue utilizada para justificar la declaratoria de un supuesto “estado de emergencia” institucional, atribuido a una “excesiva regulación” que, según el gobierno, estaría frenando la inversión privada.

Este posicionamiento se produjo tras reuniones entre altos jerarcas del gobierno y representantes del sector construcción, quienes calificaron a SETENA como un obstáculo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, turísticos e industriales. En respuesta, el gobierno anunció la creación de una comisión especial para atender la situación, así como un eventual aumento presupuestario para la institución. No obstante, estas medidas han sido interpretadas como una estrategia para intervenir políticamente la entidad bajo el argumento de su fortalecimiento.

Lo que está en juego tras esta crisis institucional trasciende el funcionamiento administrativo de SETENA. Diversos sectores advierten que se trata de un proceso orientado a flexibilizar los controles ambientales para facilitar la ejecución de proyectos de gran escala, en sintonía con las políticas de apertura económica promovidas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC). En este contexto, los estudios de impacto ambiental son percibidos por ciertos actores como barreras al comercio, más que como herramientas esenciales para la protección de los ecosistemas y las comunidades.

La situación actual también refleja un deterioro progresivo de la institucionalidad ambiental, producto de años de restricciones presupuestarias que han debilitado la capacidad operativa de SETENA. Esta fragilidad ha sido aprovechada para justificar reformas que, lejos de fortalecer la gestión ambiental, podrían debilitar aún más los mecanismos de regulación y control.

En última instancia, la reconfiguración de SETENA parece responder a la convergencia de intereses de sectores vinculados al desarrollo turístico, la expansión petrolera, la minería y la infraestructura a gran escala. La preocupación radica en que, bajo el argumento de la eficiencia y la competitividad, se estén desmantelando garantías fundamentales para la protección ambiental y los derechos de las comunidades.

El debate que se abre no es únicamente técnico o administrativo, sino profundamente político. Se trata de definir si la institucionalidad ambiental del país se mantendrá como un espacio de resguardo del interés público o si será subordinada a las dinámicas del mercado y a compromisos adquiridos en procesos de apertura comercial.